Víctor de Aldama no va de farol cuando asegura tener pruebas que comprometen a Pedro Sánchez.

Víctor de Aldama, abandonó la prisión de Soto del Real, guardaría en su poder documentación sensible que demostraría la veracidad de sus declaraciones ante el juez.

Según ha podido saber este medio, el empresario tiene en su poder una serie de mensajes de WhatsApp y grabaciones que corroborarían sus acusaciones ante el juez contra Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, Ángel Víctor Torres y Santos Cerdán.

Las mismas fuentes han confirmado la existencia de material probatorio que incluiría conversaciones y registros audiovisuales que documentarían las mordidas que el comisionista pagó a miembros del Gobierno y del PSOE.

La documentación existente demostraría que las reuniones no fueron casuales ni fortuitas, como se ha intentado presentar desde instancias del Gobierno, señalan desde el entorno del empresario.

Según la información a la que ha tenido acceso este medio a través de fuentes cercanas al caso, entre el material probatorio se encontrarían intercambios de mensajes por WhatsApp de Aldama con Sánchez, grabaciones y hasta presumiblemente material fotográfico inédito, adicional a las imágenes ya conocidas.

La advertencia lanzada por Aldama a su salida de prisión -«que no se preocupe [Sánchez], que pronto va a tener pruebas de todo lo que se ha dicho»- no sería una simple bravata.

El empresario habría estado «guardando material comprometedor durante años», según personas de su entorno, como una suerte de seguro de vida. El equipo legal de Aldama estaría estudiando cuidadosamente el momento más adecuado para presentar estas pruebas. «No es un farol ni un órdago», insisten las fuentes consultadas, «es material real y contrastable que dejaría en evidencia las declaraciones del presidente».

Pagos a cargos del PSOE
Víctor de Aldama confesó este jueves en su declaración voluntaria en la Audiencia Nacional que el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, recibió un sobre con 15.000 euros, que dio 250.000 euros al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y otros 100.000 al que fuera asesor de este último, Koldo García, así como que el otrora presidente canario y ahora ministro, Ángel Víctor Torres, pidió 50.000.

Sobre Torres, ha relatado que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática pidió 50.000 euros en el marco de las gestiones para la compra de mascarillas durante la pandemia. A esta última mordida Aldama se negó, argumentando en su momento que él no es «el Banco de España». Cabe recordar que las empresas vinculadas a la trama recibieron varias adjudicaciones del Gobierno canario para conseguir material sanitario.

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