Sánchez llama "operador privado" a Red Eléctrica, cuyo mayor accionista es el Estado y su presidenta es del PSOE

En su intervención del lunes, el presidente del Gobierno volvió a protagonizar un ejercicio preocupante de ambigüedad y tergiversación. En lugar de ofrecer explicaciones claras y contundentes sobre cuestiones de fondo que afectan directamente a los ciudadanos, optó por declaraciones vagas, incompletas y, en algunos casos, francamente inexactas.

Uno de los casos más llamativos fue su referencia a Red Eléctrica de España (REE), a la que describió como un “operador privado”. Esta afirmación, aparentemente inocua para el oyente poco informado, esconde una enorme carga de manipulación.

Red Eléctrica de España: ¿Privada o Pública?
REE es, efectivamente, una empresa que cotiza en bolsa. Pero la cotización bursátil no equivale a independencia del poder político. Su matriz, Redeia, tiene como principal accionista a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el brazo inversor del Estado. La SEPI posee un 20% del capital de Redeia, y aunque sobre el papel no ostenta el control mayoritario, en la práctica actúa como el actor dominante debido a la atomización del resto del accionariado.

Los siguientes accionistas en la lista son Pontegadea, la sociedad de inversiones de Amancio Ortega, con apenas un 5%, y BlackRock, el mayor fondo del mundo, que apenas supera el 4,6%. Ninguno de ellos se acerca siquiera a tener el peso ni la capacidad de influencia que posee la SEPI. La diferencia es clara: mientras estos actores financieros no tienen vocación de intervención directa en la gestión, la SEPI sí, y lo demuestra en la práctica.

El control Político de Redeia
El ejemplo más flagrante del control político sobre REE se encuentra en su presidencia. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia desde 2020, es una figura estrechamente vinculada al PSOE. Exministra de Vivienda en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y, hasta poco antes de su nombramiento, Secretaria de Ordenación del Territorio y Políticas de Vivienda del PSOE, Corredor representa una de esas “puertas giratorias” que tanto se critican desde la oposición, pero que siguen funcionando con total normalidad bajo el actual Ejecutivo.

Su experiencia en el sector eléctrico o empresarial es, por decirlo suavemente, limitada. Su nombramiento no responde a méritos técnicos, sino a lealtades políticas. Esta práctica contradice el discurso oficial de profesionalización y despolitización del sector público empresarial. Además, su antecesor, Jordi Sevilla, tampoco era ajeno al aparato socialista. También él fue ministro con Zapatero. El patrón es evidente: Redeia funciona como una prolongación del poder ejecutivo más que como una empresa independiente.

El Riesgo de la manipulación del lenguaje
Calificar a REE como un “operador privado” no es un simple error semántico: es una estrategia deliberada. Esta afirmación busca desactivar cualquier crítica sobre el intervencionismo del Estado en sectores estratégicos. Se vende la imagen de una empresa moderna, autónoma, ajena a injerencias partidistas, cuando la realidad es que el Estado —y concretamente el partido que gobierna— mantiene un control férreo sobre su gestión y su dirección.

En un país donde la neutralidad institucional debería ser un pilar de la democracia, esta confusión interesada no sólo engaña a los ciudadanos, sino que erosiona la confianza en las declaraciones oficiales. La transparencia no puede construirse sobre eufemismos.

¿Qué implicaciones tiene este control?
La REE gestiona la infraestructura eléctrica básica del país. Es decir, es responsable del transporte de la electricidad y del correcto funcionamiento de un sistema energético complejo, donde la neutralidad y la competencia real son fundamentales. Si el Estado —a través del partido gobernante— domina esta estructura, se abre la puerta a decisiones no técnicas, sino políticas, sobre cuestiones tan sensibles como las inversiones, las tarifas, o el acceso a la red para determinados actores.

Además, el mensaje que se lanza al mercado y a los inversores es preocupante: el mérito profesional queda supeditado a la afinidad ideológica. En lugar de buscar a los mejores gestores, se promociona a figuras del partido. Esta lógica clientelar es el verdadero lastre de muchas empresas públicas y semi-públicas en España.

La verdad importa
El presidente del Gobierno puede insistir en describir a REE como una empresa privada, pero los hechos lo desmienten. Y no es una cuestión menor. Estamos hablando de un operador estratégico que gestiona infraestructuras críticas, y cuya independencia debería estar garantizada por encima de toda sospecha. Lamentablemente, hoy no lo está.

La confusión deliberada entre lo público y lo privado, el uso partidista de las empresas estratégicas y la colonización política de sus estructuras son síntomas de una cultura institucional deteriorada. No se trata sólo de un debate económico o técnico, sino de una cuestión de principios democráticos.

Cuando el poder miente —aunque lo haga con sutileza— la crítica no es sólo necesaria: es una obligación cívica.

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