El pleno del Congreso ha aprobado la ley de amnistía, con 178 votos a favor, del PSOE y sus socios parlamentarios, y 172 en contra. La ley clave y polémica de la legislatura, puesto que era el punto principal del acuerdo de investidura entre Pedro Sánchez y sus socios catalanes, sale así del hemiciclo de la Cámara baja rumbo al Senado-donde el PP tiene mayoría-, donde podría empezar a tramitarse la próxima semana.

Tras las últimas enmiendas pactadas entre el PSOE, Junts y ERC, el debate ha seguido el guion previsto y solo el PP, Vox, UPN y Coalición Canaria han mostrado su rechazo a una amnistía que borra toda responsabilidad penal, administrativa y contable de las personas relacionadas con el ‘procés’ durante doce años y abre la puerta al regreso a España del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

 Si los plazos iniciales se cumplen, la ley de amnistía estaría aprobada definitivamente a finales de mayo o principios de junio, en plena campaña de las elecciones europeas, ya que se espera que se agote en el Senado -donde el PP tiene la mayoría- el plazo máximo de dos meses de tramitación.

 En cuanto a la tramitación en el Senado, una vez que el pleno rechace la ley aprobando las enmiendas del PP, la proposición de ley volverá a la Cámara baja, para que los socios de Pedro Sánchez vuelvan a restituir el texto original y la aprueben definitivamente. De esta forma, verá la luz seis meses después de que la iniciativa fuera registrada por el PSOE bajo el trámite de urgencia y tras duras negociaciones con Junts.

  La norma incluye los delitos de terrorismo y traición adaptados a los estándares europeos, y no al Código Penal español. Acotan los delitos que no quedarán cubiertos por la medida de gracia en base a la legislación europea e internacional, dejando fuera las conductas más graves de terrorismo o traición y los delitos de corrupción si hay enriquecimiento personal. A petición de la formación que lidera Carles Puigdemont, se amplía también dos meses el ámbito temporal de la amnistía, que irá del 1 de noviembre de 2011 al 13 de noviembre de 2023.

El terrorismo
En el caso del terrorismo, se borran las referencias al Código Penal y se señala que quedan sin cobertura «los actos que por su finalidad puedan ser calificados como terrorismo», según la directiva europea de 2027, y que, a su vez, hayan causado «de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos». En particular quedan excluidos los actos regulados en los artículos 2 y 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos -relativos al derecho a la vida y la prohibición de la tortura- y al derecho internacional humanitario.

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La traición
Respecto a los delitos de traición y contra la paz o la independencia del Estado y los relativos a la defensa nacional recogidos en el Código Penal, se concreta que quedarán excluidos de la amnistía solo cuando se haya producido «tanto una amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España».

Se remiten en este caso a los términos establecidos en la Carta de Naciones Unidas y en la resolución 2625 aprobada por la Asamblea General en 1970.

 Las torturas
Quedan también excluidos los actos tipificados como delitos de torturas o de tratos inhumanos o degradantes con arreglo al Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero la amnistía los cubrirá cuando «no superen un umbral mínimo de gravedad», porque no resulten idóneos para humillar o degradar a una persona, dañar su dignidad o «provocar miedo, angustia o inferioridad de una forma capaz de quebrar su resistencia moral y física».

La malversación
El texto acota la amnistía del delito de malversación, que estará cubierto por la medida de gracia «únicamente» cuando esté dirigido a financiar, sufragar o facilitar el ‘procés’ y «siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento». Y concreta que no se considerará enriquecimiento el uso de fondos públicos para el procés cuando, «independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico», no haya tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial».

Las multas
La ley deja claro que no habrá indemnizaciones y que tampoco se reintegrarán multas ya abonadas, aunque con la última modificación se abre la puerta a que se devuelvan multas impuestas en aplicación de la ley de seguridad ciudadana, la conocida ley mordaza. Se podrá hacer salvo que se trate de infracciones muy graves y siempre que la administración que impuso la sanción estime que concurren «criterios de proporcionalidad» para hacerlo.

Serán los jueces quienes identificarán a los amnistiables
El pacto cerrado por el PSOE con Junts y ERC modifica tres artículos de la ley de amnistía y también el preámbulo, donde deja claro que serán los jueces los encargados de identificar a las personas concretas amparadas por la medida de gracia. «Corresponde al poder legislativo establecer los criterios para ser beneficiado por la amnistía y corresponde al poder judicial identificar a las concretas personas comprendidas en el ámbito de aplicación establecido por el legislador»

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