El mapa de la corrupción institucional: Las CCAA mantienen a 1772 ‘chiringuitos’ dónde los partidos pueden enchufar a sus allegados

Los chiringuitos públicos son el refugio perfecto para una casta parasitaria que vive a costa del contribuyente español. Con casi 6.500 entes creados en todas las administraciones, los partidos han montado su particular red de enchufes para familiares, amigos y correligionarios. Una estructura corrupta que sangra las arcas del Estado y humilla a los ciudadanos honrados.

Más de 1.700 chiringuitos en las autonomías
España no necesita más pruebas de que su clase política se ha convertido en una casta vividora y parásita. Las comunidades autónomas mantienen activas 1.772 estructuras instrumentales: entes fantasmas sin control real, ajenos al escrutinio público y diseñados para el enchufismo más descarado.

Estas entidades, conocidas como chiringuitos públicos, funcionan fuera de los principios básicos de cualquier administración seria: mérito, igualdad, capacidad y publicidad. No son transparentes ni eficientes. Solo sirven para recolocar a cargos cesados, recompensar lealtades y perpetuar el poder del sistema partitocrático.

En lugar de reducirlos, los gobiernos autonómicos los han reforzado. Desde la crisis de 2008, cuando la Intervención General del Estado alertó del descontrol, el proceso de orden y depuración quedó congelado. Apenas se integraron o fusionaron algunos organismos. El resto se mantiene como un cáncer enquistado en el sistema administrativo.

Cataluña, la gran campeona del despilfarro
Ninguna región encarna mejor el modelo de Estado paralelo que Cataluña. Lidera el ranking con 364 chiringuitos públicos, uno de cada cinco del total autonómico. En 2008 tenía 325. En vez de reducir, ha incrementado su red en plena crisis institucional.

Entre ellos se cuentan 112 consorcios y 98 fundaciones, las figuras más oscuras y menos fiscalizadas. También suma 64 sociedades mercantiles y 55 entes públicos. ¿Para qué sirven? Para nada. O mejor dicho, para garantizar sueldazos a dedo, redes clientelares y estructuras mediáticas que alimentan la propaganda separatista.

Mientras los catalanes ven colapsar su sanidad o educación, la Generalidad mantiene un ejército de enchufados bien pagados y sin responsabilidad efectiva. Esto no es un error: es una estrategia consciente de construcción de poder partidista.

Otras regiones: el virus se extiende por toda España
Andalucía, la comunidad más poblada del país, arrastra 181 chiringuitos públicos. Aunque redujo desde los 376 de 2011, aún conserva un aparato paralelamente ineficaz y opaco. La red andaluza incluye fundaciones sospechosas de corrupción, como en el escándalo del caso Ábalos, donde amigos y conocidos terminaron contratados en entidades estatales.

El País Vasco mantiene 154 entes. La mitad son sociedades mercantiles. En Valencia, hay 135. En Madrid, 123. Incluso regiones más pequeñas como Aragón, Baleares o Canarias superan las 70 estructuras fantasma cada una.

La tipología es delirante: entidades duplicadas en empleo, formación, audiovisual o asesoría. Todas repiten funciones ya asumidas por otros organismos reales. ¿Por qué existen? Porque son la agencia de colocación de los partidos políticos.

El Estado y los ayuntamientos no se quedan atrás
El Estado central también contribuye con 450 chiringuitos públicos, más otros 43 que ni siquiera se han adscrito oficialmente a ninguna estructura.

Los ayuntamientos y diputaciones suman casi 4.200 entes. En total, España soporta más de 6.500 organismos públicos paralelos, creados exclusivamente para mantener el sistema clientelar. Un monstruo burocrático que devora recursos y solo beneficia a la casta política.

Ni el Tribunal de Cuentas ni la Intervención General logran frenar el fenómeno. Cada nuevo gobierno coloca a su gente, sin importar siglas. El reparto de poder se basa en cuotas, favores y “colocaciones”. No hay ideología, solo intereses compartidos de supervivencia entre partidos.

¿Qué se esconde detrás de los chiringuitos públicos?
Los chiringuitos públicos no solo son inútiles: son peligrosos. Absorben dinero, generan deuda, corrompen la función pública y bloquean la regeneración política. Impiden que jóvenes con vocación y méritos accedan a puestos públicos. Y lo peor: minan la confianza de los ciudadanos en el sistema democrático. Pero eso sí, generan fidelización a los partidos. Dan votos. Y eso es lo que importa.

La casta sabe que no podría sobrevivir en una economía real. Por eso ha creado un Estado paralelo, donde colocar a hijos, esposas, amigos y compañeros de partido con contratos blindados, sueldos altos y ninguna obligación. Mientras, el español de a pie sufre colas en la sanidad, impuestos confiscatorios y un mercado laboral precario.

Desmontar los chiringuitos y recuperar España
El sistema de chiringuitos públicos revela no solo el fracaso absoluto del modelo autonómico y del régimen de partidos sino de la perversión en su origen. No se trata de mejorar la gestión. Se trata de desmontar la estructura clientelar que consume recursos, corrompe instituciones y desprecia al ciudadano honrado.

Urge auditar, eliminar y depurar los casi 6.500 entes innecesarios. Basta ya de pagar favores con el dinero de los españoles. Basta ya de que la casta política viva del cuento mientras las familias luchan por llegar a fin de mes.

Solo un nuevo modelo de Estado, centrado en la unidad nacional, el mérito, la transparencia y el servicio real, podrá acabar con esta plaga.

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