Los socialistas se gastaron 900.000 euros públicos en putas y cocaína
Reconoció que había recibido dos subvenciones de 450.000 euros cada una por parte de la Dirección General de Trabajo, destinadas a cocaína, copas, fiestas, un piso y en terrenos
El que fuera chófer del director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, Juan Francisco Trujillo, juzgado desde este lunes por prevaricación en una de las piezas separadas del caso ERE, ha rechazado a su abogado por falta de confianza, una petición que la jueza no ha atendido.
El juicio ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Sevilla y junto a él en el banquillo se han sentado Antonio Albarracín, exdirectivo de Vitalia, Isidoro Ruz Espigares, el administrador de una de las empresas del exchófer, y la mujer del conductor, acusada como beneficiaria a título lucrativo de las ayudas de su marido.
Durante la ronda de peticiones previas, Trujillo ha solicitado la renuncia de su abogado, José Manuel Sánchez, porque no se sentía “bien atendido en las valoraciones que han mantenido ni en las valoraciones con la Fiscalía”. Ha asegurado no tener confianza en su defensa y no sentirse “representado”.
La petición ha sido rechazada por el Ministerio Fiscal, que ha añadido que el acusado ya tenía conocimiento de quién ejercería su defensa, y la jueza ha decidido rechazar su solicitud. Por su parte, ha ratificado que usó dinero público para comprar cocaína; en concreto, parte de los 900.000 euros que recibió de su jefe.
900 mil euros en 'coca'
Reconoció que había recibido dos subvenciones de 450.000 euros cada una por parte de la Dirección General de Trabajo, destinadas a cocaína, copas, fiestas, un piso y en terrenos. Precisó que llegó a gastar unos 20.000 euros diarios y a consumir cada uno más de cinco gramos diarios de cocaína, y también que dedicó dinero a copas y a comprar
De igual forma, reveló haber realizado alguno de estos regalos a Guerrero, aunque esta versión siempre fue negada por el ex director general de Trabajo, fallecido en 2020. La Fiscalía Anticorrupción pide para el chófer una indemnización de casi 1,5 millones de euros y una pena de 14 años de prisión y 30 de inhabilitación.
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