Manos Limpias solicita el procesamiento del fiscal general del Estado tras la declaración de Gonzalez Amador en el Tribunal Supremo

Manos Limpias ha presentado una solicitud formal para que se procese al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de la comparecencia de Alberto González Amador ante el Tribunal Supremo (TS).

Según un escrito al que ha tenido acceso Impacto España Noticias, esta acusación popular se suma a la petición realizada previamente por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). Mientras que Manos Limpias apunta a un delito de revelación de secretos y, de manera subsidiaria, a uno de infidelidad en la custodia de documentos, APIF amplía la acusación e incluye también posibles indicios de prevaricación administrativa.

En opinión de Manos Limpias, tras la declaración del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no resulta necesaria la práctica de más diligencias para el esclarecimiento de los hechos, especialmente después de que el juez instructor Ángel Hurtado haya autorizado la declaración de testigos, entre ellos el exabogado de González Amador y varios periodistas.

Por ello, la acusación popular ha solicitado al juez que transforme las diligencias en procedimiento abreviado —equivalente al procesamiento en el proceso ordinario— o que, en caso de procesar a García Ortiz por el delito subsidiario, remita el asunto al Tribunal del Jurado, competente para dicho enjuiciamiento. Este último se constituiría dentro de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según explica el representante legal de Manos Limpias, Víctor Soriano.

Soriano sostiene que existen indicios razonables para creer que, el 13 de marzo de 2024, el fiscal general recibió un correo electrónico enviado el 2 de febrero por Carlos Neira, abogado del novio de Ayuso, en el que se reconocía un fraude fiscal y se mostraba disposición para llegar a un acuerdo. A partir de ese momento, García Ortiz habría ordenado a sus subordinados que filtraran el contenido a los medios de comunicación, con el objetivo de construir un relato favorable a sus intereses, lo que habría provocado un daño a la reputación de González Amador y a la causa pública.

Por su parte, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) también ha solicitado el procesamiento de García Ortiz, así como de la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, a quien Manos Limpias no dirige su petición.

Tras la comparecencia de varios agentes de la UCO y de González Amador, APIF considera que la evidencia es abrumadora y rechaza la necesidad de más diligencias, salvo algunas que fueron solicitadas y finalmente rechazadas, como la comprobación de si el fiscal general tenía en su agenda ciertos contactos vinculados a políticos y periodistas.

Un aspecto destacado en la investigación es que García Ortiz eliminó los mensajes de su teléfono móvil una semana después de saber que sería investigado, lo que APIF señala como una acción difícil de justificar y que genera sospechas sobre la limpieza de su conducta.

Finalmente, la acusación también ha expresado críticas hacia la actuación de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, quien representa al Ministerio Público en el procedimiento, acusándola de no aportar indicios que apunten a otros posibles autores del delito y de actuar más para proteger a los investigados que para esclarecer la verdad, lo que, según APIF, afecta negativamente la dignidad de la institución fiscal.

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