Fiscales, magistrados y otros funcionarios denuncian en Bruselas la amnistía
Venimos a Europa, a la casa común, a pedir ayuda y a pedir respaldo en la defensa del Estado de derecho que nos mueve a todos los profesionales que estamos hoy aquí
Representantes de asociaciones de fiscales, magistrados, policías e inspectores de hacienda, entre otros, han presentado en Bruselas su ‘Pacto de profesionales en defensa del Estado de derecho’ con el objetivo de denunciar la politización de las instituciones en España por parte de los partidos políticos y, sobre todo, el impacto que la ley de amnistía y los acuerdos con los independentistas catalanes están teniendo en su labor.
En un acto organizado por la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, en la sede del Parlamento Europeo, Cristina Dexeus Ferrer, presidenta de la Asociación de Fiscales, explicó a la prensa: “Venimos a Europa, a la casa común, a pedir ayuda y a pedir respaldo en la defensa del Estado de derecho que nos mueve a todos los profesionales que estamos hoy aquí. Creemos que es necesario que se conozca la realidad de la situación, no versiones edulcoradas o versiones apartadas de la realidad. Venimos aquí a exponer la realidad desde nuestra profesión, desde nuestro trabajo.”
En su presentación, Dexeus subrayó que tanto la Unión Europea como la Constitución española tienen entre sus principios rectores la igualdad ante la ley, la seguridad jurídica, la separación de poderes y la independencia judicial.
Sin embargo, lamentó que “estos valores hoy están en crisis en España debido a los pactos alcanzados para la gobernabilidad que conllevan la aprobación de una ley de amnistía en favor de los políticos independentistas que cometieran delitos de terrorismo, delitos de corrupción, delitos contra los que lucha decididamente la UE”. Además, enfatizó que "esa norma no cumple los estándares europeos de democracia".
La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, Pilar Astray Chacón, también expresó su preocupación: “La ley de amnistía vulnera el principio de igualdad, pretende suprimir las consecuencias de cualquier delito cometido en un contexto independentista en un marco temporal amplísimo y supone una injerencia en la función jurisdiccional.
Surge de un pacto de investidura en el que se menciona el ‘lawfare’ y cercena de forma deliberada la independencia del juez cuando no le permite valorar en cada caso concreto la procedencia o no de levantamiento de medidas cautelares, por lo que entendemos que esta ley afecta de forma muy grave a nuestra democracia”.
La preocupación por la politización de las instituciones y el impacto de la ley de amnistía es evidente en la comunidad legal y judicial en España.
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