El Gobierno de Pedro Sánchez está considerando la posibilidad de establecer un contrato con Rafael Gómez Arribas, el actual propietario del aeropuerto privado de Ciudad Real, para habilitar un centro de acogida para inmigrantes ilegales provenientes de Canarias y Ceuta, con una capacidad de hasta 3.000 personas.

Esta iniciativa implicaría trabajar con un empresario que figura en la lista de morosos de Hacienda de 2024, con una deuda de 12 millones de euros solo por el aeropuerto, además de poseer otras empresas con deudas aún mayores.

Fuentes del Ministerio de Seguridad Social e Inclusión han apuntado al diario The Objective que esta propuesta está en «fase de estudio y muy inicial». Sin embargo, el Gobierno socialista de Emiliano García Page sostiene que tiene información sobre intercambios de correos electrónicos entre el ministerio dirigido por Elma Saiz y la administración de Ciudad Real International Airport SL, en los que se incluyen borradores de contratos.

 La legislación española y la normativa de Castilla-La Mancha impiden que la administración firme un contrato con un empresario moroso, dado que es obligatorio presentar un certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias, lo cual no se aplica en el caso de Gómez Arribas.

Dicha deuda, que asciende a 12,1 millones de euros, proviene de dos empresas: Ciudad Real International Airport SL y Aeropuerto de Ciudad Real SA, con deudas de 6,2 y 5,9 millones de euros, respectivamente. Además, el Gobierno parece haber pasado por alto el hecho de que Gómez Arribas estaba en la agenda de Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, durante su visita a España en enero de 2020, tras una invitación del ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

La visita de Rodríguez se vio alterada el 20 de enero de 2020, cuando Ábalos recibió a la vicepresidenta en Barajas. Según informes, estaba programado que Rodríguez se reuniera con Gómez Arribas en Madrid el 21 de enero para discutir la gestión del aeropuerto de Isla Margarita y la organización de vuelos con una empresa portuguesa.

Tanto fuentes del Gobierno de García Page como del Ayuntamiento de Ciudad Real han afirmado a este medio que no han sido contactados por el Ejecutivo de Sánchez respecto a esta posible negociación. Sin embargo, algunas fuentes sugieren que esta situación podría estar más avanzada de lo que la ministra de Migraciones ha admitido.

Las investigaciones indican que existe incluso un contrato verbal de confidencialidad con el Ministerio de Seguridad Social, lo que cuestiona las declaraciones del Gobierno de Sánchez sobre el tema.

La administración de Castilla-La Mancha ya ha instado a Gómez Arribas a demostrar lealtad con la administración regional, dado que será esta la que proporcione los servicios de salud y asistencia social a las personas que se pretende alojar, cerca de 20 kilómetros de la capital, en hangares del aeropuerto donde se están construyendo vallas de 3 metros de altura.

Hasta el momento, el dueño del aeropuerto de Ciudad Real, quien estuvo involucrado en la venta de mascarillas defectuosas durante la pandemia a través de Víctor Aldama —amigo de Rodríguez y Ábalos—no ha respondido a la solicitud de lealtad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ni ha atendido los intentos de este medio de ponerse en contacto con él en varias ocasiones.

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