Polémica por contrato adjudicado a empresa vinculada al hermano de la ministra Aagesen

El Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex), organismo adscrito al Ministerio de Transportes y dependiente funcionalmente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dirigido por la ministra Sara Aagesen, ha adjudicado un contrato por un valor de 114.466 euros a la empresa Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU. Dicha compañía está vinculada a Harald Aagesen, hermano de la titular del ministerio.

El contrato, formalizado el pasado 14 de febrero de 2025, tiene como objeto el suministro de equipos de adquisición y gestión de datos para el Cedex. Según la documentación oficial, la oferta de Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU fue la única presentada para este lote, que incluye la provisión de equipos, programas informáticos y su puesta en marcha en las instalaciones del Centro de Estudios del Transporte, una de las sedes del Cedex.

Este periódico ha revelado que dicha sociedad de origen danés y capital británico -donde Harald Aagesen es director de ventas- ha obtenido ya bajo mandato del Ejecutivo de Pedro Sánchez contratos públicos por más de 2,6 millones de euros. Con esta nueva adjudicación, que tiene la particularidad de estar relacionada directamente con el ministerio de la vicepresidenta tercera, la cifra se eleva a cerca de tres millones de euros.

Así, el logotipo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfica aparece en la resolución de la adjudicación a Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU de un lote por importe de 114.466 euros, impuestos incluidos, para la provisión de «equipos de adquisición y gestión de datos». Este lote forma parte junto a otro de un contrato denominado «Suministro de equipos de adquisición de datos y comunicación y material de instrumentación».

El pliego de licitación tiene fecha del pasado 10 de julio y la adjudicación data del pasado 14 de febrero, es decir, siendo ya vicepresidenta tercera y ministra Sara Aagesen en sustitución de la comisaria europea Teresa Ribera, a la que reemplazó el pasado 24 de noviembre.

Desde 2018, la empresa ha recibido más de 100 contratos del Gobierno central, acumulando una suma total que supera los 2,6 millones de euros. Con esta nueva adjudicación, la cifra se acerca a los 3 millones de euros, lo que ha suscitado críticas sobre un posible conflicto de interés.

La relación entre Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU y el Ministerio de Transición Ecológica ha sido objeto de debate público y político. En ocasiones anteriores, la ministra Sara Aagesen ha declarado en el Senado que ni ella ni su familia han recibido ayudas o adjudicaciones de su departamento desde su nombramiento en 2020.

Sin embargo, la sucesión de contratos obtenidos por la empresa de su hermano ha generado dudas sobre la transparencia de estos procesos de contratación pública.

Diferentes grupos de la oposición han solicitado explicaciones a la ministra y han reclamado una investigación sobre los contratos adjudicados a Hottinger Brüel & Kjaer Ibérica SLU. Según fuentes parlamentarias, la Comisión de Transparencia podría analizar el caso en próximas sesiones para determinar si ha habido irregularidades o tratos de favor.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Cedex han defendido la legalidad del proceso de adjudicación, argumentando que la empresa cumplió con todos los requisitos técnicos y administrativos. No obstante, la ausencia de otras ofertas competitivas y la reiteración de contratos adjudicados a la misma empresa han levantado suspicacias entre diversos sectores políticos y ciudadanos.

Este caso se suma a otros episodios recientes en los que se han cuestionado adjudicaciones de contratos públicos a empresas con vínculos familiares o personales con altos cargos del Gobierno. La transparencia en la gestión de fondos públicos sigue siendo un tema de interés prioritario para la opinión pública y los organismos de control.

La polémica en torno a este contrato podría intensificarse en las próximas semanas a medida que avancen las investigaciones y se pronuncien las autoridades competentes. Mientras tanto, la ministra Aagesen se enfrenta a nuevas presiones para aclarar la situación y garantizar que no haya existido ningún tipo de trato preferencial en la adjudicación de contratos gubernamentales.

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