Las violaciones aumentaron casi un 300% en España con la llegada de Sánchez

Las violaciones en España han crecido de forma escandalosa en los últimos años. Desde 2017, con la llegada de Pedro Sánchez al poder, los delitos sexuales con penetración han aumentado un 276,7%, según los datos oficiales del Ministerio del Interior.

En 2017 se registraron 1.382 casos. La cifra fue subiendo cada año hasta alcanzar los 5.206 en 2024. Y lo más grave: en lo que va de 2025 ya se han contabilizado 2.655 violaciones, un 7% más que en el mismo periodo de 2024.

Este fenómeno no puede analizarse de manera aislada. Mientras la delincuencia sexual se dispara, el bipartidismo PP-PSOE continúa promoviendo la llegada de inmigrantes ilegales, muchos de ellos vinculados a estos delitos, poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres y de toda la sociedad.

Crecimiento imparable de los delitos sexuales
El último balance del Ministerio del Interior refleja que los delitos contra la libertad sexual han crecido un 5,3% en 2025 respecto a 2024. La curva ascendente demuestra que no se trata de casos aislados, sino de una tendencia consolidada.

El hecho de que las violaciones en España se hayan multiplicado casi por tres en menos de una década debería haber generado un debate nacional. Sin embargo, los grandes partidos políticos miran hacia otro lado.

Las mujeres se ven obligadas a vivir con miedo, las familias limitan la libertad de sus hijas adolescentes y los barrios más afectados reclaman soluciones que nunca llegan.

La relación entre inmigración ilegal y criminalidad sexual
Uno de los factores más silenciados en los grandes medios es la relación entre la inmigración ilegal y el aumento de los delitos sexuales. Numerosos informes de fuerzas de seguridad señalan la sobrerrepresentación de extranjeros en las estadísticas de violaciones.

El bipartidismo, tanto PSOE como PP, insiste en mantener las fronteras abiertas, amparándose en discursos buenistas y en la Agenda 2030. Sin embargo, los datos son claros: la llegada masiva de inmigrantes ilegales coincide con el repunte de las agresiones sexuales.

El discurso oficial habla de integración y diversidad, pero la realidad de las calles muestra otra cara: barrios inseguros, mujeres agredidas y un sistema judicial que no garantiza justicia ni prevención.

El precio del silencio político y mediático
Los principales partidos callan porque han entregado la soberanía a Bruselas y a la ONU. La izquierda radical utiliza la inmigración ilegal como herramienta ideológica. Y la derecha acomplejada evita señalar el problema para no ser acusada de “racista”.

Mientras tanto, las cifras siguen subiendo. Las violaciones en España no son estadísticas abstractas: detrás de cada número hay una víctima, una familia rota y una sociedad que pierde confianza en el Estado de derecho.

Los medios izquierdistas también contribuyen a este silencio. Hablan de “violencia machista”, pero omiten que una gran parte creciente de los agresores son inmigrantes ilegales, magrebíes o llegados desde países con culturas que no respetan a la mujer.

Consecuencias sociales: inseguridad y miedo
El impacto social de este fenómeno es devastador. Muchas parroquias, asociaciones de vecinos y colectivos ciudadanos denuncian que el Estado ha renunciado a garantizar la seguridad.

Las violaciones en España no solo afectan a las víctimas directas, sino que generan un clima generalizado de inseguridad.

La respuesta institucional se limita a discursos vacíos, planes feministas sin resultados y subvenciones para colectivos ideologizados. Mientras tanto, la criminalidad sigue creciendo.

La necesidad de una respuesta firme
Ante el aumento de las violaciones en España, es urgente recuperar el control de las fronteras y aplicar una política de tolerancia cero contra los delincuentes sexuales.

El crecimiento de las violaciones en España hasta casi un 300% desde 2017 no es un accidente. Es el resultado de políticas migratorias irresponsables, del silencio cómplice del bipartidismo PP-PSOE y de la rendición ante las ideologías globalistas.

España no puede permitirse seguir con un sistema judicial blando ni con una política migratoria irresponsable. Los inmigrantes ilegales que cometan delitos graves deben ser expulsados inmediatamente. Y las familias españolas necesitan un Estado que priorice su seguridad sobre la corrección política.

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