Las mentiras y la mala Gestión de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez durante la Pandemia de COVID-19

La gestión de la pandemia de COVID-19 por parte del gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos) ha sido objeto de una fuerte controversia y críticas, especialmente en lo que respecta a la autorización de la manifestación del 8 de marzo de 2020, celebrada en el Día Internacional de la Mujer.

​Durante la pandemia de COVID-19, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, fue objeto de críticas por parte de la oposición y algunos medios de comunicación, quienes le acusaron de falta de transparencia y de proporcionar información inexacta.

Por ejemplo, se le señaló por referirse a un supuesto informe de la Universidad Johns Hopkins que situaba a España entre los países que más pruebas diagnósticas realizaban, informe que, según algunas fuentes, no existía.

Además, el Consejo de Europa criticó la suspensión de plazos administrativos para responder solicitudes de información pública durante el estado de alarma, considerando que esta medida afectó la capacidad de los periodistas para obtener datos sobre la gestión de la crisis sanitaria. Estas situaciones alimentaron las acusaciones de falta de transparencia y manejo inadecuado de la información por parte del Gobierno durante la pandemia.​

Las Mentiras de Pedro Sánchez Durante la Pandemia

Durante la gestión de la pandemia de COVID-19 en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue acusado en diversas ocasiones de falta de transparencia y de difundir información inexacta. Estas acusaciones provinieron tanto de la oposición política como de algunos medios de comunicación y organizaciones internacionales.

1. El Informe Inexistente de Johns Hopkins
Uno de los casos más notorios fue cuando Pedro Sánchez afirmó que un informe de la Universidad Johns Hopkins situaba a España entre los países que más pruebas diagnósticas realizaban. Sin embargo, este informe nunca existió, lo que generó una gran controversia y críticas por parte de la oposición y la prensa.

2. La Suspensión de la Transparencia Informativa
Durante el estado de alarma, el Gobierno suspendió los plazos administrativos para responder a solicitudes de información pública. Esta medida fue criticada por el Consejo de Europa, que la consideró un obstáculo para que los periodistas y la sociedad accedieran a datos sobre la gestión de la crisis sanitaria.

3. Datos Contradictorios Sobre Fallecidos
El Ejecutivo también fue cuestionado por la falta de coherencia en las cifras de fallecidos. Diferentes organismos, como el Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), presentaron cifras que no coincidían con las oficiales ofrecidas por el Gobierno.

4. Gestión de Material Sanitario
Otro aspecto controvertido fue la compra y distribución de material sanitario. Se denunciaron casos de contratos opacos y adquisición de material defectuoso, como mascarillas y test rápidos, lo que afectó la respuesta sanitaria.

Irene Montero, "no podemos besar para no contagiarnos"

Durante la manifestación del 8 de marzo de 2020, Irene Montero, quien en ese momento era Ministra de Igualdad en España, dijo que las mujeres no tenían "prohibido besarse ni abrazarse".

Esto lo afirmó en referencia a las advertencias sanitarias por la llegada del COVID-19, que ya estaba comenzando a expandirse en España. Sin embargo, desde el Gobierno se minimizó la gravedad del virus en ese momento, y se alentó a participar en las manifestaciones feministas.

La frase completa de Irene Montero fue:

"Nos va la vida en ello, y que sepáis que no tenemos miedo. Que sepáis que no tenemos prohibido besarnos y abrazarnos en este 8M."
Esta declaración fue muy polémica después, cuando la pandemia estalló y se impusieron confinamientos y restricciones sociales.

La gestión sanitaria y la tardanza en la toma de decisiones
Uno de los principales puntos de crítica fue la aparente lentitud y falta de previsión con la que el gobierno actuó frente a la creciente amenaza del virus. A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya había advertido sobre la gravedad del COVID-19 y otros países europeos estaban implementando medidas restrictivas, España tardó en reaccionar.

El gobierno permitió que se llevaran a cabo eventos multitudinarios, como la manifestación feminista del 8M, así como eventos deportivos y conciertos, lo que contribuyó a la rápida propagación del virus. Muchos críticos argumentan que esta decisión fue motivada por razones ideológicas y políticas, priorizando la agenda feminista por encima de la salud pública.

La manifestación del 8M: ¿Imprudencia o negligencia?
La celebración del 8M, que reunió a miles de personas en las calles de varias ciudades españolas, se convirtió en un foco de contagio masivo. Informes posteriores revelaron que el gobierno ya contaba con información sobre la peligrosidad del virus y su transmisión comunitaria, pero decidieron no cancelar el evento.

El entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, y Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, minimizaron el riesgo en declaraciones públicas, lo que generó confusión y una falsa sensación de seguridad entre la población. Esta falta de transparencia y la negativa a actuar de manera preventiva fueron duramente criticadas por la oposición y por expertos en salud pública.

La gestión de Pablo Iglesias y la falta de coordinación
Pablo Iglesias, como vicepresidente segundo del gobierno, también tuvo una responsabilidad importante en la gestión social y económica de la crisis. Sin embargo, su enfoque estuvo más centrado en las medidas de protección social, como el ingreso mínimo vital, mientras que la coordinación con las comunidades autónomas y la respuesta sanitaria quedaron en un segundo plano.

No, nunca existió un "Comité de Expertos" 

No, nunca existió un "Comité de Expertos" durante la gestión de la pandemia de COVID-19 en España, a pesar de que el gobierno de Pedro Sánchez afirmó en repetidas ocasiones que las decisiones se basaban en las recomendaciones de un supuesto comité científico.

¿Cómo se descubrió?
Durante meses, el gobierno justificó decisiones como el confinamiento o las fases de desescalada en base a este "comité de expertos".

Sin embargo, cuando se solicitó información sobre la identidad de estos expertos, el Ministerio de Sanidad admitió que dicho comité nunca existió.

El propio Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), reconoció que las decisiones eran tomadas por él y su equipo, pero sin un comité asesor externo como se había hecho creer.

¿Por qué es importante?
La existencia de un comité de expertos era clave para dar credibilidad científica a las decisiones políticas durante el confinamiento y la desescalada.

Sin embargo, al destaparse que no existía, se evidenció que las decisiones eran puramente políticas y no basadas en criterios técnicos independientes.

¿Qué consecuencias tuvo?
Generó una gran controversia y pérdida de confianza en la gestión del gobierno.
Fue considerado por muchos sectores como una manipulación de la opinión pública.
Este escándalo es conocido como "la farsa del Comité de Expertos".

Iglesias fue criticado por su falta de liderazgo en la gestión de residencias de ancianos, donde se produjo un gran número de fallecimientos debido a la falta de recursos y la descoordinación entre el gobierno central y las administraciones regionales.

Además, su retórica polarizadora y su insistencia en culpar a la derecha y a los medios de comunicación de la crisis sanitaria no ayudaron a generar un clima de unidad nacional.

Conclusión
La gestión de la pandemia por parte de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias estuvo marcada por la falta de previsión, la priorización de intereses ideológicos y la descoordinación entre las distintas administraciones. La decisión de permitir la manifestación del 8M, a pesar de las advertencias sanitarias, fue un error grave que tuvo consecuencias devastadoras para la salud pública.

Si bien el gobierno implementó medidas económicas y sociales para paliar los efectos de la crisis, la falta de transparencia y la politización de la pandemia erosionaron la confianza ciudadana y aumentaron la polarización social.

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