Dijo Pedro Sánchez en septiembre ante sus camaradas del Comité Federal del PSOE que iba a gobernar «con o sin apoyo de un poder legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo». Y ésta es una de las pocas promesas que está cumpliendo.

El Gobierno de izquierdas hace caso omiso de las Cortes, lo que es indignante en una democracia y peligroso en un régimen parlamentario.

Aunque se jacta de tener una mayoría en el Congreso y de que «en el 2027, las izquierdas se volverán a presentar y volveremos a ganar y seguiremos gobernando», Sánchez tiene que pelear cada votación, tanto que ya está cansado. Una vez que Junts ha obtenido lo que quería, que es la amnistía para los golpistas, ahora le toca enfrentarse con los socialistas para mantener su electorado.

 Desde 1977, los de Sánchez son los gobiernos que más decretos-ley han aprobado: 155 desde 2018, cuando ganó la moción de censura a Rajoy. El ‘bloque de la investidura’ se los convalidaba en el Congreso a cambio de precio, hasta que ha tocado a intereses muy importantes, como el impuesto extra a las eléctricas.

Y ha acabado el año sin que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se someta a la Constitución y lleve al Congreso los Presupuestos Generales del Estado para 2025.

Se prorrogarán por segunda vez los aprobados para 2023 y cuando el Gobierno necesite dinero recurrirá, como otras veces, a los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito. No hay problemas, ya que La Moncloa controla la prensa, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y, según los días, el Congreso.

El artículo 134.3 de la Constitución fija que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Se trata de un mandato que el Gobierno de izquierdas ha vuelto a desobedecer.

A pesar de esta vergüenza, Sánchez ni se plantea dimitir. En la última rueda de prensa del año, dijo que la legislatura durará hasta 2027. Fácil, si no da cuentas al Parlamento y éste no se las exige.

Para comprar los votos de los diputados que le permitan a él seguir en La Moncloa y a su familia y su clan proseguir con sus negocios, Sánchez va a continuar desguazando el Estado y arruinando a los españoles: subidas de impuestos para pagar pensiones y aumento de sueldos a los funcionarios; emisión de deuda; cesión de más competencias a los separatistas vascos y catalanes; reunión con el delincuente Puigdemont; amenazas a los jueces; censura a los medios de comunicación críticos y financiación para los sumisos; cupo vasco para Cataluña…

El Gobierno socialista ha preferido incumplir la Constitución antes que enfrentarse a otra derrota parlamentaria. Sánchez y sus ministros, que le echaban en cara al PP que no acatase la Constitución cuando éste se negaba a renovar el CGPJ, hacen otro tanto.

También Mariano Rajoy cayó en el mismo vicio: presentó los PGE de 2018 en abril de ese año. Las leyes, sobre todo las fiscales y penales, son para los ciudadanos. Los políticos están por encima de ellas.

Los PGE de 2023 tenían 455.978 millones de euros de gastos. El 53% de éstos, 243.240 millones de euros, correspondían a pensiones, deuda pública y subsidios por desempleo. Las pensiones no paran de aumentar (crecimiento del número de pensionistas y subidas de las cantidades decididas por el Gobierno), mientras el paro real supera los 3,5 millones.

En noviembre de 2024, las pensiones contributivas supusieron para la Seguridad Social 12.941 millones de euros. Con la paga extra, la cantidad desembolsada ascendió a 25.565 millones.

En 2023, el gasto en pensiones, contributivas y no contributivas, aumentó en 15.800 millones de euros respecto a 2022 y alcanzó los 170.800 millones, equivalente a un 11% del PIB. Y esto ocurre con la mayor tasa de desempleo de la Unión Europea, los salarios privados estancados y una deuda equivalente a un 105% del PIB. Pero según The Economist, la española es la mejor economía de la OCDE.

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