Los Diputados: Privilegios de la casta política a costa del pueblo, "hay que suprimir privilegios

 En el imaginario democrático, los diputados deberían ser servidores públicos, elegidos para representar a la ciudadanía, legislar en favor del bien común y ejercer control sobre el Gobierno. Sin embargo, en España, la figura del diputado se ha convertido —para muchos— en símbolo de desconexión, privilegio y abuso institucionalizado.

Lejos de ser una vocación de servicio, ser diputado se ha transformado en una carrera de privilegios blindados, sostenida por el esfuerzo fiscal de una ciudadanía que, a menudo, vive peor que aquellos a quienes paga por representarlos. Este artículo expone en detalle los principales beneficios, trampas fiscales y contradicciones del sistema parlamentario español.

 1. Sueldos elevados y exenciones fiscales injustificadas
Un diputado español cobra un sueldo base de más de 3.100 euros mensuales, al que se suman complementos que dependen del cargo o del lugar de residencia. Por ejemplo:

Los diputados de fuera de Madrid reciben un plus de 2.000 €/mes para gastos de alojamiento.
Los portavoces y miembros de la Mesa del Congreso pueden superar los 7.000 €/mes fácilmente.
Pero lo más escandaloso es que parte de estas cantidades están exentas de IRPF, especialmente las dietas y asignaciones por desplazamiento, lo que significa que:

Un trabajador con 2.000 € brutos paga más impuestos que un diputado con 6.000 € mensuales.
Estas exenciones —amparadas en tecnicismos— son una forma de evadir impuestos legalmente mientras se exige a la ciudadanía que "arrime el hombro" ante cada crisis.

 2. Inmunidad parlamentaria: Fuero para la impunidad
En España, los diputados gozan de fuero parlamentario, lo que significa que no pueden ser juzgados por tribunales ordinarios, sino solo por el Tribunal Supremo.

Esto supone una protección excepcional que:

Dificulta investigaciones judiciales.
Ralentiza procesos penales por corrupción.
Otorga una posición de superioridad jurídica frente al ciudadano común.
Este privilegio debe ser eliminado. No puede haber democracia real si no hay igualdad ante la ley. El aforamiento solo sirve para blindar a los políticos de las consecuencias legales de sus actos.

 3. Pensiones y Jubilaciones privilegiadas
Hasta hace poco, los diputados tenían derecho a pensiones no contributivas muy superiores a las del resto de los ciudadanos. Aunque en teoría se han eliminado, quienes han estado en el Congreso antes de 2011 siguen cobrando estas pensiones privilegiadas, financiadas por el Estado.

Además:

Tras 7 años de cotización como parlamentarios, los diputados accedían a la máxima pensión pública (cuando un trabajador debe cotizar más de 35 años para lo mismo).

Muchos combinan la pensión con otros ingresos por cargos públicos, consultorías o empresas privadas sin ninguna incompatibilidad efectiva.

Es decir: unos pocos años en el Congreso equivalen a una jubilación dorada, mientras miles de jubilados sobreviven con pensiones mínimas tras décadas de trabajo.

 4. Congreso como oficina de colocación partidista
El Congreso de los Diputados no solo legisla: coloca. Cada diputado dispone de asesores, asistentes y personal a dedo, todos pagados con dinero público.

Estos puestos suelen ser ocupados por:

Afiliados del partido.
Amigos personales.
Familiares y personas "de confianza", sin oposiciones ni méritos.

Además, es común que familiares directos de políticos accedan a cargos públicos o reciban contratos adjudicados a dedo, tanto en administraciones locales como autonómicas.

Esta práctica debe ser terminantemente prohibida. Ningún político debería poder colocar a familiares o adjudicar contratos públicos a personas o empresas con las que tenga relación personal o económica.
La administración pública no es un cortijo. La meritocracia y la transparencia deben reemplazar al enchufismo y el clientelismo.

 5. Reelección, endogamia y lazos con el poder económico
La clase política española vive un fenómeno de endogamia institucional: decenas de diputados llevan décadas en cargos públicos o girando entre el Congreso, el Senado, gobiernos autonómicos y consejos de administración.

El paso de la política a grandes empresas (las llamadas "puertas giratorias") es habitual. Se legisla un día para una eléctrica y se trabaja para ella al siguiente, cobrando sueldos millonarios.

Este mecanismo genera:

Conflicto de intereses sistémico.
Legislaciones favorables a grandes lobbies.
Un Parlamento cada vez más alejado del ciudadano y más dependiente del poder económico.
 
6. Obediencia al partido: ¿Diputados o Marionetas?
Aunque en teoría los diputados representan a sus votantes, en la práctica no votan en conciencia ni con independencia. En el Congreso español, cada diputado debe obedecer la línea del partido, bajo pena de sanción, aislamiento o pérdida de futuro político.

Esto tiene consecuencias gravísimas:

La disciplina de voto convierte al Parlamento en un simple órgano de trámite de las decisiones del partido.
Los diputados no rinden cuentas al votante, sino a su jefe de grupo parlamentario.
Se neutraliza cualquier divergencia ideológica o debate interno.

El resultado es que España no vive una democracia real, sino una partitocracia: un sistema donde el poder se concentra en las cúpulas de los partidos, no en los ciudadanos ni en los propios representantes elegidos.

 7. Limitación de mandatos: Una urgencia Democrática
Una de las reformas más urgentes sería limitar a tres legislaturas consecutivas la presencia de cualquier diputado en el Congreso. Esto evitaría lo que hoy es habitual:

Diputados profesionales que se perpetúan 20 o 30 años en el cargo.
Carreras políticas sin mérito, muchas veces iniciadas sin estudios superiores ni experiencia laboral fuera del partido.
Aparición de políticos inamovibles e incompetentes, cuyo único mérito es obedecer a su partido y mantenerse fiel al aparato.

Tal como ya se plantea con el presidente del Gobierno, limitar mandatos evitaría la consolidación de élites estancadas y permitiría una renovación constante de ideas, perfiles y enfoques en la representación nacional.

 8. Desconexión con la realidad ciudadana
Muchos diputados no conocen el precio del transporte público, nunca han pisado un hospital colapsado ni han vivido con un salario mínimo.

Sus decisiones afectan a millones, pero su modo de vida los aleja totalmente de esa realidad. Viven en una burbuja de privilegios, formalismos y discursos huecos.

Mientras tanto:

Las listas de espera médicas se eternizan.
La vivienda es inaccesible.
Los jóvenes emigran.
Los salarios no alcanzan.
¿Y qué hace el Congreso? Largas sesiones, palabras rimbombantes, promesas vacías y votaciones dictadas por la disciplina de partido, no por la conciencia o el interés ciudadano.

 Un Parlamento de Espaldas al Pueblo
Los diputados españoles disfrutan de un sistema blindado de beneficios, protecciones y rentas, muy por encima de lo que el común de los ciudadanos podría soñar.

Mientras tanto, el Congreso no resuelve los problemas estructurales del país, no reduce su gasto ni se somete a evaluaciones serias, y mucho menos rinde cuentas de manera transparente.

No es cinismo, es estructura. El Parlamento no representa al pueblo. Representa al sistema que se protege a sí mismo.

Y mientras el ciudadano siga votando sin exigir, pagando sin protestar, y obedeciendo sin conciencia, esta realidad no solo no cambiará: se agravará.

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