El hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está siendo investigado por posibles irregularidades fiscales, según aseguró una cadena de televisión un ex alto cargo de la AGENCIA TRIBUTARIA.

El foco de esta investigación se debe a que trabaja en España, en Extremadura y tributa en PORTUGAL, porque los impuestos son más bajos. Los ingresos ascienden a sueldos de una entidad oficial, pero nuestras fuentes nos informan que este problema tiene así mismo unos datos bajo lupa, que mantiene un patrimonio de dos millones de euros que no concuerdan con sus  ingresos mensuales.

El espectacular retiro de Sánchez ha levantado una oleada de  denuncias así como el temor de un golpe político basado en controlar el estado del derecho y acosar a periodistas y columnistas de medios no adeptos al régimen que se  pretende instalar por la vía de la guerra sicológica,  y la crispación.

Es una crisis grave abierta mesiánicamente por el líder latino cuando ayer en  su mensaje caudillista afirmó que «vamos a demostrar al MUNDO como se defiende la democracia en España». Nada dijo sobre cómo va a  afrontar los duros problemas que  tienen planteadas las clases media y trabajadora, como la vivienda, el paro, las hipotecas,  la cesta de la compra y el crecimiento de una delincuencia disparada, véase el problemón del narcotráfico y la violencia vicaria.

Y el desamparo de nuestros mayores, sin una ley que les dé alas para volar  como seres humanos.

Desamparo colectivo, ni siquiera en las manifestaciones de ayer Primero de Mayo, los sindicatos apenas reivindicaron soluciones para las clases medias y obreras, el protagonista fue Pedro Sánchez y su golpismo populista, unos sindicatos subvencionados por todos los españoles, también en Murcia.

Han tomado partido y se desacreditan, y le pagamos a sus liberados y mandos. La crisis se calienta y crece el miedo. Y el desempleo, más que en resto de Europa. La libertad se encierra en el zulo del maniqueísmo. El de las dos Españas.

Opinamos, la mayoría de los españoles, que estos sindicatos políticos no deben ser subvencionados por el estado y las comunidades autónomas, no son unas ONG sino instrumentos al servicio de intereses partidistas. Tampoco las organizaciones empresariales, no, como  en el resto del mundo libre. Es un abuso, evidentemente.

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