Confirman la rebaja de condena a dos violadores de 'La Manada' por la ley del 'sólo sí es sí' del gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez pasará a la historia no solo por su oportunismo político, sino por haber impulsado leyes que, lejos de proteger a las víctimas, han acabado beneficiando a los agresores.

La ley del “sólo sí es sí”, promovida por la exministra de Igualdad Irene Montero y respaldada con entusiasmo por Sánchez, se ha convertido en el símbolo de un gobierno más preocupado por su agenda ideológica que por la realidad de quienes sufren violencia sexual.

Lo que nació como una supuesta conquista feminista terminó siendo un boomerang judicial. Violadores como los de 'La Manada' han visto sus condenas reducidas. ¿Y qué hace el Gobierno? Nada. Peor aún: se enroca, justifica, maquilla, y da la espalda a las víctimas. ¿En qué cabeza cabe que una ley que prometía ser más dura con los agresores acabe aliviando sus penas?

Irene Montero ha defendido hasta el final una norma mal diseñada, mal ejecutada y socialmente devastadora. La ministra no ha mostrado ni un ápice de autocrítica, ni siquiera tras saberse que decenas de condenados por delitos sexuales han visto revisadas y rebajadas sus penas. Su respuesta ha sido insistir en que todo está “dentro del marco legal” y que “no se cuestiona la gravedad del delito”. Pero las víctimas, mientras tanto, ven cómo sus agresores salen antes de prisión. ¿Eso es justicia?

Pedro Sánchez, por su parte, ha preferido mirar hacia otro lado. Como presidente del Gobierno, tenía la responsabilidad de frenar una ley chapucera que ya en su tramitación generaba dudas entre jueces y juristas. Pero eligió el aplauso fácil antes que la prudencia jurídica. Su silencio ante el caos provocado por esta ley es tan cómplice como el discurso de Montero.

El caso de 'La Manada' es solo el ejemplo más mediático, pero no es único. La cascada de rebajas de condenas a violadores que ha provocado esta ley demuestra que el problema no es un “error técnico”, como se han esforzado en vender, sino un fallo estructural de una legislación que nunca debió aprobarse tal y como estaba redactada.

El colmo de la desvergüenza es que ni siquiera con los datos en la mano el Ejecutivo se retracta. No hay rectificación. No hay asunción de responsabilidades. Solo hay propaganda, victimismo político y culpas dirigidas a los jueces por "interpretar mal la ley". Es indignante.

¿Qué clase de feminismo es este que convierte en más leve el castigo a los agresores sexuales? ¿Qué clase de gobierno dice estar al lado de las víctimas mientras legisla para sus verdugos? Pedro Sánchez e Irene Montero han demostrado que su prioridad no es la justicia, ni la protección de las mujeres, sino el rédito político a corto plazo y la imposición de un relato.

La justicia no puede ni debe ser rehén de la ideología. La protección de las mujeres no puede construirse sobre una ley fallida. Y España no puede seguir gobernada por quienes niegan las consecuencias de sus propios errores. Es hora de asumir responsabilidades y de poner fin a un experimento legislativo que ha tenido consecuencias reales, dolorosas y peligrosas.

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