El Gobierno de Illa pacta con ERC la imposición del catalán en la empresa privada y en la Administración del Estado

El Gobierno de la Generalitat, bajo la batuta del PSC y en colaboración con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y los comunes, ha anunciado la firma del denominado Pacto Nacional por la Lengua. Este documento, presentado como una hoja de ruta para “proteger y promover” el uso del catalán, va mucho más allá de un simple fomento cultural o lingüístico.

 El contenido del pacto revela una clara voluntad de imponer el catalán como lengua prioritaria —y, de facto, exclusiva— en el ámbito público y privado, extendiendo su uso obligatorio a empresas, instituciones estatales y servicios públicos en Cataluña.

Lejos de ser una estrategia de normalización lingüística consensuada, el pacto representa una profundización del proyecto nacionalista de construcción identitaria, que utiliza la lengua como instrumento de diferenciación y como vehículo de presión institucional y social. En este artículo se analizarán los aspectos más controvertidos de este acuerdo, sus posibles consecuencias para la convivencia lingüística y su encaje dentro del marco legal español y europeo.

 1. El contenido del pacto: entre el fomento y la imposición
El documento establece objetivos que pretenden extender el uso del catalán a todos los niveles, con especial énfasis en:

El sector privado: se impulsa que el catalán se convierta en la lengua habitual en los centros de trabajo. No como opción, sino como norma a seguir.

Contratación pública: se promueve incluir cláusulas lingüísticas obligatorias que exijan el conocimiento del catalán para acceder a contratos con la Generalitat. Esto afectaría tanto a pequeñas empresas como a grandes concesionarias.

Administración General del Estado: se exige que el catalán tenga “oficialidad plena” en todas las actividades del Estado en Cataluña, incluidas empresas públicas y concesionarias estatales (puertos, aeropuertos, Correos, Renfe, etc.).

Estas directrices no solo buscan fomentar el uso de una lengua cooficial, sino transformar el catalán en condición sine qua non para operar, trabajar o relacionarse con el sector público en Cataluña. Esta estrategia vulnera principios fundamentales como la libertad lingüística, la neutralidad institucional y la igualdad de acceso al empleo público y privado.

 2. La instrumentalización de la lengua con fines políticos
Desde hace décadas, el nacionalismo catalán ha hecho del catalán un eje central de su proyecto político. La lengua no se concibe como un patrimonio cultural compartido, sino como una herramienta de diferenciación identitaria frente al resto de España. En este contexto, el catalán deja de ser un vehículo de comunicación para convertirse en un símbolo de pertenencia política y territorial.

La colaboración del PSC en este pacto es especialmente llamativa. Históricamente, el socialismo catalán defendía el bilingüismo integrador. Sin embargo, bajo la dirección de Salvador Illa, el PSC ha optado por alinearse con los postulados del separatismo en lo lingüístico. Esto no solo supone un abandono del pluralismo, sino también un peligroso blanqueamiento de políticas identitarias excluyentes.

 3. Efectos prácticos: discriminación, inseguridad jurídica y pérdida de competitividad
Los efectos del pacto, si se lleva a cabo tal como está planteado, serían múltiples y preocupantes:

a. Discriminación laboral
La exigencia del catalán como requisito general para acceder a contratos públicos o empleo en Cataluña perjudica gravemente a los castellanohablantes y a cualquier ciudadano español que no domine la lengua catalana. Esta condición es discriminatoria y limita la igualdad de oportunidades, infringiendo principios constitucionales básicos.

b. Inseguridad jurídica para empresas
Las cláusulas lingüísticas en contratos públicos y la presión para imponer el catalán en la actividad privada crean un entorno de inseguridad jurídica y sobrecarga regulatoria para autónomos y empresas. Especialmente para aquellas de fuera de Cataluña que quieran operar en la comunidad.

c. Impacto económico y fuga de talento
Imponer una lengua minoritaria como condición operativa puede llevar a una fuga de empresas, pérdida de inversiones y desincentivo al emprendimiento. En un mundo globalizado, la competitividad se basa en la apertura y la flexibilidad, no en la imposición identitaria.

 4. Un desafío legal a la Constitución y a la UE
El artículo 3 de la Constitución Española establece que el castellano es la lengua oficial del Estado y que nadie podrá ser discriminado por razón de lengua. Asimismo, las lenguas cooficiales deben convivir en un plano de igualdad, no de supremacía de unas sobre otras.

El pacto vulnera claramente este principio al promover la exclusividad del catalán en ámbitos donde debe garantizarse el bilingüismo. Además, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha recordado en varias ocasiones que el catalán no puede imponerse como única lengua vehicular o administrativa en detrimento del castellano.

A nivel europeo, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, a la que a menudo apelan los nacionalistas, no autoriza la imposición de una lengua minoritaria, sino su protección sin menoscabar derechos fundamentales ni la lengua oficial del Estado.

 5. Consecuencias sociales: tensión, exclusión y fractura
El fomento forzado del catalán fractura la convivencia lingüística y social en Cataluña. Genera desconfianza, obliga a elegir entre lenguas y estigmatiza a quienes usan el castellano. La imposición no crea hablantes, sino resistencia, rechazo y polarización.

Muchos catalanes castellanohablantes —que también son catalanes— se sienten excluidos o señalados en el espacio público, laboral y educativo. En lugar de unir, este pacto ahonda en la lógica del “ellos y nosotros”, propia del nacionalismo excluyente.

 Un pacto que no es por la lengua, sino contra el pluralismo
El denominado Pacto Nacional por la Lengua no busca proteger una lengua minoritaria, sino instrumentalizarla como ariete ideológico. El uso del catalán se convierte en un medio de presión institucional y de conformación identitaria, en lugar de un valor compartido y enriquecedor.

Más allá del maquillaje progresista, el pacto representa una forma de nacionalismo lingüístico autoritario, que contradice los principios de convivencia, legalidad constitucional, neutralidad institucional y libertad individual.

En lugar de promover el catalán desde el respeto y el consenso, se opta por la imposición y la exclusión. En nombre de la diversidad, se sacrifica la pluralidad.

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