“La mano de Ferraz tras el pucherazo: un juez destapa el aval de la cúpula socialista al fraude en Estepona”
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Estepona ha ratificado que las afiliaciones exprés de militantes, validadas por la dirección federal del PSOE, fueron irregulares y decisivas para que la candidata oficialista, Emma Molina, se hiciese con la secretaría general local.
La operación, ejecutada bajo la dirección de Santos Cerdán —hoy en prisión preventiva por el caso Koldo—, se saldó con una victoria por apenas cuatro votos y el control de la agrupación.
Entre los nuevos afiliados figuraban personas vinculadas al caso Astapa, la trama de corrupción urbanística que sacudió el Ayuntamiento de Estepona bajo el socialista Antonio Barrientos, condenado por aquellos hechos.
El propio exalcalde y exsecretario general local, David Valadez —testigo clave contra Astapa—, denunció en enero de 2022 a Ferraz que las altas se habían tramitado «al margen de la dirección local» y que entre los nuevos militantes había «personas desconocidas» y otras «vinculadas a casos de corrupción».
Lejos de investigar, la dirección federal del PSOE dio por buenas las afiliaciones. En octubre de 2021, el Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía sostuvo que el reglamento permite solicitar el alta por distintos canales «sin necesidad de aprobación por parte del comité local». Esa decisión dejó sin efecto las advertencias internas y blindó la candidatura oficialista.
El juez detalla en un auto de mayo de 2023 que se constató la afiliación irregular de un número indeterminado de personas en 2020, que participaron en procesos internos del PSOE tanto ese año como en 2021. Aunque la causa se archivó al entender que debía resolverla la vía interna del partido, la resolución desmonta la versión de Ferraz de que no hubo irregularidades.
Las irregularidades comenzaron en la etapa de José Luis Ábalos como secretario de Organización y fueron consolidadas con Cerdán en el cargo. Ambos están hoy en el foco judicial por el caso Koldo, sobre mordidas a cambio de contratos públicos.
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