En 2023, la Agencia Antifraude reveló que una ONG vinculada al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, llevaba años sin presentar sus cuentas, incumpliendo así con las normativas de transparencia y fiscalización.

La organización, que habría gestionado importantes sumas de dinero, está relacionada con la adquisición de un lujoso chalé en Perú, lo que ha despertado sospechas sobre la procedencia y el destino de los fondos manejados por la entidad.

Tras salir a la luz el escándalo de su polémico chalet en Perú, José Luis Ábalos se justificó asegurando que, en realidad, dicho edificio no era más que un centro social polivalente que la Fundación Internacional para el Desarrollo Local y Social (Fiadelso) — impulsada por él mismo en los años 90— construyó para dotar al municipio de Chimbote de un centro social polivalente.  

Falta de transparencia y posibles irregularidades
El informe de Antifraude destaca que la ONG en cuestión no había presentado sus balances financieros durante años, a pesar de estar obligada por ley a rendir cuentas sobre su actividad económica. Esta opacidad ha levantado serias dudas sobre la gestión de los fondos y el cumplimiento de la normativa vigente.

Según expertos en control financiero, el hecho de que una ONG maneje dinero sin rendir cuentas puede significar que se estén ocultando prácticas irregulares, desde desvíos de fondos hasta el uso indebido de subvenciones públicas.

En este caso específico, la vinculación de la entidad con la compra de un inmueble en el extranjero ha generado aún más controversia, ya que podría tratarse de una maniobra para ocultar el destino final de los recursos.

Pero, además, porque, tal y como en 2023 constató la Agencia Valenciana Antifraude, Fiadelso ha incumplido en numerosos ejercicios sus obligaciones legales al no presentar sus cuentas, lo que "evidencia que los patronos no han desempeñado el cargo con la diligencia de un representante leal".

Ni cuentas ni planes de actuación
El informe en cuestión concluía que la ONG de Ábalos "ha incumplido todos los plazos previstos en la legislación vigente y en lo estipulado en los propios estatutos fundacionales" en relación con la rendición de las cuentas correspondientes a los años comprendidos entre 1993 y 1999 y entre 2011 y 2022.

Según constataba Antifraude tras recibir una alerta en su buzón de denuncias, las cuentas de la fundación correspondientes a los ejercicios que van de 1993 a 1995, de 1997 a 1999 y de 2011 a 2014 "fueron aprobadas por el Patronato de la fundación, pero no están depositadas en el Registro de Fundaciones".

Las de 1996, así como las relativas a los ejercicios de entre 2016 y 2020, ni siquiera consta que fueran aprobadas.

Por otro lado, la Agencia recuerda que "a tenor de lo preceptuado en el artículo 21.8 de la Ley de Fundaciones de la Comunidad Valenciana", el Patronato debe elaborar y remitir al Protectorado de Fundaciones, en los últimos tres meses de cada ejercicio, un Plan de Actuación, en el que se reflejen los objetivos y las actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio económico siguiente".

Sin embargo, de las investigaciones realizadas se desprende que "la fundación FIADELSO, desde 2012, dejó de presentar al Protectorado los Planes de Actuación".

Posible uso de fondos públicos
Uno de los aspectos más preocupantes del caso es la posibilidad de que la ONG haya recibido dinero público sin haber justificado debidamente su uso. De confirmarse esta hipótesis, estaríamos ante un caso de malversación de fondos, un delito que puede acarrear serias consecuencias legales para sus responsables.

Desde la oposición y diversos sectores políticos han exigido explicaciones a Ábalos y han solicitado una auditoría exhaustiva para determinar si hubo irregularidades en la gestión de la ONG. La falta de documentación financiera impide conocer con exactitud el volumen de recursos manejados y su destino, lo que refuerza las sospechas de que podrían haberse cometido irregularidades graves.

Reacciones políticas y medidas gubernamentales
Las revelaciones de la Agencia Antifraude han provocado una fuerte reacción en el ámbito político. Mientras que desde el partido socialista se ha intentado minimizar el impacto de la noticia, la oposición ha solicitado la creación de una comisión de investigación para esclarecer los hechos. Además, se han presentado denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción para que se analice si hubo un uso indebido de fondos públicos.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda ha anunciado que reforzará los controles sobre organizaciones no gubernamentales para evitar que casos similares se repitan en el futuro. Entre las medidas propuestas se incluye la obligatoriedad de presentar informes anuales de auditoría y un mayor seguimiento de las subvenciones otorgadas a estas entidades.

El impacto en la opinión pública
El escándalo ha generado un gran impacto en la sociedad, que demanda mayor transparencia en la gestión de los fondos públicos y un control más estricto sobre las ONG que reciben subvenciones. La ciudadanía exige que se esclarezcan los hechos y que, en caso de confirmarse irregularidades, se sancione a los responsables.

Este caso también ha puesto en el centro del debate la necesidad de reformar las leyes de fiscalización para evitar que organizaciones vinculadas a políticos puedan manejar fondos sin control. La falta de regulación adecuada en este ámbito ha permitido que se produzcan situaciones como la de esta ONG, que durante años operó sin rendir cuentas a las autoridades competentes.

Conclusión
La revelación de la Agencia Antifraude sobre la ONG vinculada a José Luis Ábalos y la compra de un chalé en Perú ha destapado una posible trama de opacidad y malversación de fondos. La falta de presentación de cuentas durante años, sumada a la vinculación con el exministro, ha encendido las alarmas sobre la gestión de esta organización y la posible existencia de irregularidades financieras.

Mientras se desarrollan las investigaciones, la presión social y política sigue en aumento, con llamados a reforzar la fiscalización de entidades que manejan dinero público. La transparencia y el control sobre estas organizaciones se han convertido en un tema prioritario en la agenda pública, con la esperanza de evitar nuevos casos de corrupción en el futuro.

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