La okupación se dispara: El portal Idealista lanza filtro especial para pisos ocupados

La okupación en España crece espectacularmente y ha alcanzado un nivel alarmante. Idealista, el mayor portal inmobiliario del país, ha incorporado un filtro específico para viviendas ocupadas ilegalmente, reflejando el crecimiento de un problema que el Gobierno insiste en minimizar mientras sigue favoreciendo a los okupas.

El mercado inmobiliario bajo amenaza
El auge de la okupación en España, alentado por la impunidad y la promoción que brinda el Gobierno a quienes vulneran la propiedad privada, está desestabilizando el mercado inmobiliario. Cada vez más propietarios optan por vender sus viviendas a precios reducidos antes que enfrentarse al calvario judicial y económico que supone un proceso de desalojo. El temor a la llamada inquiokupación también ha reducido drásticamente la oferta de alquiler.

Según datos del portal Idealista, al cierre de 2024 había 20.464 viviendas okupadas en venta, lo que representa un 2,6% del total de ofertas en la plataforma. “los datos ponen de manifiesto la especial relevancia que tiene este fenómeno, tanto para el mercado en sí mismo como para la percepción que del mismo tienen los propietarios, y supone un lastre más para la recuperación de la oferta en el mercado.

 Todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomenta la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler”, afirmó Francisco Iñareta, portavoz del portal. Este boom ha motivado la creación de un filtro específico para que los inversores interesados puedan distinguir claramente estas propiedades.

Este nuevo filtro, disponible en el apartado de “situación de la vivienda”, se suma a otras etiquetas como “nuda propiedad” o “alquilada con inquilinos”. La diferencia es que en este caso se trata de propiedades donde el acceso es imposible y la resolución legal incierta. Con esta medida, Idealista no solo informa, sino que alerta del creciente problema que supone convivir con la okupación como un “factor de mercado”.

 
Barcelona y el liderazgo del caos
La okupación en España se concentra especialmente en ciertas regiones. Las cinco provincias con mayor porcentaje de inmuebles ocupados son: Barcelona (7,6%); Toledo (4,1%); Murcia (4%); Gerona (3,8%) y Sevilla (3,7%)

Por capitales, el liderazgo lo tienen Gerona (8,8%), Murcia (5,5%), Sevilla (4,7%), Almería (3,9%) y Málaga (3,8%). Todas estas cifras superan ampliamente la media nacional del 2,6%. Estos datos muestran el fracaso absoluto de las políticas del Ejecutivo en materia de vivienda y seguridad ciudadana.

A esto se suma que muchas de las zonas más afectadas son también aquellas con mayor presión migratoria, desempleo estructural y pobreza urbana. En vez de reforzar la seguridad jurídica y proteger la propiedad, el Gobierno ha preferido facilitar mecanismos de protección a los okupas, aumentando el desamparo de los legítimos propietarios.

Un mercado sólo para especuladores
Idealista deja claro que los compradores de estos inmuebles no son familias. «A pesar de que tienen un precio muy atractivo, la operación no es la más adecuada para una familia que necesita cambiarse de casa«, explican desde la empresa. La razón es clara: el comprador deberá esperar años para recuperar el inmueble y asumir importantes gastos legales. Además, mientras continúe la ocupación, no podrá solicitar una hipoteca, lo que lo obliga a acudir a créditos personales de alto riesgo.

Los anuncios lo advierten con claridad: «Inmueble ocupado, no visitable», «El inmueble se encuentra ocupado ilegalmente por terceros y sin los suministros debidamente contratados». Las propias inmobiliarias de los bancos recomiendan asesoramiento legal antes de proceder. Solvia, por ejemplo, alerta de que «el inmueble, mientras perdure la situación ocupacional, no podrá ser hipotecado».

Este tipo de operaciones son atractivas únicamente para grandes fondos de inversión o particulares con suficiente capital para asumir el riesgo. Mientras tanto, miles de familias siguen sin poder acceder a una vivienda digna, atrapadas entre la inseguridad jurídica y la falta de oferta.

La Plataforma de Afectados por la Ocupación ignorada por el gobierno sanchista
La Plataforma de Afectados por la Ocupación sigue denunciando el abandono por parte del Gobierno. Su portavoz, Ricardo Bravo, relata que en su reciente reunión con representantes socialistas, incluyendo a Javier Rodríguez Palacios y Vicent Sarrià, «la desatención y el desinterés total sobre nuestro problema» fue evidente.

Bravo revela que fueron recibidos con «una libreta en blanco, sin medidas ni cifras», y que los diputados les acusaron de representar una ideología. «Me indigna soberanamente ser atacados por una cuestión ideológica cuando no tenían ni idea de cuestiones fundamentales sobre el problema«, lamenta Bravo.

El 18 de noviembre, la Plataforma envió otra carta a la ministra Isabel Rodríguez reiterando su petición de audiencia. Hasta hoy, – más de seis meses después-, siguen sin recibir respuesta. En ella recordaban que están formados por «pequeños propietarios que sufren okupación e inquiokupación y por vecinos que padecen comportamientos incívicos«.

La inquietante realidad de la inquiokupación
Durante la reunión con el PSOE, también se abordó el tema de la inquiokupación: inquilinos que dejan de pagar y se amparan en la legislación antidesahucios. Desde el Gobierno, según la Plataforma, «negaron la existencia de esa palabra«. Bravo responde con indignación: «Pregunten a una familia que lleva cuatro años sufriendo esto y manteniendo a su inquiokupa sin pagar«.

El decreto antidesahucios, vigente desde la pandemia, ha generado un efecto perverso. La Plataforma pide al menos excluir del mismo a los propietarios con una sola vivienda. «Tomaron nota, nos dijeron que lo plantearían, veremos«, concluye Bravo.

Casos documentados muestran cómo incluso personas mayores o viudas se ven obligadas a seguir pagando suministros, comunidad e IBI mientras el inquiokupa vive gratis, respaldado por un entramado jurídico y político que prioriza los “derechos sociales” por encima del derecho fundamental a la propiedad.

El Gobierno mira para otro lado
La okupación en España ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en una amenaza directa contra la propiedad privada, el mercado de la vivienda y la seguridad de las familias. El nuevo filtro de Idealista no es más que un síntoma visible de una enfermedad política y social alimentada desde el poder.

Mientras el Gobierno minimiza la gravedad de la situación y ataca a las víctimas por «motivos ideológicos», los datos y testimonios son inapelables: la okupación está fuera de control. Es hora de exigir soluciones reales y proteger el derecho a la propiedad frente a la complicidad institucional con el delito.

Una legislación clara, procedimientos judiciales rápidos y la protección del pequeño propietario son medidas urgentes. Si no se actúa con firmeza, España corre el riesgo de normalizar un modelo de convivencia basado en la ilegalidad, el miedo y la injusticia.

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