Sánchez excluye a Cataluña del reparto de 4.500 menas por toda España

Pedro Sánchez ha decidido excluir a Cataluña del reparto extraordinario de menores no acompañados (menas) que se está ultimando junto al Ejecutivo de Canarias.

Este mecanismo, que se implementará mediante una vía legislativa «excepcional y puntual» —ya sea una proposición de ley o un real decreto—, pretende distribuir más de 4.500 menores por las distintas comunidades autónomas para aliviar la situación crítica que atraviesa el archipiélago, que actualmente acoge a más de 6.000 menas.

La decisión de dejar a Cataluña fuera de este «reparto solidario», que en realidad es una medida impuesta sin negociación con muchas comunidades también en situación complicada, responde a motivos políticos.

La necesidad de asegurar los votos de Junts y ERC, fundamentales para que el Congreso apruebe este plan, ha llevado al Ejecutivo a aceptar las condiciones de estos partidos, que rechazan que Cataluña reciba más menas, alegando que la comunidad no puede asumir más acogidas.

 Las conversaciones entre el Gobierno central y el Ejecutivo canario comenzaron el 17 de diciembre, cuando el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, recibió un borrador con la propuesta de distribución.

El 3 de enero, Moncloa consideró «viable» avanzar con esta iniciativa extraordinaria, aunque señaló que había detalles jurídicos que debían ajustarse. Posteriormente, se establecieron «plazos concretos» para cerrar un texto acordado que pudiera someterse a los informes jurídicos necesarios.

A mediados de enero, el Gobierno y Canarias se dieron diez días para finalizar el documento, pero este plazo aún no se ha cumplido. El texto definitivo, que excluirá a Cataluña a propuesta del Gobierno de España, incluirá de forma obligatoria al resto de autonomías.

Con esta nueva concesión al separatismo, Sánchez evita depender exclusivamente del apoyo del Partido Popular para aprobar el reparto de menores en la península. El PP, que ha rechazado varias veces el texto presentado por el Ejecutivo canario al Gobierno central, condiciona su apoyo a que se incluya financiación y que el acuerdo sea fruto del consenso.

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