Transcribimos a continuación la carta entregada en mano al grupo parlamentario del Partido Socialista Obrero Español en el Congreso de los Diputados. 

 D. Patxi López Álvarez

Portavoz del Grupo Socialista

Congreso de los Diputados

 Estimado Portavoz: 

 Una vez admitida a trámite la proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal, impulsada por su Grupo, desde la Plataforma Stop Abolición le trasladamos nuestro deseo de participar en los debates que se desarrollen en la tramitación de la ley, un deseo basado en nuestro derecho a que nuestra voz sea tenida en cuenta.

Somos personas afectadas por una modificación legal que en la práctica supondrá un desahucio general de todas las mujeres que nos dedicamos al trabajo sexual, incapaces por ley de tener un lugar seguro donde poder ejercer nuestro trabajo, arrojadas a una situación de clandestinidad, abandonadas a la violencia y entregadas, por vulnerabilidad, al dominio de las mafias y bandas criminales. Esas serán las consecuencias inmediatas de la modificación del Código Penal que ustedes proponen. 

 La proposición de ley, que usted mismo presentó el 19 de marzo de 2024  es un acto de hostilidad que profundiza el estigma de las trabajadoras sexuales, que interfiere en nuestra libertad y que nos condena a la clandestinidad. La reforma legal que plantea es más propia de una dictadura moralista que de una democracia.  En la presentación de la proposición, manejó usted algunas cifras que no tienen ningún aval científico.

Su ley ignora las consecuencias que este desahucio general va a tener en la vida de miles de personas que se dedican al trabajo sexual, y en su disposición adicional única nos reconoce “a todos los efectos la condición de víctimas”, categoría que ni pedimos ni queremos, y que rechazamos en virtud de nuestra dignidad como personas y de nuestra libertad como ciudadanas.

¿Cómo se atreven a imponernos esa condición desde su despotismo? Por mucho a usted le sorprenda, las mujeres que respaldamos esta carta (y somos miles) hemos elegido este trabajo, y lo queremos seguir ejerciendo en las mejores condiciones de derechos, seguridad, y protección. La modificación del Código Penal anula nuestra capacidad de decisión.  Anula nuestra autonomía y el valor de nuestra palabra, porque la nueva Ley indica que con “nuestro consentimiento” serán castigados penalmente quien nos preste servicios auxiliares para desarrollar nuestra actividad. Su ley, señor López, arrasa nuestros derechos.

 Para argumentar nuestra posición, le queremos recordar a algunas cuestiones fundamentales: 

 1.-Es falso que el 90 % de las trabajadoras sexuales ejerzan su trabajo por coacciones, por presiones, o en situación de extrema necesidad. Investigadores como Carmen Meneses o José López Riopedre niegan de forma tajante ese porcentaje. En consultas a través del Portal de Transparencia, la Plataforma pidió al gobierno que aclarara la fuente de ese dato esgrimido por la Policía Nacional. El gobierno se remitió a lo dicho por la Policía.

NO existe ninguna fuente que avale con rigor esa cifra. Si nos acogemos a las cifras que maneja el CITCO, el Centro de Investigación contra el Terrorismo y el Crimen organizado, que depende del Ministerio del Interior, el número de casos de explotación sexual y trata detectados cada año no llegaría al 1% del total de personas dedicadas a la prostitución.

 2.-El segundo punto nos lleva a la cifra total de personas dedicadas al trabajo sexual.  Según los investigadores que han estudiado este ámbito de trabajo, en España hay unas 120.000 personas directamente dedicadas al trabajo sexual. Son estimaciones similares a las que ha hecho la Agencia Tributaria cuando ha evaluado el trabajo sexual en España y ha estimado que, de regularizarse, la tributación del sector sumaría más de 2.800 millones de euros a los impuestos que ahora ya se recaudan por esas actividades. 

 3.-De lo anterior se desprende que otra de las trampas mentales del abolicionismo es la confusión interesada entre prostitución y trata.

Tal identificación equivaldría a confundir esclavitud con trabajo, lo que nos permitiría afirmar que todo trabajador ejerce su actividad presionado o coaccionado, o por extrema necesidad. Las investigaciones desarrolladas hasta ahora por sociólogos y antropólogos afirman que, si excluimos la trata, mujeres, hombres y transexuales ejercen el trabajo sexual con libertad y autonomía, y no tienen ninguna intención de cambiar de trabajo, y menos de acogerse a la consideración de víctimas subsidiadas por el Estado.

Confundir trata con prostitución condena de antemano a todo un sector que es el más implicado en la lucha contra las situaciones de explotación, Trabajadoras sexuales y empresarios son los más comprometidos en la detección y denuncia de casos de explotación. De hecho, según las cifras del Poder Judicial, en 2020, 2021 y en 2022 no se cerró ningún local o establecimiento en España por estar citado en casos de trata. 

