La presión migratoria de menores extranjeros no acompañados se dispara en España: el 59% procede de Marruecos y el 94% son varones

España atraviesa un incremento sin precedentes en la llegada de menores extranjeros no acompañados (MENA) y jóvenes extutelados, un fenómeno que no solo plantea retos humanitarios, sino también desafíos en materia de integración, empleo y coordinación territorial. Según cifras oficiales del Observatorio Permanente de la Inmigración, la población acogida bajo esta figura legal ha crecido más de un 140% en los últimos cuatro años, con Canarias como epicentro de la crisis.

 Aumento acelerado de llegadas
En junio de 2021, el registro nacional contabilizaba 7.878 menores y jóvenes tutelados por las comunidades autónomas. Cuatro años después, en marzo de 2025, esa cifra alcanzaba los 18.967, lo que supone un incremento del 140,7%. De este total, 11.225 son de nacionalidad marroquí, lo que representa el 59% del conjunto. En segunda posición figuran jóvenes procedentes de Gambia (12%), seguidos de Argelia (9%) y Senegal (6%).

Este perfil de origen contradice parcialmente la narrativa de que se trata mayoritariamente de refugiados de zonas en guerra, ya que en ninguno de los países que encabezan la lista existe actualmente un conflicto bélico activo que justifique desplazamientos masivos por razones humanitarias.

 Perfil sociodemográfico
El análisis por sexo revela una marcada desigualdad: el 94% son varones y solo un 6% son mujeres. Además, la edad media se sitúa en torno a los 19 años, siendo más elevada entre quienes provienen de Ghana (21 años), Marruecos (20) y Nigeria (20).

En comparación, la inmigración procedente de países iberoamericanos presenta un patrón opuesto: entre los solicitantes de residencia originarios de Brasil, Honduras o Colombia, las mujeres representan más del 60% de los casos.

 Cambios legislativos y sus efectos
La reforma de la Ley de Extranjería aprobada en octubre de 2021 amplió la vigencia de los permisos de residencia de los menores no acompañados más allá de la mayoría de edad, con el objetivo de favorecer su permanencia legal y evitar que quedaran en situación irregular al cumplir 18 años.

En ese momento, el Gobierno defendió que esta modificación no generaría un “efecto llamada”. Sin embargo, las cifras muestran un aumento notable en el grupo de 18 a 23 años con autorización como MENA o extutelados: de 5.718 en 2021 se pasó a 15.971 en 2023, un incremento del 179,3%.

La última reforma, vigente desde mayo de 2025, busca agilizar el acceso al mercado laboral, permitiendo a los jóvenes extutelados obtener permisos de trabajo con menos trámites. El reto, sin embargo, es la empleabilidad: casi la mitad de los autorizados a trabajar (43%) no están dados de alta en la Seguridad Social. Entre los menores de 16 y 17 años con permiso, la inserción es todavía más baja: solo un 10% cotiza.

 Inserción laboral limitada
Entre quienes sí encuentran empleo, los sectores predominantes son la hostelería (27%), las actividades administrativas y servicios auxiliares (15%) y la construcción (12%). Se trata, en la mayoría de casos, de trabajos temporales o con alta rotación, lo que dificulta la estabilidad económica y la integración a largo plazo.

 Canarias, punto de máxima presión
La situación más crítica se vive en el archipiélago canario, que acoge actualmente a 8.500 menores extranjeros, más que la suma de todos los que se encuentran bajo tutela estatal en Grecia, Marruecos o el conjunto de ayuntamientos del Reino Unido. Para ponerlo en contexto, el gobierno griego contabiliza 2.641 menores en centros o recursos públicos, de los cuales 585 son egipcios.

Este volumen ha llevado al Ejecutivo central a iniciar un plan de redistribución hacia la península. Sin embargo, la medida ha desatado fricciones políticas: algunas comunidades autónomas denuncian falta de transparencia y desigualdad en el reparto, ya que territorios como País Vasco y Cataluña han quedado fuera de la asignación inicial.

 Tensión política y social
Mientras el Gobierno justifica estas decisiones en la necesidad de gestionar la emergencia y evitar la saturación de Canarias, la oposición acusa al Ejecutivo de beneficiar a sus aliados políticos. Al mismo tiempo, las autoridades denuncian un clima de creciente hostilidad hacia estos menores, citando incidentes como la aparición de mensajes xenófobos en protestas locales.

Organizaciones humanitarias advierten que la falta de planificación y coordinación entre administraciones podría agravar los problemas de integración, generando bolsas de exclusión social y aumentando la percepción negativa entre la población de acogida.

España afronta un reto complejo y multidimensional: garantizar la protección de los menores extranjeros no acompañados, cumplir con sus obligaciones internacionales y, al mismo tiempo, diseñar un modelo eficaz de inserción social y laboral que evite tensiones territoriales y políticas. Los datos muestran que el fenómeno no es coyuntural, sino estructural, y que su gestión requerirá tanto recursos como acuerdos políticos sostenibles a largo plazo.

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