VOX se querella contra el líder de Coalición por Melilla por la presunta compra de votos en las elecciones

La portavoz nacional de VOX, Pepa Rodríguez de Millán, ha anunciado este martes la presentación de una querella judicial contra Mustafa Aberchán, líder del partido Coalición por Melilla (CpM), por su presunta implicación en una trama de compra de votos por correo durante las elecciones autonómicas y municipales celebradas en mayo de 2023.

En una rueda de prensa que ha tenido lugar en la sede nacional del partido, Millán ha denunciado lo que ha calificado como una “grave vulneración de los principios democráticos” y ha detallado una serie de presuntos delitos que se le imputan a Aberchán y a posibles colaboradores. Asimismo, ha reclamado a la Junta Electoral Central (JEC) una reforma urgente del sistema de voto por correo para prevenir este tipo de prácticas fraudulentas en futuras convocatorias electorales.

Una querella con múltiples delitos
VOX ha presentado la querella ante los juzgados competentes de Melilla, y en ella se recogen una serie de delitos graves que, según el partido, podrían configurar una organización estructurada con fines delictivos. Los delitos que incluye la querella son:

Pertenencia a organización criminal
Prevaricación
Malversación de fondos y caudales públicos
Fraude en la contratación pública
Tráfico de influencias
Delito electoral

Según ha declarado Millán, “la querella se ampliará a todas aquellas personas que hayan intervenido de forma determinante en la comisión de estos delitos”. Aunque el foco se sitúa sobre Aberchán, desde VOX se deja la puerta abierta a futuras imputaciones si la investigación judicial demuestra la participación de otros actores políticos o institucionales.

El contexto: las elecciones de 2023 bajo sospecha
Las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023 ya estuvieron marcadas por sospechas y denuncias públicas sobre una posible compra masiva de votos por correo en Melilla, una práctica que, aunque ha sido denunciada en comicios anteriores, adquirió en esa ocasión una dimensión especialmente preocupante.

Durante la campaña electoral, varios partidos —incluido el PSOE y VOX— alertaron de anomalías en la solicitud de voto por correo, como peticiones sospechosamente concentradas en ciertos barrios o realizadas por personas con antecedentes de colaboración con partidos políticos locales. Algunas informaciones periodísticas incluso señalaron que se ofrecían pagos de entre 100 y 200 euros por entregar el voto ya emitido.

En su momento, la Junta Electoral de Zona llegó a adoptar medidas excepcionales, como exigir la identificación personal en el momento de la entrega del voto por correo, algo que normalmente no es obligatorio, lo que reflejó la gravedad de la situación.

Reforma del voto por correo: la exigencia de VOX a la JEC
Además de la vía judicial, VOX ha querido trasladar el asunto al ámbito institucional. Pepa Rodríguez de Millán ha exigido a la Junta Electoral Central que revise en profundidad la normativa y los protocolos del voto por correo, con el fin de que este tipo de prácticas no puedan repetirse en futuras citas electorales.

“El sistema actual es vulnerable y permite que redes organizadas puedan alterar la voluntad popular con impunidad. Necesitamos normas más claras, controles efectivos y, sobre todo, consecuencias penales inmediatas”, ha dicho la portavoz de VOX.

El partido también ha pedido que la JEC informe al Congreso de los Diputados sobre las medidas adoptadas para garantizar la limpieza del proceso electoral y ha propuesto que se estudien reformas legislativas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para blindar el voto por correo.

Entre las propuestas que VOX ha planteado o ha esbozado anteriormente en otros foros se incluyen:

Exigir identificación presencial obligatoria para solicitar y entregar el voto por correo.
Establecer sistemas de trazabilidad y verificación biométrica.

Aumentar las penas para la compra de votos y ampliar la responsabilidad penal a los partidos implicados.
Introducir controles cruzados con los servicios sociales y registros municipales para evitar votos emitidos por personas vulnerables presuntamente coaccionadas.

Mustafa Aberchán: un líder polémico bajo la lupa judicial
Mustafa Aberchán es una figura política conocida en Melilla, y ya fue condenado en 2008 por delito electoral en relación con una trama de compra de votos por correo durante las elecciones al Senado de 2008. En aquel entonces, se le impuso una pena de prisión menor e inhabilitación, aunque logró mantener una importante influencia política en la ciudad autónoma.

La nueva querella presentada por VOX podría suponer un giro importante en su carrera política, si prospera en sede judicial. Hasta el momento, Aberchán no ha ofrecido declaraciones públicas sobre la querella de VOX, aunque se espera una comparecencia en los próximos días.

Implicaciones políticas
Este caso añade más tensión al ya de por sí complejo panorama político en Melilla, donde los partidos locales mantienen una relación volátil con las fuerzas nacionales. Además, reaviva el debate nacional sobre la integridad electoral y la necesidad de reformas estructurales para garantizar la igualdad del voto.

VOX ha aprovechado esta ocasión para reforzar su discurso sobre la “regeneración democrática” y para desmarcarse de lo que califica como connivencia entre partidos tradicionales y redes clientelares locales. La formación ya ha advertido que no cesará en su empeño hasta que se depuren todas las responsabilidades penales y políticas.

La querella contra Mustafa Aberchán marca un nuevo capítulo en la lucha contra el fraude electoral en España, especialmente en territorios donde el voto por correo ha sido históricamente vulnerable a irregularidades. La acción de VOX apunta no solo a señalar a un presunto responsable, sino también a provocar una revisión en profundidad del sistema electoral español. La evolución del caso en los tribunales, así como la respuesta de la Junta Electoral Central y del Congreso, marcarán los próximos pasos en este conflicto de alto voltaje político y judicial.

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