Pedro Sánchez ha decidido que no basta con gobernar: ahora también quiere convencernos, a golpe de talonario público, de que su Gobierno representa una democracia plena. Para ello ha lanzado una campaña institucional llamada «El valor de las libertades y la democracia en España», que costará más de 8 millones de euros entre 2025 y 2026.

El problema no es solo el despilfarro. El verdadero escándalo es la hipocresía colosal de una campaña que pretende blanquear con propaganda lo que se ha erosionado con hechos. Porque si algo ha caracterizado al mandato de Sánchez no ha sido precisamente el respeto escrupuloso a las instituciones, la pluralidad o la independencia de poderes.

 Cuando la democracia se grita en pancartas, es que se ha perdido en los hechos
Resulta ofensivo que el presidente que ha colonizado el Tribunal Constitucional, convertido a la Fiscalía en un brazo político del Ejecutivo y vetado toda crítica desde la prensa libre, se atreva ahora a hablar de “valores democráticos” como si fueran un producto publicitario.

Esta campaña millonaria, que se presenta como una iniciativa para “combatir la desinformación”, es en realidad un ejercicio de propaganda institucional al más puro estilo de los regímenes autoritarios. Porque eso es lo que hacen los gobiernos inseguros de su legitimidad: fabrican una narrativa a base de repetir lemas, silenciar opositores y comprar lealtades.

 Control institucional y prensa subvencionada: la receta del poder absoluto
La estrategia de Sánchez ha sido clara: ocupar, neutralizar o domesticar cualquier centro de poder que no esté bajo su control directo. El Poder Judicial lleva años controlado por el Gobierno y se niega a aceptar una elección independiente. El Constitucional y el Consejo de Estado están repletos de perfiles afines. La Fiscalía General del Estado actúa como escudo político.

Y mientras tanto, los medios de comunicación han recibido más de 100 millones de euros de fondos europeos bajo el pretexto de la digitalización, una maniobra que, en la práctica, ha servido para comprar silencio y obediencia. Los medios afines prosperan con contratos y subvenciones. Los críticos, en cambio, son marginados, vetados o asfixiados financieramente.

Esto no es pluralismo informativo. Es clientelismo mediático con dinero de todos.

 Comparaciones ofensivas y prioridades tergiversadas
Mientras se dilapidan millones en lavar la imagen de un sistema que cruje por dentro, otras campañas institucionales esenciales reciben menos atención y menos recursos. La lucha contra la violencia de género (5,9 millones), la información sobre el Ingreso Mínimo Vital (1,8 millones), o las becas educativas (850.000 euros), quedan muy por debajo del gasto destinado a este lavado de cara democrático.

¿En qué clase de país es más urgente convencer a la población de que vive en una democracia que asegurar su acceso a derechos fundamentales?

 La forma, el fondo y el miedo
Esta campaña no busca informar ni educar. Busca reafirmar una imagen de poder que cada vez se tambalea más. Y lo hace con técnicas cada vez más cercanas al populismo autoritario: la imposición de un relato oficial, la criminalización de la crítica y el uso del Estado como instrumento de partido.

Una democracia auténtica no necesita repetirse a sí misma como un mantra. Se demuestra en la práctica: en jueces independientes, en prensa libre, en separación de poderes, en transparencia real. Cuando un Gobierno gasta millones en decirnos que somos libres, es que teme que nos demos cuenta de que ya no lo somos tanto.

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