La filtración de un borrador del anteproyecto de Ley de Medicamentos y Productos Sanitarios ha revelado el regreso de los copagos escalonados, que supondrán un coste adicional para quienes deseen optar por ciertos medicamentos.

El documento introduce un sistema de contribuciones basado en los ingresos del paciente. Según el borrador, quienes perciban entre 18.000 y 35.000 euros anuales seguirán pagando el 50% del precio del medicamento, pero a medida que los ingresos aumentan, también lo hace el porcentaje de copago: un 55% para rentas entre 35.000 y 60.000 euros, un 60% para quienes ganen entre 60.000 y 100.000 euros, y un 65% para quienes superen esta última cifra.

Este cambio afecta a un grupo más amplio de la población que el sistema actual, lo que ha despertado preocupación por su impacto en los pacientes crónicos y las familias con ingresos medios.

Otro elemento controvertido es el sistema de precios seleccionados, descrito en el artículo 115 del borrador. Este modelo obliga a las farmacéuticas a presentar ofertas de precios cada dos meses, tras lo cual se selecciona el más bajo como referencia.

Si un paciente elige un medicamento fuera de esta lista, deberá asumir la diferencia de precio, además de la parte correspondiente a su copago. Este mecanismo ha sido comparado con la extinta subasta de medicamentos de Andalucía, aunque los expertos aseguran que funciona de manera distinta.

De acuerdo con este esquema, podrían surgir medicamentos de «primera» y «segunda» categoría, dependiendo del rango de precios.

 La patronal de la industria farmacéutica también ha expresado su malestar. Consideran que el Ministerio de Sanidad no ha respetado los principios de consulta establecidos en la Estrategia de la Industria Farmacéutica 2024-2028, que prometía consensuar cualquier reforma a través del Comité Mixto Ministerios-Industria. Algunas asociaciones, como BioSim, aseguran desconocer el origen exacto del documento y dudan de su vigencia, sugiriendo que podría preceder al acuerdo reciente sobre la Estrategia.

Por otro lado, desde Facme, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España, señalan que este tipo de medidas podrían generar confusión entre los médicos a la hora de prescribir, ya que coexistirían varias normativas contradictorias.

El modelo de precios seleccionados presenta ciertas similitudes con el sistema utilizado en Suecia, pero los expertos advierten de que España no está en una situación comparable. En el país escandinavo, la fabricación local de medicamentos fuera de patente es casi inexistente, mientras que en España, la aplicación de un sistema de subasta continua podría afectar gravemente a la cadena de suministro y producción.

Fuentes del sector consideran que este modelo no resolverá problemas estructurales como la reticencia de los laboratorios a reducir precios de manera voluntaria. Al contrario, podría complicar aún más el panorama regulatorio y aumentar la desigualdad entre los pacientes, dependiendo de su capacidad para costear medicamentos fuera de la lista seleccionada.

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