Inspectores de Hacienda ven "imposible" aplicar el acuerdo de financiación catalana y exigen la dimisión de Montero
El pacto de la Generalitat y el Gobierno para crear un nuevo modelo de financiación singular resulta "confuso, contradictorio y ambiguo" en opinión de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), que denuncian la falta de información ante lo que consideran un paso más "hacia el fraccionamiento de la Agencia Tributaria (AEAT)". En términos de recursos, materiales y humanos, aún no se sabe cómo se llevará a cabo esta reforma del modelo tributario.
IHE, que representa a casi el 80% del colectivo de inspectores de Hacienda del Estado, insiste en que el documento presentado el pasado lunes "tiene una redacción muy confusa que da lugar a la ambigüedad".
Y ante la ausencia de explicaciones (en clave de consecuencias y beneficios) por parte de María Jesús Montero, piden por primera vez la dimisión de la Ministra de Hacienda. La situación, en palabras de Ana de la Herrán, presidenta de la asociación, es "gravísima, e inicia un camino sin retorno", y la Ministra estaría "despreciando" la necesidad de un análisis técnico del plan.
Dicha revisión técnica del plan, que la IHE reclama, no ha sido todavía presentada por el Gobierno o la Generalitat, lo cual, argumentan, se debe a una modificación del modelo de financiación "por la puerta de atrás" para lograr un tratamiento diferenciado "y por tanto, privilegiado" de Cataluña frente al resto de comunidades autónomas.
E insisten: la propuesta de un modelo de financiación singular implica modificar el régimen tributario estatal, algo que se estaría estudiando sin consultar al resto de comunidades autónomas. IHE reafirma que el modelo dinamita los principios de solidaridad y de la caja común, y ello conduce a una serie de "consecuencias muy graves" para los ciudadanos, tanto españoles como catalanes.
Por lo pronto la asociación considera que la propuesta para que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) sea quien desarrolle la campaña de IRPF del año que viene perjudicará al resto de comunidades autónomas porque tendrán menos fondos para financiar los servicios públicos estatales, y por ello, dará cabida a un sistema con "ciudadanos de primera y de segunda".
Aunque, ante la dificultad técnica de los procesos y la falta de recursos de la ATC, los inspectores también ponen en duda que realmente se pueda acometer el traspaso de la gestión del IRPF en los plazos planteados (a partir del 1 de enero de 2026).
El discurso de la IHE no es nuevo, como han recordado, sino que los técnicos de Hacienda ya han alertado en anteriores ocasiones de que el modelo de financiación singular de Cataluña no está regulado en la Constitución ni en las normas de desarrollo, y, por tanto, mientras no se modifique la normativa, se trata de un régimen ilegal.
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