La alcaldesa podemita de Madrid, Manuela Carmena, demostró su buenismo izquierdista con el celebrado eslogan, colgado en gran formato en la fachada del Ayuntamiento, que daba la bienvenida a los refugiados.

Por supuesto, existe una obligación no sólo humanitaria, sino dictada por el derecho internacional, de acoger a aquellos extranjeros que huyen de la guerra, de desastres naturales a gran escala o de la persecución política o religiosa. Sobre este punto no hay discusión, salvo que se practique la xenofobia fanática.

Ahora bien, para auxiliar a personas en tan penosa situación los Estados aplican procedimientos reglados sujetos a disposiciones legales y a tutela y control gubernamental y judicial.

El que llega a una frontera en tal situación solicita asilo formalmente y se ajusta a lo previsto por la normativa para estos casos. España recibió en su momento a miles de exiliados que escapaban de la amenaza de la dictadura militar argentina y alberga ahora a una gran cantidad de venezolanos amenazados por la tiranía criminal de Maduro, aunque los ejemplos son abundantísimos y la lista de éxodos de supervivencia sólo en este siglo y el pasado a nivel global es trágicamente larga.

Este fenómeno no tiene nada que ver con el desfile de cayucos repletos de emigrantes, en un alto porcentaje hombres jóvenes y saludables, que acuden a nuestras costas en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida, deseo comprensible y respetable, pero materializado por su parte de forma ilegal y contra las preferencias de una abrumadora mayoría de españoles, especialmente si viven en Canarias, Ceuta, Melilla o Baleares.

Los problemas generados por semejante alud de gentes llegadas sin nuestro consentimiento, en ocasiones de manera violenta -que se lo pregunten a los agentes de la guardia civil que vigilan los límites de nuestras dos plazas de soberanía en el norte de África- son de evidente gravedad.

Hay que proporcionar alojamiento, manutención, atención médica y escolarización si se trata de menores, a decenas de miles de individuos cada año que nos imponen su presencia forzada sin que nadie les haya invitado.

En la actualidad los residentes de origen no nacional en España son ya en números redondos un diez por ciento de la población y, al ritmo anual al que vamos, con setenta, ochenta o cien mil nuevos huéspedes en nuestro territorio, simplemente el coste material de tal carga está adquiriendo un volumen alarmante que puede poner en riesgo nuestras cuentas púbicas y colapsar nuestros servicios, por no mencionar la posibilidad de que en el futuro los relatos distópicos de Houllenbecq o las lúgubres advertencias de Camus pasen del espacio de la ficción inquietante o de la profecía apocalíptica al de una sobrecogedora realidad.

Además, no es necesario ser un lince para comprender que no es lo mismo permitir la entrada a un médico colombiano o a una cuidadora boliviana que a un subsahariano. Por obvias circunstancias de cultura, religión, historia y mentalidad hay grupos étnicos cuya integración pacífica es más fácil que la de otros.

 Según el CIS, la inmigración irregular es el cuarto motivo de preocupación de la ciudadanía española cuando hace tres meses era el décimo séptimo y pronto, vista la evolución del asunto, ocupará el primer lugar.

Como es lógico, un tema tan sensible en manos de demagogos o alarmistas interesados provoca intranquilidad, desorden y violencia. Los recientes disturbios en el Reino Unido nos han mostrado hasta qué punto la cólera ciudadana se desborda en un clima social exasperado. Los políticos, no se puede esperar de ellos otra cosa, utilizan tan flamígera polémica como arma arrojadiza contra sus adversarios sin caer en ningún instante en la tentación de sentarse en una mesa para intentar buscar soluciones razonables cooperando lealmente.

La pasividad y la inoperancia del gobierno de Pedro Sánchez augura lo peor para el segundo semestre del año en curso.

En este contexto desolador, la pregunta clave es cuál es el camino para afrontar este desafío. Todo el cuento de actuar en origen invirtiendo en los países emisores para generar empleo y prosperidad que hagan poco atractiva la arriesgada aventura de la emigración, no tendrá efectos a corto plazo y dada la naturaleza de los sistemas políticos en aquellas latitudes, eso cuando no son fallidos, todo el dinero que se inyecte puede acabar en cuentas en paraísos fiscales de los jerarcas locales.

Además, las mafias de tráfico de personas y las ONGs que se lucran de este comercio infernal engrasan debidamente a las autoridades que deberían combatirlo para poder desenvolverse con las mínimas trabas. Desde esta perspectiva, el periplo de Sánchez por África no tendrá mayores consecuencias prácticas más allá de su propia promoción personal.

 Ante la imposibilidad de hundir las pateras por indiscutibles razones éticas o de repatriar en caliente por impedimentos legales y porque los emigrantes irregulares carecen de documentación, sólo queda un método de luchar eficazmente contra esta pseudoinvasión y consiste en neutralizar a las mafias del sector destruyendo su logística en las costas de partida de los cayucos, desmantelando sus redes, cegando sus canales financieros y encarcelando a sus dirigentes.

La Unión Europea dispone de los medios materiales y humanos para llevar a cabo esta tarea. Si un presidente con determinación y sin complejos ha triturado en un tiempo muy corto al crimen organizado en un pequeño país centroamericano, qué no podrá hacer la región más rica y desarrollada de Occidente frente a una cuadrilla de delincuentes que operan en zonas empobrecidas y vulnerables.

Si esta estrategia choca con los gobiernos de los estados afectados, mala suerte para ellos, que o bien no son capaces de limpiar su casa de criminales por no disponer de los recursos necesarios para esta labor o bien se abstienen de acometerla por motivos nada edificantes.

Una fuerza aeronaval europea potente desplazada al litoral de África septentrional y occidental necesitaría unos pocos meses para arrasar las infraestructuras de las bandas dedicadas al tráfico ilegal de emigrantes, pero por desgracia las elites políticas comunitarias carecen de la voluntad y del cuajo requeridos para una acción firme de este tipo. Gran parte de los males que nos afligen a los europeos derivan de la pusilanimidad, el cortoplacismo y la mediocridad de unos gobernantes de tercera división.

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