Junts desmiente a Marlaska: se impondrá a los migrantes el catalán

Junts mantiene que el catalán será condición sine qua non para que los migrantes puedan conseguir papeles en Cataluña, tras la cesión de las competencias migratorias. Con su insistencia, desmienten las declaraciones de varios miembros del Gobierno y del PSOE, empezando por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Según explican fuentes del partido de Carles Puigdemont, incluirán el catalán como requisito para obtener los "papeles" (aunque todavía no han indicado cuáles en concreto) en el "desarrollo legislativo que cuelga del artículo 12 de la ley" pactada con los socialistas, algo que corresponde al Parlament y no al Gobierno ni al Congreso de los Diputados.

 Las fuentes aseguran que esta fórmula hará que el catalán sea requisito indispensable, "salvo que envíen al Tribunal Constitucional a tumbar la ley del Parlament", explican. Además, si no es ahora bajo el Gobierno de Salvador Illa, será cuando Junts llegue a la Generalitat.

El asunto del catalán para conseguir papeles ha sido una de las grandes polémicas desde que, la semana pasada, se conoció el texto de la proposición de ley pactada entre el PSOE y Junts.

El requerimiento ha sido considerado de "racista" por varios socios del Gobierno de coalición, incluso por miembros del propio PSOE, como el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page.

Sin embargo, ni los socialistas ni el Gobierno han acertado a dar una explicación única. Pedro Sánchez dijo el pasado jueves que "el catalán es una lengua oficial de España". "La delegación de competencias se rige por leyes estatales y por la Ley de Extranjería. La ley dice que hace falta un conocimiento de la lengua que se habla en esos territorios", aseguró.

Con sus palabras, desmentía a la ministra de Inclusión, Elma Saiz. En una entrevista en Onda Cero, ella había dicho que el idioma "no es un requisito para denegar un permiso, ni expulsar ni prohibir la entrada a una persona a nuestro país".

La declaración de Sánchez debería haber servido para poner en cintura a sus ministros, pero el titular de Interior aseguró este lunes que el catalán no será un elemento "determinante" para que una persona tenga la residencia o sea expulsada. "Es algo obvio", subrayó Grande-Marlaska.

Pero tan obvio no parece. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo este mismo lunes que el idioma "claro que es un elemento que se tiene en cuenta fundamentalmente para el arraigo" y que, según el Estatut, el catalán es el idioma "preferente" en Cataluña... aunque eso no es cierto, pues esa consideración fue precisamente una de las que anuló el Tribunal Constitucional en su sentencia de 2010.

Pero el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, insistió este martes, en una rueda de prensa (sin que ningún periodista le llegara a preguntar directamente), en que "el conocimiento de la lengua no es, ni va a ser, un requisito para expulsar a nadie ni denegar la entrada". "Otra cosa es que se reconozca como un elemento de integración", añadió.

El desarrollo legislativo
Una de las claves para solucionar este entuerto parece estar en el artículo 12 de la norma pactada por Junts y el PSOE, al que las fuentes posconvergentes hacen referencia. En su apartado cinco, se explica que "el conjunto de las facultades delegadas" a Cataluña "se ejercerán en los términos consignados en el Capítulo III del Título I" del Estatuto de Autonomía.

Este capítulo es precisamente el de "derechos y deberes lingüísticos". En él se especifica que todos los catalanes tienen derecho a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales ya sea en la Administración, como clientes o usuarios de un establecimiento o en la enseñanza.

Por lo tanto, se puede extraer la conclusión de que para su correcta integración los migrantes deberían saber catalán. De lo contrario, podrían acabar privando a un ciudadano catalán de su derecho de expresarse o ser atendido en ese idioma.

Por otro lado, tal y como ya contó este diario, el Gobierno introdujo el pasado mes de noviembre en el nuevo Reglamento de la Ley de Extranjería una cláusula que permitiría a la Generalitat exigir a los inmigrantes el conocimiento del catalán como requisito para otorgarles el permiso de residencia, o renovarlo.

 Según el texto del Reglamento, los inmigrantes tienen que "acreditar" el conocimiento de la lengua cooficial de la región en la que residen. Aunque todavía no se han establecido los mecanismos, es posible que se trate de un examen parecido al de Conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE) que se utiliza para obtener la nacionalidad por residencia.

Sin embargo, todo esto aún está en el aire. El primer paso que debe seguir la ley es su aprobación en el Congreso de los Diputados y, ahora mismo, al PSOE y a Junts no les dan los números. Tanto Podemos como algunos miembros de Sumar consideran que es un texto "racista" y no están dispuestos a apoyarlos de momento. No obstante, los socialistas y los posconvergentes esperan convencerlos finalmente.

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