El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado esta mañana un escrito ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en el que asume la responsabilidad de la nota de prensa sobre la causa abierta por delito fiscal a Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

García Ortiz responde directamente al juez que lleva la causa en el TSJM -y que había preguntado a la Fiscalía Provincial de Madrid quien dio esa orden- que esa nota de prensa no se habría publicado sin su previa autorización e instrucciones «expresas y directas» y mantiene que no tiene competencias para investigarlo, algo que compete al Tribunal Supremo.

El Fiscal General responde al Magistrado instructor que había requerido a la Fiscalía Provincial información sobre «quién fue la persona física concreta que intervino en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión de difundir el comunicado».

García Ortiz ya asumió la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril. Esta declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su «notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa», ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el Fiscal Superior encargado del procedimiento.

García Ortiz reitera que la nota se emitió «para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario Fiscal» y para cumplir con la obligación de la Fiscalía de ofrecer información veraz a la ciudadanía. Asimismo, recuerda que la citada nota no añade nada que no se hubiera publicado previamente en diversos medios, en algunos casos citando fuentes cercanas a la persona investigada.

A juicio del Fiscal General resulta «cuando menos sorprendente» que sean exclusivamente los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. Como consta en el escrito remitido al TSJM, es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid «circulaban ya —sin contención alguna— por las redacciones de varios medios de comunicación».

«Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador.

Es algo que como Fiscal General del Estado —cúspide de un órgano de relevancia constitucional integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial, que tiene como misión la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público (art. 124.1 CE)— no puedo consentir ni tolerar», asegura el Fiscal General en su escrito.

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