La exconsejera de Medio Ambiente de Feijóo, ahora directiva en la empresa que arrasa olivos para megaplantas solares
Peor aún: la plataforma ciudadana contra las megaplantas ha denunciado que las talas se están realizando sin los permisos municipales obligatorios, lo que podría constituir delitos medioambientales y de prevaricación administrativa
La Campiña Norte de Jaén, cuna de miles de olivos centenarios y corazón de la cultura agrícola andaluza, se ha convertido en el último escenario de una confrontación que ya no se puede ignorar: la que enfrenta el modelo de transición energética impuesto por grandes corporaciones y políticos reconvertidos, frente a una ciudadanía que exige justicia ambiental y respeto por su territorio.
En el centro de esta tormenta se encuentra Greenalia, una empresa gallega de energías renovables, y detrás de ella, la mano visible del Partido Popular, tanto en Galicia como en Andalucía.
De la Xunta al consejo de Greenalia: las puertas giratorias del PP
En junio de 2021, Beatriz Mato, exconsejera de Medio Ambiente en el gobierno gallego de Alberto Núñez Feijóo, se incorporaba al consejo de administración de Greenalia. No lo hizo sola: Antonio Couceiro, exconsejero de Industria con Manuel Fraga, también se sumaba. Ambos, figuras clave del PP gallego, daban el salto a una empresa beneficiada directamente por políticas que ellos mismos ayudaron a diseñar.
Este movimiento no es anecdótico: es una muestra de libro del fenómeno de las puertas giratorias, donde cargos públicos pasan sin fricción al sector privado para capitalizar su influencia política. En un país que aún arrastra heridas abiertas por la corrupción, este tipo de prácticas alimenta un creciente hartazgo social y pone en entredicho la legitimidad de decisiones que deberían servir al interés público.
Megaplantas solares en Jaén: ecocidio con sello institucional
Greenalia planea construir siete megaplantas solares en los municipios jiennenses de Marmolejo, Arjona y Lopera, con una potencia de 310 MW y financiación de hasta 150 millones de euros. Bajo la etiqueta de “energía limpia”, se esconde un proyecto que arrasará con más de 36.000 olivos según la empresa (aunque plataformas ciudadanas elevan la cifra a 100.000), muchos de ellos árboles centenarios.
Pero el escándalo no acaba ahí: para poder ejecutar las obras, la Junta de Andalucía —gobernada por el PP— ha declarado los proyectos de “utilidad pública”, lo que habilita expropiaciones forzosas sobre el 14% de los terrenos no cedidos voluntariamente. Agricultores que llevan generaciones cultivando sus tierras se ven ahora desposeídos de ellas sin apenas capacidad de defensa.
Peor aún: la plataforma ciudadana contra las megaplantas ha denunciado que las talas se están realizando sin los permisos municipales obligatorios, lo que podría constituir delitos medioambientales y de prevaricación administrativa.
“Renovables sí, pero no así”: cuando lo verde destruye lo vivo
Las imágenes que llegan desde Jaén son impactantes: campos de olivos reducidos a esqueletos talados, excavadoras avanzando entre la tierra removida, y un paisaje que se vuelve irreconocible. Frente a esta realidad, la indignación social ha estallado.
“En defensa del olivar y de nuestro medio de vida. No queremos plantas solares, ¡Greenalia fuera ya!”, se leía en una pancarta durante una protesta reciente frente al Ayuntamiento de Lopera.
La consigna que se repite, “Renovables sí, pero no así”, encierra una verdad incuestionable: la ciudadanía no rechaza la energía renovable, sino el modelo de desarrollo extractivo, centralizado y opaco que el PP promueve en connivencia con grandes empresas. Porque no se trata solo de qué energía producimos, sino de quién decide, cómo se implementa y a costa de qué o de quién.
Mentiras y dobles discursos del Partido Popular
El Partido Popular se presenta ante la opinión pública como defensor del campo, la familia rural y la sostenibilidad, pero los hechos lo desmienten sistemáticamente. Bajo su gestión en Andalucía:
Se autoriza la destrucción masiva de patrimonio natural.
Se fuerza la expropiación de tierras agrícolas para intereses empresariales foráneos.
Se ignora a los ayuntamientos y se desprecia la participación ciudadana.
Se ocultan las conexiones entre la política y las empresas del sector renovable.
Mientras tanto, Feijóo y Moreno Bonilla se escudan en la transición ecológica para justificar estas políticas, cuando en realidad lo que impulsan es una privatización encubierta del territorio rural al servicio del capital especulativo. ¿Dónde queda la sostenibilidad? ¿Dónde la justicia ambiental?
Contraste con la visión de Pedro Sánchez: energía para todos, con justicia social
En este contexto, es inevitable contrastar el modelo del PP con la estrategia impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez y Teresa Ribera desde el Ministerio para la Transición Ecológica. Aunque perfectible, el enfoque del Ejecutivo central se basa en principios diametralmente opuestos:
Participación ciudadana y transparencia en los procesos de evaluación ambiental.
Impulso a las comunidades energéticas locales, donde los vecinos se organizan para generar y gestionar su propia energía.
Protección activa del medio ambiente como parte inseparable de la transición verde.
Financiación pública para proyectos que beneficien a territorios despoblados sin destruir su esencia.
Sánchez ha defendido públicamente una transición ecológica con justicia territorial, donde nadie se quede atrás. Frente al modelo depredador de Greenalia y el PP, la propuesta del PSOE apunta a un futuro renovable que respete el tejido social, cultural y ambiental de cada región.
O con los pueblos o con los lobbies
El caso Greenalia no es un hecho aislado, sino el síntoma de una forma de hacer política basada en el abuso de poder, la complicidad empresarial y el desprecio por la ciudadanía. El Partido Popular ha demostrado, una vez más, que está dispuesto a sacrificar el campo andaluz en nombre de una falsa modernidad y un supuesto “interés general” que solo beneficia a unos pocos.
Frente a eso, la resistencia de las plataformas vecinales, la voz de los agricultores y el apoyo de quienes defienden una transición justa representan una alternativa necesaria y urgente.
Porque si algo está claro es que no hay energía limpia que valga cuando se construye sobre la mentira, la injusticia y la destrucción.
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