Las leyes del Gobierno ya permiten que uno de cada tres etarras presos estén en semilibertad sin cumplir toda la pena
Esta no es una decisión jurídica. Es una transacción política. La libertad de etarras se ha convertido en moneda de cambio. El chantaje de los herederos de ETA ha encontrado en Sánchez a un presidente dispuesto a pagar con dignidad ajena
El Gobierno ha cruzado una línea roja. No es una exageración ni un recurso retórico: uno de cada tres presos de ETA ya disfruta del tercer grado, es decir, de una vida en semilibertad, mientras las víctimas del terrorismo siguen encarceladas en su dolor perpetuo.
La reciente reforma legal que permite descontar condenas cumplidas en el extranjero, como en Francia, no es más que la última de una serie de decisiones políticas que dan la espalda al principio fundamental de justicia: que quien comete un crimen atroz, lo paga con todo el peso de la ley. No a plazos. No a medias. No con privilegios.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) ha denunciado que los últimos terceros grados concedidos esta semana por el Gobierno vasco a presos de la banda terrorista ETA son en realidad "indultos encubiertos", y ha lamentado que el 30% de los etarras ya tienen condición de semilibertad, el paso previo a que sean "finalmente libres".
Así lo ha asegurado la asociación presidida por Maite Araluce en un comunicado en el que denuncia que se ha puesto de manifiesto que se está "ante una sucesión imparable de indultos encubiertos" dentro de "una hoja de ruta" de la que la AVT lleva "muchos años avisando": "Primero cerca, luego semilibres y, finalmente, libres".
Reinserción? No, Recompensa.
Bajo el disfraz de una política “humanitaria” y “europeísta”, se esconde una claudicación moral. La reinserción no puede ser automática ni ciega.
Mucho menos cuando hablamos de personas que jamás han colaborado con la Justicia, que no han mostrado arrepentimiento y que han sido homenajeadas públicamente a su salida de prisión como si fueran héroes. ¿En qué clase de país se premia a los verdugos y se olvida a las víctimas?
Pedro Sánchez: el presidente que suelta asesinos a cambio de poder
Pedro Sánchez ha elegido: prefiere seguir en La Moncloa antes que defender la memoria y la justicia. ¿Puede soltar a asesinos con delitos de sangre sin que hayan cumplido sus penas íntegras? Sí. ¿Lo está haciendo?
También. Y lo hace a cambio de votos. A cambio de poder. A cambio de sillones. No hay ambigüedad: el tercer grado, los beneficios penitenciarios y la reforma legal para acortar condenas son parte del peaje que paga Sánchez a sus socios de investidura, algunos de los cuales jamás han condenado la violencia terrorista.
Esta no es una decisión jurídica. Es una transacción política. La libertad de etarras se ha convertido en moneda de cambio. El chantaje de los herederos de ETA ha encontrado en Sánchez a un presidente dispuesto a pagar con dignidad ajena.
El Gobierno Vasco como facilitador
Desde que el Ejecutivo vasco asumió las competencias penitenciarias, la progresión de grado se ha convertido en un trámite casi administrativo para los etarras. De los 28 que disfrutan del tercer grado, 25 lo han conseguido bajo la tutela autonómica.
¿Casualidad? No. Es una estrategia cuidadosamente diseñada para blanquear el historial criminal de ETA con el barniz de una supuesta “normalización”. Normalizar que quien mató, secuestró o extorsionó pueda ahora dormir en casa.
La ley como instrumento ideológico
Este no es un simple asunto penitenciario. Es una maniobra ideológica. Cambiar las leyes para permitir salidas anticipadas, reducir condenas o aplicar beneficios de forma generosa a quienes formaron parte de una organización terrorista es una forma de reescribir la historia por la puerta de atrás.
Es un intento de igualar al asesino con su víctima, al carcelero con el secuestrado. Es una forma sutil, pero efectiva, de decir que el daño cometido ya no importa. Que la justicia es flexible. Que la memoria es negociable.
¿Y las víctimas? Silencio institucional.
Las asociaciones de víctimas han sido sistemáticamente ignoradas, cuando no despreciadas. Su clamor no cabe en la narrativa gubernamental de la “convivencia”. Pero no puede haber convivencia si no hay justicia. No puede haber paz verdadera si se cede al chantaje del olvido. No puede construirse una democracia sólida sobre la impunidad maquillada.
Sánchez ha elegido su bando, y no es el de las víctimas
Pedro Sánchez no está obligado a soltar etarras. Lo hace porque necesita los votos de quienes se sientan a negociar con los herederos del odio.
Ha optado por pactar con quienes aplauden homenajes a asesinos, en vez de con quienes lloran por sus muertos. Y esa elección —política, voluntaria y consciente— no es solo una traición a las víctimas, es una traición a toda España.
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