La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y los miembros de la Mesa del Congreso pertenecientes al PSOE y Sumar podrían haber incurrido en hasta tres delitos tras la eliminación de dos enmiendas aprobadas por el Senado en el Proyecto de Ley de Pérdidas y Desperdicio Alimentario.

Esta decisión ha generado una gran controversia y ha sido calificada como inédita en democracia por expertos en derecho parlamentario.

Los hechos
El pasado jueves, la Mesa del Congreso eliminó dos enmiendas introducidas por el Senado antes de la votación final de la ley en el Pleno del Congreso.

Una de las enmiendas proponía una rebaja del 2% en el IVA de ciertos alimentos básicos, mientras que la otra afectaba al régimen transitorio de retribución para plantas de cogeneración. La justificación de la Mesa fue que estas medidas afectaban el gasto presupuestario y, por tanto, debían ser eliminadas.

«Jamás hemos visto esto, nunca; no hay ni un precedente. Esto es una osadía más». Esta ha sido la reacción de algunos de los letrados de la Cámara tras la reunión de la Mesa del Congreso, celebrada este martes, en la que se analizaban los asuntos que van al Pleno de esta semana.

Uno de ellos, que se vota este jueves, es el Proyecto de Ley de Pérdidas y Desperdicio Alimentario que, tras pasar por el Senado, regresa al Congreso con nuevas enmiendas para su aprobación final.

Posibles delitos
Expertos y letrados del Congreso han advertido que esta acción podría constituir tres delitos:

Prevaricación, por adoptar una decisión contraria a derecho de manera arbitraria.
Infidelidad en la custodia de documentos, por alterar el contenido del proyecto legislativo remitido por el Senado.
Falsedad documental, al modificar un documento oficial sin respetar el procedimiento legalmente establecido.

El principal argumento jurídico en contra de esta decisión se basa en el artículo 90 de la Constitución, que establece que las enmiendas del Senado deben ser sometidas a votación en el Congreso. Al eliminarlas sin votación, la Mesa del Congreso podría haber vulnerado este principio constitucional.

Miguel Tellado, denunció en la rueda de prensa del martes posterior a la reunión de la Junta de Portavoces que la Mesa «había hecho algo que no había hecho nunca en la historia democrática de nuestro país, permitir que el Gobierno vete enmiendas aprobadas ya por el Senado a una ley.

Lo ha hecho con el criterio en contra del letrado mayor de esta Cámara y de los servicios jurídicos del Congreso de los Diputados. Estas enmiendas aprobadas en el Senado e incorporadas al texto que se sometería a esta Cámara se suprimirán de la ley sin que el pleno las rechace, solo por el deseo expreso del Gobierno y acatamiento de ese deseo por parte de Francina Armengol. Esta es una democracia secuestrada y la secuestradora es Francina Armengol».

 Tras la denuncia de Tellado, ahora son letrados de las Cortes los que alertan de una situación inédita en democracia y acusan al PSOE y Sumar de haber podido cometer tres delitos al permitir que un texto que llega del Senado sea «mutilado» antes de que sea votado por el Congreso de los Diputados.

«Han hecho la barbaridad de llevar el Gobierno un veto en mano el mismo martes a la Mesa del Congreso, en vez de informar el lunes y acordarlo. El veto es de cada Cámara, no entre cámaras», aseguran estas fuentes jurídicas.

Reacciones y consecuencias
Ante el revuelo político, el Partido Popular ha solicitado el aplazamiento de la votación y una revisión urgente de la decisión adoptada por la Mesa. Francina Armengol ha convocado una Junta de Portavoces para analizar el escrito del PP y estudiar la legalidad de lo ocurrido.

«Una enmienda del Senado no es una enmienda, aunque se llame así, es un acuerdo del Pleno del Senado. Esto tiene un efecto penal porque están falsificando un documento oficial. El Senado manda un informe motivado y tú suprimes lo que tú quieres por acuerdo de la Mesa del Congreso; esto es un tema penal.

Es un delito de falsedad de documento porque has mutilado el documento del Senado y lo que sometes a votación no es lo que ha mandado el Senado sino lo que han querido dejar vivo. Están desesperados y se han inventado esto», insisten estas fuentes.

El desenlace de este caso podría marcar un precedente en la historia parlamentaria de España, pues nunca antes se había eliminado una enmienda del Senado sin que fuera votada por el Pleno del Congreso. De confirmarse la ilicitud de esta acción, podría derivar en responsabilidades penales para los miembros de la Mesa que tomaron la decisión.

Por ahora, la incertidumbre y la tensión política crecen en el Congreso, mientras los juristas analizan el alcance de esta polémica medida.

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