Las cloacas del Estado regresan al Congreso: El PSOE, la comparecencia de Martín-Blas y los informes contra el juez del caso Begoña Gómez
Estos informes han sido calificados por algunos medios y analistas como “fabricaciones sin valor judicial”, mientras que otros los han recibido como posibles pruebas de una guerra sucia dentro del aparato del Estado
En noviembre de 2024, el Congreso de los Diputados fue escenario de un nuevo episodio en la larga historia de las denominadas cloacas del Estado. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) promovió la comparecencia de Marcelino Martín-Blas, excomisario de la Policía Nacional procesado por corrupción, dentro de la comisión de investigación sobre la Operación Cataluña.
Durante su intervención, se pusieron en circulación informes que han levantado una gran polvareda política y mediática. Entre los señalados por esos documentos se encuentran fiscales, jueces, altos mandos policiales, medios de comunicación y dirigentes del Partido Popular. Uno de los nombres que más atención ha acaparado es el del juez Juan Carlos Peinado, actual instructor del caso que afecta a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
1. ¿Quién es Marcelino Martín-Blas?
Marcelino Martín-Blas fue jefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional. Su nombre está estrechamente ligado a investigaciones internas y operaciones controvertidas dentro del cuerpo, muchas de las cuales derivaron en escándalos políticos. Años atrás, participó en maniobras que ahora están bajo la lupa por su posible vinculación con una estructura paralela dentro de las fuerzas de seguridad del Estado —lo que en el ámbito político se ha denominado como cloacas.
Actualmente está procesado por corrupción en la Audiencia Nacional por su implicación en operaciones presuntamente irregulares.
2. La comisión de investigación: Operación Cataluña
El PSOE impulsó en el Congreso una comisión parlamentaria para investigar la llamada Operación Cataluña, una presunta estrategia promovida desde el Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular para perseguir políticamente a rivales como independentistas, Podemos y empresarios críticos.
Dentro de esta comisión, el PSOE solicitó la comparecencia de excomisarios como Villarejo y Martín-Blas, justificándolo como parte del trabajo para “sacar a la luz prácticas ilegales de anteriores estructuras del Estado”.
3. Los informes polémicos
Durante la intervención de Martín-Blas, se pusieron en circulación documentos e informes que:
Supuestamente vinculan a altos mandos policiales y jueces con operaciones ilegales.
Acusan a fiscales y periodistas de colaborar en una estrategia de acoso judicial.
Señalan directamente al juez Juan Carlos Peinado, que actualmente instruye el caso de Begoña Gómez, por presuntas conexiones con estructuras paralelas del poder judicial.
Estos informes han sido calificados por algunos medios y analistas como “fabricaciones sin valor judicial”, mientras que otros los han recibido como posibles pruebas de una guerra sucia dentro del aparato del Estado.
4. El caso Begoña Gómez como telón de fondo
Desde abril de 2024, Begoña Gómez está siendo investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, tras una denuncia presentada por el Manos Limpias. El caso ha sido instruido por el juez Juan Carlos Peinado, y desde el principio ha generado una gran tensión entre el Gobierno y sectores conservadores.
Pedro Sánchez incluso llegó a suspender su agenda durante cinco días para reflexionar sobre si debía dimitir, acusando una campaña de lawfare (uso político de los tribunales) contra su entorno.
En ese contexto, que desde el PSOE se considera una “persecución política”, los informes presentados por Martín-Blas vendrían a desacreditar al juez instructor, vinculándolo con una supuesta red de manipulaciones judiciales.
5. Acusaciones cruzadas: ¿Investigación legítima o maniobra para desacreditar al poder judicial?
Las reacciones no se han hecho esperar:
Desde el PP:
Se acusa al PSOE de usar el Congreso para destruir la reputación de jueces y fiscales que están investigando casos incómodos para el Gobierno.
Señalan que Marcelino Martín-Blas no tiene credibilidad y que su comparecencia fue usada para distribuir “informes falsos” contra el juez Peinado y otros funcionarios.
Desde el PSOE:
Aseguran que la comisión busca desenmascarar las estructuras de poder que han operado ilegalmente desde el Estado.
Defienden que la comparecencia de Martín-Blas fue parte del trabajo parlamentario y que las denuncias contra jueces no son más que consecuencias de destapar una red corrupta.
6. Las implicaciones judiciales y mediáticas
Si se demuestra que los informes difundidos en la comisión son falsos o manipulados, podrían abrirse nuevos procedimientos judiciales por falsedad documental o por manipulación institucional. Pero si, por el contrario, tienen una base real, podrían reconfigurar por completo la narrativa del caso Begoña Gómez y otros procesos actuales.
Además, el uso del Congreso como espacio para este tipo de revelaciones plantea un debate importante sobre:
La separación de poderes
El uso del poder legislativo para influir en causas judiciales
La manipulación informativa desde instituciones del Estado
7. ¿Y ahora qué?
Actualmente, tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como asociaciones de jueces están valorando pronunciarse por la “intromisión política” en asuntos judiciales. A su vez, medios de comunicación han solicitado al Congreso que haga públicos los documentos entregados por Martín-Blas para contrastar su veracidad.
La Audiencia Nacional sigue con sus causas contra excomisarios como Villarejo y Martín-Blas, mientras el caso Begoña Gómez continúa en fase de instrucción bajo secreto parcial de sumario.
Este episodio pone de manifiesto la gravedad de la batalla política y mediática que atraviesa a las instituciones españolas. La difusión de informes desde el Congreso para desacreditar jueces o fiscales, si se confirma, marcaría un precedente peligroso para la separación de poderes. Pero si en cambio esos informes destapan irregularidades reales en el funcionamiento del aparato del Estado, estaríamos ante una oportunidad única para regenerar la democracia.
Lo que está en juego no es solo el futuro judicial de Begoña Gómez o el prestigio de un juez, sino la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actúan con independencia, transparencia y legalidad.
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