Rosa María Freire abre la puerta a imputaciones por malversación en las contrataciones públicas ligadas a Ábalos

La magistrada Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid, ha dado un paso clave en la investigación de una presunta trama de malversación de caudales públicos en empresas del sector público. En el centro del caso se encuentra Jésica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien según la denuncia del sindicato Manos Limpias habría percibido un salario público durante un periodo de casi tres años sin realizar actividad laboral alguna.

La denuncia, interpuesta el pasado mes de marzo en los Juzgados de Plaza de Castilla, también implica a los responsables de Recursos Humanos de las empresas públicas Ineco y Tragsatec, quienes habrían formalizado su contratación a instancia del entorno del exministro. Además, el escrito de acusación apunta a Koldo García, estrecho colaborador de Ábalos, y a su hermano Joseba García, en calidad de "cooperadores necesarios".

Un caso con fuertes implicaciones políticas
El procedimiento judicial ha recaído sobre una jueza conocida por su independencia y su historial en casos de fuerte carga política. Rosa María Freire fue la instructora del caso en que se procesó al Partido Popular en 2016 por el borrado de los discos duros de los ordenadores utilizados por el extesorero Luis Bárcenas, una causa que llevó a la acusación del partido por delitos de encubrimiento y daños informáticos. En aquella ocasión, el PP intentó recusarla por supuesta cercanía con el PSOE, pero la Audiencia Provincial desestimó la petición, reforzando su reputación de imparcialidad judicial.

Ahora, el foco de su juzgado se dirige a una posible red de enchufismo institucionalizado dentro del sector público, que habría sido utilizada para retribuir con fondos públicos a una persona sin funciones asignadas, presuntamente por su relación personal con un alto cargo del Ejecutivo.

Contratación a dedo y ausencia laboral reconocida
La base principal de la denuncia de Manos Limpias es la declaración judicial de Jésica Rodríguez ante el Tribunal Supremo, en la que la propia implicada reconoció que fue contratada gracias a su relación con José Luis Ábalos y que nunca acudió a trabajar. Afirmó también no saber "ni remotamente" cuál era su función, pese a figurar como trabajadora en empresas de titularidad pública. Esta testifical ha sido incluida como prueba en la denuncia.

En el sumario del denominado “caso Koldo”, se revelan comunicaciones clave que apuntan a la instrumentalización de empresas públicas para fines personales. Entre ellas, un mensaje enviado por Koldo García a Isabel Pardo de Vera, entonces presidenta de Adif, en el que se lee: “Solo una cosa: que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de yoseba, que si no, Jose me corta los huevos” (sic).

A partir de esa gestión, se formalizó un contrato laboral para Rodríguez, cuya vinculación formal con Ineco y Tragsatec quedó registrada en sus sistemas administrativos. Sin embargo, según la denuncia, no existe constancia alguna de que haya realizado tareas laborales, y los propios mensajes entre Jésica y Koldo, incautados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, refuerzan esa versión. En uno de ellos, la joven llega a confesar: “No tengo ni puta idea de lo que se hace aquí”.

La jueza exige aclaraciones sobre el acceso a la prueba clave
Antes de pronunciarse sobre la admisión a trámite de la denuncia, la jueza Freire ha requerido a Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, que justifique su legitimación para acceder a la testifical sumarial de Rodríguez. En su requerimiento judicial, Freire pide que se aclare cómo obtuvo la grabación o transcripción de la declaración realizada ante el Supremo y si cuenta con autorización expresa del juez instructor de la causa principal para su divulgación y uso en una nueva denuncia.

Este paso es crucial para validar la legalidad de las pruebas aportadas por el sindicato y evitar que la causa se vea viciada por defectos procesales. En caso de que se confirme la legalidad del acceso y se consideren suficientes los indicios presentados, la denuncia podría ser admitida a trámite y dar paso a la imputación formal de los investigados.

¿Delito de malversación y prevaricación?
Los hechos descritos podrían constituir delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y tráfico de influencias, según fuentes jurídicas. En particular, la malversación está penada con hasta ocho años de prisión si se acredita que funcionarios públicos facilitaron pagos indebidos con fondos del Estado.

Desde la Fiscalía Anticorrupción, algunas fuentes ya han manifestado que existen indicios razonables de que se utilizó el aparato del Estado para favorecer a una persona sin méritos profesionales, por el simple hecho de mantener una relación sentimental con un alto cargo.

Este tipo de prácticas no solo afectan a la integridad de la administración pública, sino que erosionan la confianza ciudadana en la equidad del sistema y el correcto uso del dinero público.

Próximos pasos
En los próximos días, la jueza Freire deberá decidir si acepta la denuncia y si abre diligencias previas de investigación penal contra Jésica Rodríguez, los responsables de Recursos Humanos de Ineco y Tragsatec, así como contra los hermanos García. De abrirse formalmente la instrucción, los implicados podrían ser citados en calidad de investigados (imputados), y el caso se convertiría en un nuevo frente judicial para el entorno del exministro Ábalos, ya golpeado por las revelaciones del caso Koldo.

La instrucción promete convertirse en uno de los escándalos políticos y judiciales más sonados del año, tanto por los personajes involucrados como por la magnitud de los recursos públicos presuntamente desviados para favorecer a personas del círculo personal de poder.

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