El Supremo planta cara al Gobierno y denuncia la campaña de presiones para amnistiar a Puigdemont
Llarena consideró que los fondos desviados por Puigdemont para organizar el referéndum ilegal del 1-O salieron directamente de las arcas públicas y se emplearon en una iniciativa política ilegal que favorecía intereses personales
El Tribunal Supremo ha respondido con firmeza a los intentos del Ejecutivo de Pedro Sánchez de forzar la amnistía total del prófugo Carles Puigdemont. La Sala Segunda del Alto Tribunal ha rechazado las «presiones» lanzadas desde Moncloa y ha denunciado una «campaña» de descrédito contra la Justicia que busca allanar el camino para limpiar el historial penal del cabecilla del golpe secesionista de 2017.
El propio ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, encabezó el enésimo intento del Gobierno por doblegar al Poder Judicial, afirmando que la Ley de Amnistía no será completa hasta que «incluya también a los líderes del proceso independentista». Por su parte, el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, no dudó en presionar directamente al Tribunal Supremo, exigiendo que se aplique «con diligencia» la norma a los cabecillas que aún no han sido beneficiados, con clara referencia a Puigdemont.
Pero los jueces del Supremo no se han dejado intimidar. Según ha podido de fuentes jurídicas, estas presiones no surtirán efecto alguno. El magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, ya dejó claro en julio de 2024 que el delito de malversación atribuido a Puigdemont no es amnistiable.
Así lo detalló en un auto en el que explicó que el artículo 1.4 de la Ley de Amnistía impide borrar los delitos cuando hay un beneficio económico derivado del uso de dinero público, aunque no exista un enriquecimiento personal.
Llarena consideró que los fondos desviados por Puigdemont para organizar el referéndum ilegal del 1-O salieron directamente de las arcas públicas y se emplearon en una iniciativa política ilegal que favorecía intereses personales y colectivos del independentismo.
Su interpretación fue avalada por la propia Sala de Apelaciones del Supremo, que ha dado vía libre para que la defensa del líder de Junts recurra ante el Tribunal Constitucional. Puigdemont dispone ahora de 20 días para interponer un recurso de amparo por supuesta vulneración de derechos fundamentales. Como parte de la estrategia, se prevé que solicite la suspensión cautelar de la orden nacional de detención que aún pesa sobre él.
Sin embargo, el fallo del Constitucional no entra en el fondo del delito de malversación. Y en el Supremo son tajantes: la interpretación de la Ley de Amnistía sobre el desvío de fondos es una «cuestión de legalidad ordinaria», no constitucional, y por tanto corresponde al Tribunal Supremo decidir.
La orden de busca y captura contra Puigdemont sigue vigente. Si pisa suelo español, podrá ser arrestado de inmediato.
Las fuentes jurídicas consultadas señalan que las declaraciones de Bolaños e Illa forman parte de una ofensiva más amplia de miembros del Ejecutivo socialista para desprestigiar al Supremo y presionar al Poder Judicial. Una campaña planificada, según advierten, con el objetivo de debilitar la autoridad de la Sala Segunda y allanar el terreno para que el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido termine respaldando políticamente al prófugo.
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