Santos Cerdán podrá cobrar una indemnización de casi 19.000 euros tras dejar el escaño en el Congreso y robar a los españoles

En un país donde millones de ciudadanos luchan por llegar a fin de mes, donde el precio de la vivienda, los alimentos y la energía no deja de subir, y donde los servicios públicos llevan años siendo recortados, resulta cada vez más indignante descubrir los privilegios que los representantes políticos siguen disfrutando. Y no hablamos de coches oficiales, sueldos elevados o pensiones generosas. Hablamos, en este caso, de una indemnización por cesar como diputado, una especie de “paro premium” que reciben algunos parlamentarios... por dejar su escaño.

Un sistema pensado para ellos, no para nosotros
Según el régimen de protección social de los parlamentarios, los diputados que cesan en su cargo pueden solicitar una indemnización equivalente a una mensualidad por cada año de mandato, con un límite máximo de veinticuatro mensualidades, es decir, dos años completos de paga. Lo curioso —y grave— es que esta indemnización no depende de su situación económica, ni de si tienen otro empleo esperando, como sí ocurre con cualquier trabajador que solicita el paro.

El pago mensual que reciben equivale al subsidio de desempleo de los asalariados, pero con condiciones mucho más ventajosas. Por ejemplo, se concede automáticamente si se solicita, y solo se interrumpe si el exdiputado comienza a percibir cualquier otra retribución, ya sea del sector público o privado. En otras palabras: si no trabaja, el Estado le sigue pagando por haber sido diputado. Un privilegio que no existe para ningún otro ciudadano.

El caso de Santos Cerdán: 6 años de diputado, 6 meses de indemnización
Tomemos como ejemplo a Santos Cerdán, diputado socialista desde el 21 de mayo de 2019. Tras renovar su escaño en dos elecciones sucesivas, ha pasado más de seis años en el Congreso. En la actual legislatura, percibe un salario mensual de alrededor de 5.400 euros.

Deja el escaño, le corresponderá una indemnización de seis mensualidades por sus seis años de servicio, a razón de 3.142,14 euros mensuales, lo que supone un total de 18.853,84 euros. No es un error tipográfico: casi 19.000 euros en concepto de "compensación" por dejar un cargo que ha ejercido voluntariamente y por el que ya ha sido generosamente retribuido.

 ¿Compensación... por qué?
Aquí es donde surge la indignación legítima. ¿Por qué un cargo público, que ha cobrado un sueldo superior a la media durante años, debe recibir una compensación cuando cesa en el cargo? ¿Por qué se le protege de forma tan privilegiada mientras los españoles comunes tienen que enfrentarse a la incertidumbre del paro, sin red, sin indemnizaciones, sin nada?

Lo más preocupante es que este sistema no distingue entre quien ha trabajado con honestidad y quien ha sido parte del deterioro democrático o incluso de escándalos políticos. De hecho, incluso políticos que hayan dejado su cargo en medio de polémicas o tras haber defraudado la confianza de los ciudadanos podrían solicitar esta indemnización.

Y no solo eso: los ciudadanos, víctimas de una clase política ineficaz y muchas veces corrupta, somos los que acabamos pagando también las despedidas doradas de quienes han gestionado mal nuestro dinero.

 El dinero nunca vuelve... pero las pagas sí
No debemos olvidar que los casos de corrupción, malversación, enchufismo y despilfarro han sido constantes en la política española. Dinero público perdido en proyectos absurdos, aeropuertos sin aviones, comisiones ilegales, contratos amañados y puertas giratorias. La justicia avanza lenta, muchas veces no llega, y el dinero desaparecido raramente se recupera.

Y mientras tanto, cuando esos políticos dejan su escaño —por voluntad propia o forzados por las circunstancias—, se van con una "ayudita" extra bajo el brazo. No importa que hayan "robado", o al menos contribuido al desprestigio de las instituciones: no devuelven ni un euro, pero sí se llevan otros tantos como indemnización.

Los españoles pagan siempre: al principio, al final... y después
El sistema está diseñado para proteger a los de arriba. Mientras a los trabajadores se les exigen años cotizados, demostrar que no tienen ingresos, pasar controles, aceptar cualquier oferta laboral que les llegue para no perder el paro, los diputados solo tienen que pedir su indemnización y esperar cómodamente a que se les ingrese cada mes.

Actualmente, según la información oficial, solo un diputado está percibiendo esta indemnización: Íñigo Errejón, de Sumar, en lo que sería su último mes cobrando esta ayuda. Pero eso no significa que el sistema no esté en vigor, sino que muchos otros exdiputados han encontrado acomodo rápidamente —en empresas, en fundaciones, en otras instituciones públicas—, y por eso no la solicitan.

Hasta cuándo seguiremos premiando a quienes nos fallan?
No se trata de negar derechos laborales a los diputados. Se trata de acabar con los privilegios injustificados, de exigir coherencia con la realidad social y de recordar que un cargo público no es un premio, ni una garantía de por vida, ni una licencia para vivir por encima de quienes representan.

Mientras los ciudadanos continúen sufriendo las consecuencias de la mala gestión, los recortes, la corrupción y la inflación, es un insulto que encima tengamos que indemnizar a quienes han sido parte del problema. La verdadera regeneración política no empieza solo por la transparencia o la ejemplaridad: empieza por dejar de tratarlos como una élite intocable.

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