Varios medios afines al Gobierno de Pedro Sánchez -TVE, ElDiario.es, La SER, El País, LaSexta…- han informado de que la ONU ha respondido a la denuncia del PSOE advirtiendo «del peligro de que se invisibilice las violaciones cometidas durante el régimen franquista«. Sin embargo, han sido tres relatores de Naciones Unidas quienes han analizado los proyectos impulsados por PP y Vox en varias comunidades autónomas.

Y es que según la Wikipedia, estos «relatores especiales» son un grupo de personas que trabajan de forma voluntaria sin pertenecer al personal de la ONU. Además, No reciben un salario por su labor y sirven a título individual por su experiencia de trabajo.

 En su informe aseguran que «las llamadas leyes de ‘concordia’ aprobadas o presentadas para aprobación parlamentaria en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían afectar a la obligación del Estado español, incluyendo sus poderes y entidades nacionales o locales, en materia de Derechos Humanos, en particular la obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de Derechos Humanos«.

Según explican, estas leyes «ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios webs y actividades de memoria histórica» y pueden «acarrear límites al acceso a la verdad» sobre el destino o paradero de «las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos» y también pueden «invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, u omiten nombrar o condenar dicho régimen».

Por este motivo, han recordado que es deber de «todos los poderes del Estado», incluido el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de «todas las entidades de Gobierno» a nivel nacional, regional o local, «cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, comprendida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos«, tratando de justificar una futura intervención de Ángel Víctor Torres en unas competencias autonómicas.

«Reiteramos asimismo que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, (propuestas o aprobadas) obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación», esgrime el informe.

Los firmantes del documentos son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.

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