 4.-En este sentido, las cifras que ofrece la estadística del Consejo del Poder Judicial son reveladoras. En 2022 fueron procesadas 76 personas por trata, 40 fueron condenadas, 35 de ellas por prostitución coactiva. De esas condenas, tan solo UNA llegó a través de denuncias de las organizaciones de la llamada “industria del rescate”.

Organizaciones que se dedican a alarmar a la población inflando estadísticas y cifras, y que multiplican por miles los casos que dicen que son de trata con fines de explotación sexual para justificar las subvenciones que reciben, contribuyeron con UNA SOLA DENUNCIA en el año judicial de 2022 a la lucha contra la trata. 

 5.-En su “exposición de motivos” alude usted, señor López,  a los países de nuestro entorno que han regulado la persecución del trabajo sexual.  Pero no cuenta que en los países que han aplicado leyes similares ha aumentado la violencia contra las trabajadoras sexuales, los ataques, las violaciones, los robos, o la quema de caravanas, sobre todo en Francia, donde ejercen su trabajo.

Los índices de violencia en Francia contra las trabajadoras se han multiplicado por cinco. Otro de los efectos de la ley francesa, que incluye un programa de acogida a aquellas mujeres que quieran dejar la prostitución, es que las que han aceptado el programa no llegan a 150 en los primeros cinco años de aplicación de la ley. En esos países la prostitución no ha desaparecido. Ahora sirve para que las ONG que se dedican al rescate reclamen el estado francés miles de millones de euros para “salvarlas”.

¿La ley ha mejorado la vida de las trabajadoras? Al contrario, su vida es más violenta, más sombría que nunca, y su estigma se ha multiplicado. ¿Por qué todo esto no figura en la exposición de motivos de su ley? 

 6.-Por lo que se refiere a España, el Ministerio de Igualdad licitó un proyecto para estudiar la prostitución en nuestro país. La licitación quedó desierta, porque ningún equipo sociológico presentó su candidatura ante lo exiguo del presupuesto planteado. Nunca en España se ha hecho un estudio serio, completo y exhaustivo sobre la prostitución, Por tanto, las afirmaciones de que el 40% de los españoles consumen servicios sexuales, o que España es el primer país consumidor del mundo, son falsas mientras no las demuestre un estudio científico. 

 7.-Cuando se legisla en estas materias es importante tener en cuenta las conclusiones de los investigadores. Un trabajo publicado por el Journal of Law and Economics, y firmado por los investigadores Huasheng Gao y Vanya Petrova, de la Fudan University concluye que existe una relación entre las políticas de prohibición de la prostitución y el aumento de las violaciones.

Además de esa conclusión, lo interesante es que el trabajo de estos dos investigadores toma como base las legislaciones en países europeos. En el artículo publicado, Huaseng Gao y Vany Petrova investigan los efectos producidos por las políticas en relación a la prostitución y su relación con las violaciones durante los últimos treinta años.

Y la conclusión de los investigadores es contundente: «la prohibición del comercio sexual conduce a un aumento significativo de las tasas de violaciones y su liberalización da como resultado una disminución significativa en las tasas de violaciones».

 Nos sobran razones para oponernos a una reforma legal que no traerá más que dolor y estigma para las mujeres que nos dedicamos al sexo, una ley que pretende ilegalizar los lugares donde se realiza una actividad que hoy es legal; unos lugares que fueron legalizados gracias, por cierto, a la posición del Grupo Socialista que eliminó la ley franquista que perseguía la llamada tercería locativa.  

¿Lo recuerda? El diputado de su Grupo, don Pedro Jover Presa dijo entonces (2/6/1995) que se trataba de preservar el bien mayor de la libertad sexual. Ahora nos proponen un retroceso a situaciones propias de la dictadura. Ahora la libertad sexual solo merece ser protegida si se utiliza para lo que usted  y su Grupo deciden qué se debe hacer con ella. 

 Por todo lo dicho, exigimos nuestro derecho a ser escuchadas en los debates de la Comisión encargada de estudiar la Proposición presentada por su Grupo parlamentario. Esperamos que esta tramitación no se haga, como la anterior proposición de su Grupo, de espaldas a las personas afectadas por la nueva redacción del Código Penal, y con desprecio de nuestra opinión.

Nunca aceptaremos la categoría de víctimas que nos quieren imponer, por muchos beneficios que nos regale una etiqueta que desprecia nuestra libertad e intenta sacar rédito político de la maniobra de convertirnos en personas disminuidas. Somos ciudadanas, libres e iguales, y exigimos el pleno respeto de nuestros derechos. 

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