El escándalo de las pensiones truchas debe tener condenados

Para que el gobierno de Javier Milei pueda triunfar en su programa económico, erradicando la inflación, es necesario que mantenga las cuentas públicas en orden. Sin déficit fiscal, y sin emisión monetaria para financiar el rojo, Argentina podrá dejar atrás la pesadilla inflacionaria heredada del kirchnerismo.

En el marco de los recortes y las auditorías, el gobierno confirmó algo que no fue una gran sorpresa para nadie: durante las gestiones K, se asignaban pensiones por invalidez sin ningún control. Las personas simplemente las solicitaban, presentaban documentación y recibían el beneficio. Así, con estas cuestiones replicándose por todos los estamentos del Estado, se consolidaba un déficit que crecía ante un sector privado cada vez más agobiado por los impuestos.

Entre las “irregularidades”, por así decirlo, ya que se trata lisa y llanamente de estafas, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que una persona consiguió una pensión presentando una radiografía de un perro. Lo insólito es que hasta se le ve la cola a simple vista.

 Sin que haya una guerra o una catástrofe de por medio, el kirchnerismo llevó las pensiones por invalidez de setenta y nueve mil a más de un millón. Para mencionar solamente uno de los casos más notorios, Adorni confirmó que en la provincia del Chaco, una radiografía de hombro fue presentada para conseguir 150 pensiones distintas.

 Lógicamente, todas estas pensiones se están dando de baja. Pero lo cierto es que las autoridades necesitan ir más allá. Para empezar, todos los funcionarios que firmaron y avalaron cada una de estas pensiones deberían ser despedidos automáticamente. Por el lado de los “falsos discapacitados”, cada persona tendría que tener una causa judicial por estafa, además de tener que devolver el dinero que recibieron a través de los años.

El gobierno insiste con el lema del “que las hace las paga” y aquí tiene una oportunidad para ir a fondo con la cuestión. Cada funcionario que firmó una pensión trucha dejó su huella y cada persona que cobró todo este tiempo está identificada. Que los responsables tengan que rendir cuentas a la justicia, además de devolver el dinero, sería una clara muestra que las cosas están cambiando en Argentina.

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