Los daños provocados por el temporal en diversas localidades de la Comunidad Valenciana han dejado al menos 219 muertos y más de 89 desaparecidos. Los expertos destacan que, además de la limpieza de las riberas, hay una gran ausencia de infraestructuras hídricas, como podría ser el caso del plan del año 2000 que preveía la construcción de tres presas en la zona devastada que nunca llegó a ejecutarse.

En este sentido, las recurrentes lluvias intensas en el Levante obligan a la construcción de embalses y sistemas de retención adecuados para canalizar o almacenar el agua en situaciones de emergencia. De esta manera, hay una gran necesidad de que se ejecuten las tres presas en la zona afectada que asegurarían la mitad de un territorio que consideraban descontrolado frente a una riada.

 No obstante, a causa del cambio climático, el Ministerio de Transición Ecológica, dirigido por Teresa Ribera, impulsó un Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar, con la previsión de un fuerte incremento de los fenómenos climáticos adversos.

Pese a ello, apenas dedicó un 10% de los recursos y, de 32 de un total de 492 medidas, iban dirigidas a evitar inundaciones. Así, la prioridad de Teresa Ribera parece ser otra porque 150 de las medidas van enfocadas exclusivamente en reducir la contaminación.

Sin embargo, la falta de construcción no es por falta de recursos. Durante la primera mitad del año, el Ministerio de Transición Ecológica no ha sido capaz de gastar los fondos europeos de Next Generation asignados.

Según los datos recogidos en el último informe de ejecución de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el ministerio tendría 5.355 millones de euros comprometidos, pero sólo ha gastado un 0,1% de las subvenciones prometidas a las empresas y entes públicos o privados.

 Esta tendencia es algo generalizado en el Ejecutivo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El mismo informe de la IGAE indica que, hasta el 30 de septiembre, se han realizado pagos por apenas 5.024 millones de euros, lo que representa el 13,9% del total comprometido en los presupuestos generales del Estado prorrogados y equivalentes a 36.249 millones de euros.

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