Hacia el final de su mandato, tras su debate con Donald Trump, los demócratas se vieron obligados a reconocer que el presidente, Joe Biden, no estaba en plena posesión de sus facultades mentales, por decirlo suave, lo que para el resto del mundo con ojos en la cara era un secreto a voces.

El Partido Demócrata forzó entonces su dimisión, nombró a Kamala Harris candidata en un golpe de dudosa legitimidad, y el resto es historia.

Pero muchos se hicieron entonces la pregunta que los investigadores del Proyecto de Supervisión de la Heritage Foundation creen poder responder: si Biden no estaba del todo en sus cabales, ¿quién ha estado gobernando América?

 Las conclusiones de la investigación, que prácticamente todos los documentos con la firma de Joe Biden durante su presidencia fueron firmados con un «autopen» o máquina de firmar, podrían tener consecuencias transcendentales para el país. Para empezar, revelaría que la anterior Administración fue la mayor estafa contra el pueblo de Estados Unidos. Para seguir, todos los decretos y órdenes de Biden podrían ser nulos de pleno derecho.

El problema no es en sí el uso del «autopen». La máquina de firmar se usa desde la década de 1950, con no poca polémica sobre su legalidad, y en 2013 Obama fue el primer presidente en firmar una ley recurriendo a ella. Estaba de vacaciones en Hawái en ese momento.

Su oficina se basó en un memorando de 30 páginas del equipo legal del presidente George W. Bush que afirmaba que la presencia del presidente no era necesaria siempre que dicho presidente hubiera autorizado la firma.

No, la cuestión aquí es si la firma en el caso de Biden reflejaba siempre y en todos los casos el consentimiento del presidente o si era obra de alguna otra persona.

Así, fue llamativa la confesión del presidente republicano de la Cámara, Mike Johnson, cuando tras reunirse con el presidente declaró que Biden no recordaba haber firmado la orden ejecutiva que detenía las exportaciones de gas natural licuado. Quizá no lo recordaba porque nunca lo hizo.

El fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, exige ahora al Departamento de Justicia investigar si el evidente deterioro cognitivo de Biden permitió a burócratas no electos dirigir el Gobierno sin supervisión presidencial. Si se concluye que así fue, toda orden ejecutiva, indulto y acción oficial tomada en nombre de Biden podría ser constitucionalmente nula.

Las pruebas son abrumadoras. Sabemos que los asesores de Biden intentaron desesperadamente evitar que se reuniera en persona con otros, algo que hasta los demócratas admiten. La recaudadora de fondos del DNC, Lindy Li, recientemente reveló la verdad y reconoció que Biden no estaba al mando, sino su personal, su esposa y Hunter.

Gracias a la investigación de la Heritage Foundation, ahora tenemos pruebas de que la firma de Biden estuvo automatizada durante toda su presidencia, lo que plantea serias dudas de que fuera consciente de lo que se firmaba en su nombre. 

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