Como explicamos en varios artículos, donde la familia de Oscar Puente interviene en procesos judiciales en los juzgados de Valladolid, donde estén involucrados amigos o familiares de estos, los procesos judiciales generan muchas dudas.

En este caso están involucrados un policía local de Valladolid, y su abogado, César Gómez Rojo, compañero de carrera y socio en el bufet de Oscar Puente, y ex novio de una intima amiga de Sofia Puente, hermana del ministro, además en esta causa esta el fiscal, Manuel Javato, cuñado de Oscar Puente.

Una madre denuncia que esta siendo represaliada en el procedimiento judicial, en perjuicio de su hijo discapacitado al 81% y espectro autista, y donde denuncia que están poniendo en riesgo la vida de su hijo, además de no investigar presuntos maltratos a su hijo, y que todas las pruebas que aporta no las aceptan, ni el juez, ni el fiscal.

Según denuncia la madre solo el juzgado en manos del Juez Gil Margareto que dirige este procedimiento, ha llamado a declarar a médicos que no están tratando a su hijo habitualmente, y sin embargo, no llama a los hospitales y forenses que en sus informes acreditan que el joven está siendo presuntamente maltratado.

Escrito del juez Cesar Gil Margareto

Según el fiscal Manuel Javato, dice que no hay motivos para investigar, y dice que la madre a perdido varios procedimientos judiciales, algo normal teniendo en cuenta, que todos estos procedimientos son en los juzgados de Valladolid gestionados por amigos y familiares de los Puente.

Pero este fiscal no acepta pruebas que vienen por parte de la madre, según los informes a los que hemos tenido acceso, son muy claros, el chico discapacitado ha sufrido presuntamente malos tratos, y que las pruebas realizadas dejan claro que el chico no tiene la capacidad de mentir en sus afirmaciones, estás simples dudas, son motivo para llamar a todos estos medicos que hacen estas afirmaciones.

Porque el Juez Margareto habiendo indicios de presuntos delitos tan graves, no investiga en un caso tan especial, porque el juez da la razón al fiscal en sus escritos sin poner ninguna oposición o sugerencia, porque no se aceptan los informes de hospitales y forenses, no es la primera vez que este medio denuncia este mismo modus operandi en los juzgados de Valladolid, cuando hay amigos o familiares de estos jueces o fiscales.

DICE EL SEÑOR GIL MARGARETO QUE LAS PALABRAS DEL CHICO SON SUGERIDAS POR LA MADRE, pero según los expertos en sus conclusiones dejan claro que el chico no tiene la capacidad de mentir, y menos montarse películas alargadas en el tiempo, este tipo de pacientes no tienen esa capacidad, mentir sobre presuntas agresiones no están dentro de sus capacidades.

Otra denuncia que hace la madre es que el juez Margareto no grava los juicios, algo que tiene la obligación de hacer, pero si no se grava, asi seria imposible denunciar irregularidades en el procedimiento, por otro lado, en todos los casos investigados por este medio en estos juzgados de Valladolid, siempre tratan de loco o loca al denunciante, y siempre que hay involucrados amigos de jueces, fiscales o abogados de los Puente.

La madre también denuncia que el fiscal Javato no lee ni un solo informe médico cuestionando a todos, obviando presuntos delitos contra su hijo, ¿Es esto normal?, afirma.

Los jueces y fiscales no solo deben cumplir la ley, si no proteger a personas como las de este caso, que por si solas no pueden defenderse, los jueces y fiscales no están para presuntamente represaliar a una madre que solo lucha por el bienestar de su hijo, los jueces no están para hacer pagar costas judiciales a una madre para llevarla a la ruina económica y vengarse presuntamente de sus denuncias, algo típico del poder judicial para que no se denuncien casos como este, contra jueces y fiscales, si los hunden económicamente, no tienen posibilidades de defenderse, un abogado de oficio no ira jamás contra jueces, ni fiscales, de ellos depende su pan.

Al parecer, las únicas vías de que hagan caso en casos como este, es denunciar ante las instituciones europeas para poder tener un juicio imparcial y con todas las garantías jurídicas que deben tener los ciudadanos.

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