Un lote de inyecciones COVID contaminadas de Pfizer mató a niños e hirió a 1.200

Un nuevo estudio revela que un gran “mega lote” del producto inyectable COVID de Pfizer, basado en genes y “dirigido a niños”, ha matado a dos niños de diez años y herido al menos a 1.264 jóvenes.

Un informe publicado el 31 de marzo por Sasha Latypova -ex ejecutiva farmacéutica convertida en investigadora- destacaba un estudio realizado por Medicinal Genomics (MG) que descubrió y documentó la contaminación por ADN del “megalote” de Pfizer número FL8095, comercializado a niños de entre 5 y 11 años.

El director científico de MG, Kevin McKernan, informó de sus hallazgos y describió que el estudio se limitó a analizar ocho viales del producto que también procedían del mismo caso. Sin embargo, su análisis de secuenciación descubrió que cada vial no cumplía la “especificación de 3030:1 ARN:ADN” de la Agencia Europea de Medicamentos, hasta el punto de que están “por encima del límite en un orden de magnitud (18-70 veces)”.

“La contaminación por ADN es muy consistente y la proporción de ARN:ADN de un vial a otro es muy consistente” entre los viales, escribió McKernan.

Latypova explica que ese “ADN es una impureza relacionada con el proceso que procede del cultivo de ADN en plásmidos en bacterias ecoli como primer paso de la fabricación. A continuación, el ADN se convierte en ARN modificado mediante transcripción in vitro”. Más o menos. Una parte no se elimina del todo y acaba en el producto final”.

“Dado que grandes cantidades de ADN acaban en el producto final en viales, es muy probable que haya muchos otros contaminantes, como ecoli, endotoxinas y cualquier otro material extraño y producto químico utilizado por el camino”, explicó.

Utilizando datos de envíos obtenidos mediante una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), Latypova descubrió que “este lote estaba destinado a niños”. Aproximadamente el 20% de las consultas médicas que recibieron las dosis de veneno de este “megalote” concreto se describen como proveedores de servicios sanitarios “pediátricos”, “para bebés y niños”. En total, recibieron aproximadamente 1,1 millones de dosis.

Después de investigar los efectos adversos del megalote en el Sistema de Notificación de Efectos Adversos de Vacunas (VAERS) de los CDC, encontró: “¡1334 efectos adversos notificados, de los cuales el 95% (1264) corresponden a niños!”.

“Dos informes corresponden a niños que aparentemente fueron asesinados con estas inyecciones”, escribió Latypova. Se trata de dos niños de 10 años, el primero “que murió de un paro cardíaco, 3 días después de su 1ª dosis de inyección”, y el segundo “que murió de anafilaxia y también de lo que parecen ser causas cardiovasculares a los 2 días de la inyección del mismo lote”.

Y sigue siendo preocupante que estas cifras sean sólo “la punta del iceberg”, ya que un estudio realizado en Harvard en 2010 por encargo del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) reveló que “menos del 1% de los efectos adversos de las vacunas se notifican” al VAERS.

Dado que las identidades de los heridos o fallecidos en los registros del VAERS no se revelan por motivos de privacidad, el veterano de 25 años de la industria farmacéutica preguntó: “¿Podrían dar un paso al frente los padres o tutores de los fallecidos? Tenemos el arma homicida y las pruebas irrefutables de lo que mató a sus hijos”.

“También sabemos quién asesinó a sus hijos, y la cadena de mando de esa organización criminal hasta el HHS y el DOD y hasta el Consejo de Seguridad Nacional que informa al Presidente de los Estados Unidos”, dijo refiriéndose a anteriores informes bomba que ha publicado en los últimos 15 meses.

En enero del año pasado, Latypova ayudó a desvelar que existía una enorme variabilidad de contenidos entre los lotes de productos inyectables basados en genes COVID, ya que entre el 70% y el 80% habían mostrado sólo una o dos reacciones adversas graves notificadas en VAERS, frente al 4% o 5% que revelaban miles.

El antiguo ejecutivo, cofundador de múltiples organizaciones de investigación en este campo, explicó entonces que tal variabilidad indicaba un “grave incumplimiento” de las normas de buenas prácticas de fabricación (BPF), lo que constituye “un delito bastante importante” y “debe investigarse”.

Como resultado de una investigación posterior el pasado otoño, Latypova documentó cómo las “vacunas” COVID-19 fueron totalmente producidas, controladas y distribuidas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que consiguió clasificarlas no como medicamentos o productos farmacéuticos, sino como “contramedidas COVID” bajo la autoridad del ejército.

Esto significa que estos inyectables nunca han tenido que cumplir la legislación estadounidense que regula la calidad de fabricación, las pruebas, la eficacia, la seguridad y el etiquetado de los medicamentos u otros productos médicos.

Sin embargo, a pesar de que estas “contramedidas” no entraban dentro de la autoridad reguladora y supervisora de la FDA y los CDC, estas agencias orquestaron una “falsa representación teatral” de relaciones públicas dando la impresión a una ciudadanía desprevenida de que estas salvaguardias estándar estaban realmente en vigor.

Además, con las empresas farmacéuticas, las agencias gubernamentales y más estaban involucrados en una conspiración para cometer asesinatos en masa a través de operaciones de bioterrorismo y guerra informativa en todo el mundo”, Latypova argumentó en diciembre pasado.

“La evidencia es abrumadora de que hay una intención de dañar a la gente por las inyecciones de COVID 19, las llamadas ‘vacunas’, y otras medidas de respuesta sin sentido de COVID implementadas a paso de cerrojo por los gobiernos de todo el mundo”, incluyendo cierres patronales, mandatos de máscaras y cierres de escuelas.

Para lograr estos fines, el gobierno puso en marcha durante varias décadas estructuras “pseudo-legales” que violan la Constitución de los EE.UU., incluidos los derechos humanos de los ciudadanos, con el propósito de ejecutar un ataque bioterrorista de “vacuna COVID-19” contra sus propios ciudadanos, matando y mutilando a muchos miles con total inmunidad para todas las agencias y corporaciones involucradas.

Al investigar más a fondo el “megalote” FL8095 de Pfizer, Latypova explicó que tales lotes son “tan grandes que es imposible” que los fabricantes los hicieran en “una sola serie de producción”, lo que indica que Pfizer puede estar etiquetando “numerosas series de producción” bajo un número de lote. Estos “lotes” incluyen entre 4 y 12 millones de dosis.

Esta disposición “hace imposible rastrear cualquier problema de calidad de fabricación basado en acontecimientos adversos notificados para [un único] lote”, dijo. “Esto se hace precisamente para que los problemas de seguridad no puedan rastrearse hasta su origen”.

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