La Audiencia Nacional, a la cabeza de la corrupción

El escrito que sigue no es otra cosa que el que acabo de mandar a la Audiencia Nacional, y creo que se explica por sí sólo, al tiempo que explica por qué España está hecha unos zorros.

 AL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN Nº 6

Audiencia Nacional

 Diligencias previas 50/2022

 Galo Dabouza, imputado en las diligencias de referencia, comparezco y expongo

 Que llevo imputado 904 días (desde el 20 de diciembre de 2023), por “un delito de injurias/calumnias contra las altas instituciones del estado y organización criminal, por las más de 10 denuncias diferentes presentadas en dependencias policiales desde el 18 de agosto del presente año hasta el 14 de noviembre de los corrientes, tal y como se deriva del informe policial de UDEF de 29/11/22 (Ac. 1012)”

 Que todavía no he sido capaz de encontrar en las diligencias esas “más de 10 denuncias”, que constituyen los únicos hechos imputados (aparte de calificaciones jurídicas tan grandilocuentes como ridículas), y ello a pesar de  haber pedido más de una docena de veces acceso a las actuaciones o copia de ellas. Mis dos abogados, que han tenido acceso a las actuaciones, tampoco las han encontrado. 

 El 19 de marzo fui a declarar por propia voluntad, y pedí mi sobreseimiento libre, por el hecho incuestionable de que no he cometido ningún hecho que pueda, ni remotamente, calificarse de delito. Los únicos hechos que he “cometido” (presentar denuncias penales), consisten en cumplir con mi deber. También pedí, sin éxito, que en ésa mi segunda declaración, se me pusiesen de manifiesto esas “más de 10 denuncias”, para poder declarar sobre ellas (art. 391 LECrim).

Se me denegó el conocimiento de las denuncias sin excusa, y se me denegó el sobreseimiento, bajo la fútil excusa de la complejidad de la causa. A día de hoy sigo imputado, con restricciones a mi libertad, y sin saber por qué “más de 10 denuncias”, de las muchas que he presentado.

 El 18 de julio de 2023, cuando declaré por primera vez, en menos de 10 minutos, el juez Gadea, a petición del fiscal Alonso, decidió imponerme medidas limitativas de libertad. 

 Actualmente la denegación del sobreseimiento libre está recurrida en apelación, pero ignoro lo que puede tardar en resolverse, porque ninguno de los que tiene que resolver se encuentra en mi situación, razón por la cual parece que no ve ni entiende la prisa que yo tengo para que cese de una vez esta indeseable y perniciosa situación, que tanto daño personal, familiar y social me causa, y tanto daño produce a España.

 Que con objeto de que cese lo antes posible –hoy mismo, a ser posible-, y en vista de que el actual juez y la actual fiscal, habiéndoles pedido varias veces que localicen esas “más de 10 denuncias, no han sido capaces, por lo expuesto 

 SOLICITO se requiera al juez Joaquín Elías Gadea Francés, al que se supone actualmente adscrito territorialmente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso Cristóbal, para que localicen en las diligencias esas “más de 10 denuncias”, ya que ambos debían saberlo con exactitud el 18 de julio de 2023, cuando decidieron imponerme medidas limitativas de libertad, por considerar que tales denuncias eran un abuso (según sus propias palabras).

 OTROSI DIGO que esta petición, o una semejante, la formulará mi abogado a la mayor brevedad –probablemente mañana-, según me ha prometido. Pero mañana yo habré estado un día más sometido a represalias ilegales por cumplir con mi deber, lo que me daña a mí, pero también daña a toda España, por el efecto disuasorio que tiene para todos los potenciales denunciantes de corrupción, ver cómo se nos represalia de modo inmisericorde, por quienes deberían ampararnos y protegernos.

 SEGUNDO OTROSÍ DIGO que en España no hay corrupción. España es LA CORRUPCIÓN, y lo que me está ocurriendo, con la Audiencia Nacional violando todas las leyes y todos mis derechos y libertades, y con todos los organismos e instituciones que deberían protegerme de estas represalias, inhibiéndose de modo cobarde, es la prueba irrefutable.

 TERCER OTROSÍ DIGO que, según afirma la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (de la que todos los jueces y fiscales españoles parecen haberse olvidado):  “La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana. 

Este fenómeno maligno se da en todos los países —grandes y pequeños, ricos y pobres— pero sus efectos son especialmente devastadores en el mundo en desarrollo. La corrupción afecta infinitamente más a los pobres porque desvía los fondos destinados al desarrollo, socava la capacidad de los gobiernos de ofrecer servicios básicos, alimenta la desigualdad y la injusticia y desalienta la inversión y las ayudas extranjeras. La corrupción es un factor clave del bajo rendimiento y un obstáculo muy importante para el alivio de la pobreza y el desarrollo”.

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