Tras semanas de intensas conversaciones, el Gobierno ha logrado un consenso de mínimos con algunos de sus socios para una reforma fiscal comprometida con Bruselas a cambio del próximo desembolso de los fondos europeos.

Unos cambios que tocarán todos los grandes impuestos estatales (IRPF, IVA, sociedades y especiales) que el PSOE acordó contrarreloj para incluirlos como enmiendas al proyecto de ley que traspone la directiva de la UE sobre el tipo mínimo de sociedades.

En esas enmiendas, el Ejecutivo ha colado la subida del impuesto que grava el diésel, que se equiparará al de la gasolina. Hasta ahora, cada litro de gasoil que se suministra en las estaciones de servicio viene gravado con un impuesto especial de 0,307 euros, mientras que el de gasolina 95 es de 0,401 euros.

Si finalmente el Gobierno logra sacar adelante el texto pactado este miércoles, el litro de diésel se encarecería casi diez céntimos (0,094 euros) a partir de abril del año que viene.

Con esta subida, llenar un depósito medio de 50 litros pasaría a costar casi cinco euros más. Eso sí, la subida no afectará a los transportistas ni a otros profesionales que disfrutan de gasoil bonificado, a los que no se les incrementará la fiscalidad del combustible con el objetivo de «mantener la competitividad de los sectores intensivos en su consumo».

Para el resto de conductores, y quizá tratando de anticipar la oposición social, Hacienda anuncia que en caso de que en el futuro el litro del diésel supere de nuevo la barrera de los dos euros (como ocurrió al principio de la guerra de Ucrania), el impuesto sufriría una rebaja de cinco céntimos por litro.

Además de los conductores, también se verán perjudicados los fumadores, ya que el texto también recoge una subida fiscal al tabaco. Así, se prevé que a partir de enero cada cajetilla aumente, por lo menos, unos 37 céntimos solo en impuestos.

Tampoco se librarán los vapeadores, que estrenarán un nuevo tributo: el líquido para cigarrillos electrónicos se gravará con entre 15 y 20 céntimos en función de los miligramos de nicotina que contenga; mientras que las bolsas de nicotina tributarán 10 céntimos por gramo.

Sin plácet de todos los socios

Todo ello si finalmente salen adelante las enmiendas. Porque algunos de los aliados del Gobierno como Bildu, ERC, Sumar o Podemos todavía no han dado su visto bueno a todos los cambios propuestos.

Concretamente, a los que tienen que ver con los polémicos tributos a la banca y a las energéticas, dos figuras que se habían diseñado con carácter temporal para actuar sobre los beneficios extraordinarios de las grandes empresas y que el Gobierno y sus socios de la izquierda parlamentaria querían convertir en permanente. No será así con el impuesto a los grupos energéticos (eléctricos y petroleras), ante la negativa de Junts a prorrogar el gravamen.

Detrás de este cierre en banda de los de Puigdemont se encuentran las presiones ejercidas por Repsol, que lleva un tiempo advirtiendo que se llevará fuera de España inversiones tan golosas como la petroquímica que la compañía tiene en Tarragona, clave para la economía catalana.

El que sí se prorrogará, salvo sorpresa, es el impuesto a la banca. Aunque, eso sí, incorporará algunos cambios. Para lograr el plácet del PNV, el Ejecutivo permitirá que sean las haciendas forales vascas las que gestionen este impuesto, que tampoco será permanente, ya que el texto acordado con los socios de la investidura limita su vigencia hasta el 2028.

También se reformarán algunos detalles para minimizar su impacto en las cuentas de las entidades. Así, aplicará un tipo que va del 1 al 6 % sobre los ingresos en función de la base liquidable de la entidad.

Además, se incluirá una deducción del 25 % de la cuota del impuesto de sociedades, el que pagan las empresas por sus beneficios. Y se incorpora otra deducción extraordinaria en el caso de que el banco sufra un descenso sostenido en su rentabilidad.

Deducciones

El PSOE también ha aprovechado la nueva ley para cambiar el impuesto de sociedades y compensar la pérdida recaudatoria que supone la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró la nulidad parcial de los cambios que introdujo en este tributo q el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.

Así, se establece de nuevo un límite a las grandes empresas o grupos empresariales para aplicar deducciones para compensar las bases imponibles negativas. El límite es del 50 % por ejercicio para las empresas con una cifra de negocio entre los 20 millones y los 60 millones de euros y del 25 % para aquellas que superaran los 60 millones.

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