Sánchez avaló con su firma la subvención de 40 millones a la empresa de Cerdán

Impacto España Noticias ha tenido acceso a documentos oficiales que revelan que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó personalmente el acuerdo por el que se concedieron 40 millones de euros en subvenciones a una unión temporal de empresas (UTE) encargada de ejecutar las obras de los túneles de Velate, en Navarra.

 Esta UTE incluía a la empresa Servinabar 2000 SL, vinculada a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y figura clave en la estructura interna del partido.

La firma tuvo lugar en el Consejo de Ministros del 22 de octubre de 2024, según consta en el acta oficial de la sesión. La decisión fue adoptada a pesar de que tres organismos del propio Ejecutivo –la Intervención Delegada, el Ministerio de Hacienda y la Oficina Presupuestaria– habían emitido advertencias explícitas sobre irregularidades en el procedimiento y la ausencia de respaldo presupuestario.

 Alerta institucional ignorada
En junio de 2024, la Intervención Delegada alertó por escrito de que el Real Decreto que establecía la subvención no regulaba adecuadamente la justificación de la ejecución del primer pago. Calificaba el sistema de anticipos como “irregular” y señalaba que el procedimiento incumplía los requisitos establecidos por la propia normativa del decreto.

Por su parte, el Ministerio de Hacienda advirtió de que no existía crédito dotado en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados para 2024. Esto obligaría a tramitar una modificación presupuestaria una vez aprobado el decreto, lo que implica comprometer fondos públicos sin cobertura previa. La Oficina Presupuestaria reiteró la misma objeción, alertando de que la subvención carecía del respaldo económico legalmente exigido.

Pese a estas objeciones, el Consejo de Ministros validó el acuerdo. La actuación ha sido interpretada por expertos en fiscalización pública como un desprecio deliberado a los mecanismos de control financiero y presupuestario.

 Procedimiento viciado desde el origen
El expediente de adjudicación de las obras de los túneles de Velate a la UTE integrada por Acciona, Osés y Servinabar 2000 SL está plagado de irregularidades documentadas.

El secretario de la mesa de contratación, Lorenzo Serena, dejó constancia por escrito en septiembre de 2023 de que el procedimiento seguido “ha quedado viciado” y advertía que los procesos de selección de ofertas deben realizarse con “exquisita corrección y transparencia”.

Más contundente fue el interventor delegado, Jesús Muñoz, quien criticó que el informe técnico de evaluación carecía de motivación y que no existía correlación entre los argumentos del informe y las puntuaciones asignadas. Esta falta de motivación invalida jurídicamente el procedimiento de adjudicación.

Además, la mesa de contratación emitió tres votos particulares en contra de la resolución final. A esto se suman correos internos en los que el presidente de la mesa, Jesús Polo, de 73 años, presionaba a los técnicos para cerrar la adjudicación antes de las fiestas de San Fermín, revelando una urgencia política no justificada técnicamente.

 Sin consulta pública y con argumentos contradictorios
El Gobierno central también omitió el trámite de consulta pública previa, un paso fundamental para garantizar transparencia en las contrataciones públicas. La Secretaría General Técnica justificó esta omisión por “graves razones de interés público”, mencionando la existencia de un procedimiento de infracción abierto contra el Reino de España.

Sin embargo, fuentes próximas al proceso indican que la verdadera motivación de la urgencia era de carácter político. La presión procedía, según estas fuentes, del entorno de Santos Cerdán, quien llegó a participar en reuniones ministeriales vinculadas al proyecto, a pesar de no tener responsabilidades formales de gestión.

 Subvención retroactiva a una obra ya adjudicada
El calendario de los hechos revela una operación política cuidadosamente planificada. Las obras de los túneles de Velate fueron adjudicadas por el Gobierno de Navarra el 26 de diciembre de 2023, con un presupuesto total de 62,8 millones de euros. Sin embargo, la subvención estatal que debía cubrir parte de ese coste no fue aprobada hasta diez meses después, el 22 de octubre de 2024.

De este modo, la subvención no financió una obra futura, sino que sirvió para cubrir gastos ya comprometidos. Este solapamiento temporal refuerza las sospechas de que la ayuda pública fue diseñada a medida para beneficiar a la UTE adjudicataria y, en particular, a Servinabar 2000 SL, la sociedad vinculada a Cerdán.

 Santos Cerdán, las comisiones y el papel del “fontanero político”
Servinabar 2000 SL, una empresa sin trayectoria reconocida en el sector de la construcción, está siendo investigada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el marco de una causa por pagos de comisiones ilegales. La investigación señala directamente a Santos Cerdán, quien, según grabaciones obtenidas por los investigadores, habría recibido pagos en efectivo relacionados con adjudicaciones públicas.

Uno de los empresarios implicados, Víctor de Aldama, ha declarado que entregó 15.000 euros a Cerdán como compensación por “molestias generadas” en relación con una licitación. La figura de Cerdán aparece así como la de un operador político con capacidad de influencia sobre adjudicaciones públicas, sin ostentar competencias administrativas.

Servinabar es propiedad de Cerdán y su socio Antxon Alonso. La empresa había intentado anteriormente, sin éxito, ejecutar un proyecto urbanístico en Milagro, el pueblo natal de Cerdán. Su presencia en una obra de infraestructura de gran envergadura como los túneles de Velate ha levantado todo tipo de sospechas.

 Pedro Sánchez, máximo responsable político
A diferencia de lo ocurrido en 2023, cuando el primer intento de aprobar la subvención fue firmado por Nadia Calviño en sustitución de Sánchez, esta vez el presidente asumió personalmente la firma. En aquel momento, la ministra Raquel Sánchez impulsó el expediente, pero la falta de diligencia del Gobierno provocó que este quedara paralizado. Fue necesario reactivarlo en 2024 y elevarlo nuevamente al Consejo de Ministros, donde Pedro Sánchez lo aprobó de su puño y letra.

Esta acción convierte al jefe del Ejecutivo en máximo responsable político de una decisión que ignoró múltiples advertencias técnicas, financieras y jurídicas, y que benefició a una empresa bajo investigación penal. La relevancia del caso ha desatado un terremoto interno en sectores del propio PSOE y ha generado reacciones de indignación en la oposición.

 Una trama que conecta poder, adjudicaciones y partido
Según fuentes de la investigación, lo que se está destapando no es un caso aislado, sino una trama más amplia de tráfico de influencias y control de adjudicaciones públicas en distintas administraciones bajo gobierno socialista. Santos Cerdán, aunque sin cargo ejecutivo, habría actuado como un “fontanero político” con acceso a las cloacas del poder, moviendo hilos en beneficio de personas y empresas de su entorno.

El caso, que sigue bajo la lupa de la UCO y la Fiscalía, podría convertirse en uno de los mayores escándalos políticos del actual ciclo legislativo, con implicaciones legales para varios altos cargos y un importante coste político para el Gobierno.

 Impacto España Noticias continuará informando sobre los avances judiciales, los testimonios clave y las responsabilidades políticas derivadas de esta trama de subvenciones, comisiones y opacidad institucional.

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