El fiscal general impide la llegada de causas a Anticorrupción para tener el control sobre las investigaciones
Álvaro García Ortiz, ha optado por no trasladar los casos relacionados con corrupción a la Fiscalía Anticorrupción y de Criminalidad Organizada, una maniobra con la que pretende mantener un control directo sobre las investigaciones.
Desde hace tiempo, se ha observado que la Fiscalía General no ha remitido casos de corrupción a Anticorrupción, según revela The Objective. Un ejemplo claro es la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, investigada por posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción, la cual ha quedado bajo la responsabilidad de la Fiscalía adscrita a la Audiencia Provincial.
José Manuel San Baldomero, fiscal encargado, presentó un recurso cuestionando la citación del presidente del Gobierno como testigo, algo que generó sorpresa en el ámbito judicial, dado que lo común es que la Fiscalía no recurra este tipo de decisiones tomadas por los jueces.
Lo que más ha desconcertado a los observadores es que la Fiscalía, cuya labor debería ser facilitar las investigaciones, se haya mostrado reticente a la declaración del presidente en calidad de testigo.
Diversos fiscales comentaron a este medio que lo habitual es que la Fiscalía colabore con el juez, permitiendo que las diligencias avancen y no obstruyendo el proceso. La actitud de recurrir una citación de testigo ha sido vista como contraria a este principio de cooperación.
Otro detalle llamativo en el caso Begoña Gómez es la decisión del Ministerio Público de no interrogar a Joaquín Goyache, rector de la Universidad Complutense de Madrid, quien, a pesar de declarar como imputado, respondió a todas las partes, incluida VOX, aunque no estaba obligado a hacerlo.
Desde el inicio de la instrucción, el fiscal ha insistido en que el caso debería ser archivado. En paralelo, el caso que involucra a David Azagra —seudónimo artístico del hermano de Pedro Sánchez— tampoco ha sido trasladado a Anticorrupción, a pesar de que se investigan delitos graves como malversación, fraude fiscal y tráfico de influencias.
Sin embargo, en una situación excepcional, la Fiscalía Anticorrupción sí está a cargo del caso Koldo, que investiga presuntos cobros de comisiones durante la compra de mascarillas en la pandemia. Este caso recayó en Anticorrupción debido a que la denuncia fue interpuesta por el Gobierno de la Comunidad de Madrid ante la fiscalía que dirige Luzón.
En resumen, la situación actual refleja tensiones dentro de la Fiscalía, donde García Ortiz parece mantener un control cada vez mayor sobre los casos de corrupción, lo que ha despertado preocupación tanto dentro como fuera del sistema judicial, sobre todo en lo que respecta a la independencia y efectividad de las investigaciones.
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