Nuevo frente parlamentario contra el Gobierno. Horas después de que Carles Puigdemont presionara al presidente, Pedro Sánchez, para que se someta a una cuestión de confianza de la Cámara, PP y Junts han logrado introducir una enmienda legislativa en el Congreso para suspender el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, el impuesto del 7%, cuando no exista déficit de tarifa en el sistema eléctrico.

La iniciativa, que cuenta con el apoyo de Vox, ERC y PNV, supone una dura derrota para el PSOE y Sumar, y más concretamente, para la nueva ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen.

 PP y Junts pactaron ayer en la ponencia de la Comisión del Congreso una enmienda transaccional al proyecto de ley por el que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.

Actualmente, este tributo está fijado en el 7% y con la reforma aprobada pasará a tipo 0, de manera que Hacienda afrontará un nuevo agujero fiscal a la espera aún de una solución de consenso con sus socios para definir el impuesto extraordinario sobre los beneficios de las eléctricas, que ha quedado en el aire por el bloqueo entre los socios del Gobierno.

 Según los cálculos del PP, la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas

 El Ejecutivo vetó la iniciativa ante la Mesa de la Comisión de Transición Ecológica, pero la ausencia de un diputado socialista miembro del órgano rector permitió que saliera adelante.

 Las compañías eléctricas repercuten sobre la factura este gravamen, por lo que supondrá una bajada del precio de la luz. Según los cálculos del PP, la suspensión de este impuesto supondrá un ahorro estimado de 400 millones para las familias españolas. En el caso de las pymes, el ahorro será de 500 millones, y de 200 millones para grandes industrias.

 Este impuesto fue aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2012 para paliar el déficit de tarifa del sistema eléctrico, si bien vienen reclamando desde septiembre de 2018 su suspensión, ya que convierte a la industria española en "menos competitiva" porque no existe en el resto de los países de la Unión Europea.

 PSOE y Sumar se mostraron en contra de la medida, que aún debe pasar por el Pleno del Congreso. Asimismo, se aprobó otra enmienda que favorece la continuidad de la industria de cogeneración.

 Fuentes del grupo parlamentario popular confían en que, ante esta nueva derrota que "evidencia la debilidad extrema del Gobierno en el Congreso y la ausencia de una mayoría sólida para legislar", el PSOE y Sumar no intenten maniobrar, "como han hecho en otras ocasiones", para bloquear la convocatoria de la Comisión e impedir que el informe que incorpora dichas enmiendas vea la luz.

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