Hermano y esposa de Sánchez en el banquillo de los acusados por corrupción

En la familia del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, los líos legales son una constante que no cesan. Por ejemplo, su hermano David Sánchez, quien se desempeña como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz y su esposa, Begoña Gómez; enfrentan a la justicia por corrupción de manera simultánea.

Ahora, el hermano de Sánchez tendrá que consignar ante la magistrada Beatriz Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, las declaraciones fiscales de los últimos cinco periodos impositivos, para echar por tierra la acusación sobre un presunto cobro del salario sin asistir a su puesto de trabajo y mudarse a la localidad lusa de Elvas, con el fin de eludir los tipos impositivos de la Agencia Tributaria.

Incluso, el señalado deberá consignar hasta la presentación del contrato de trabajo, en el transcurso de la investigación en su contra por los delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. 

La documentación permitirá a la juez determinar si “existe sistema de control horario de entrada y salida que le vincule como personal de Alta Dirección”, desde su fichaje el 10 de julio de 2017.

 La juez indagará un posible enriquecimiento patrimonial. Para ello, solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre sus propiedades como parte de las diligencias de la causa está abierta por delitos contra la Administración Pública, la Hacienda Pública, en la cual figuran el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y el jefe de inspección de Recursos Humanos, Alejandro Guijarro.

Hermano complicado
El hermano de Sánchez está complicado con la justicia, considerando que el cargo que lo tiene en sus radares exige “plena dedicación”.

¿Está autorizado para compatibilizar su labor profesional con cualquiera otra de naturaleza pública o privada? ¿Aprobó el pleno de Badajoz su ascenso de coordinador de Actividades de los Conservatorios de Música a jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la localidad? ¿Habría sido necesario la tramitación de un expediente de contratación pública en el que hubieran podido concurrir otros aspirantes?, estas son solo algunas de las interrogantes que aclararán las pesquisas.

David Azagra, como se le conoce al hermano de Sánchez en el ámbito artístico, ya incurre en contradicciones.  Si bien aportó a la juez, Beatriz Biedma, un documento de identidad donde figura como residente de un apartamento alquilado cercano a la  Plaza de la Soledad de Badajoz, desde hace tres años ya no ocupa sino otra persona.

El 19 de octubre de 2021 finalizó su arriendo y en la misma fecha causó baja en el padrón municipal y para figurar como ciudadano español residente en Tailandia.  No sólo su residencia es un enigma sino también como antes de abandonar España declaró bienes valorados en 261.000 euros y a su retorno la cifra creció a 1,7 millones de euros.

Comparecencia sin cámaras
El entorno familiar del presidente está en serios líos legales. Además de su hermano, su esposa, Begoña Gómez, solicitó al magistrado, Juan Carlos Peinado, que autorice la grabación de audio sin imágenes de su comparecencia de este viernes ante los tribunales de Plaza de Castilla.

Gómez apela a su “relevancia pública” para evitar los registros visuales durante el proceso legal en su contra, por los presuntos delitos de tráfico de influencias, así como de corrupción entre particulares.

Ese es el único argumento presentado por su defensa ante la declaración de diez horas programada en el Juzgado de Instrucción 41. De acuerdo con el abogado de la primera dama, Antonio Camacho, esperan “proteger la imagen” de su cliente, mientras aclara sus presuntos vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y posible participación en el rescate estatal de la compañía Air Europa.

La esposa de Sánchez busca esquivar los reflectores. De hecho, ingresará a los tribunales de Madrid por el garaje sin el ‘paseíllo’ por la entrada principal, luego de que la Presidencia del Gobierno advirtiera riesgos para su “integridad física”.

María Jesús del Barco, decana de los juzgados de Plaza de Castilla, accedió a esta solicitud, pero subrayó que los medios de comunicación tendrán acceso a la sede judicial para garantizar la cobertura informativa.

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