El Gobierno paga 200.000 euros cada año para sufragar el "Latinobarómetro", un 'CIS latinoamericano'
Mientras 200.000 euros se destinan cada año a sufragar sondeos de opinión a miles de kilómetros, en nuestro país se multiplican las denuncias de pacientes de enfermedades raras, como la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que siguen reclamando mayor inversión pública en tratamientos, cuidados y programas de investigación
El pasado 22 de julio de 2025, el portal oficial de subvenciones del Estado español (SNPSAP) publicó una nueva concesión directa: 200.000 euros de dinero público destinados a financiar la “Medición Latinobarómetro 2025”, un proyecto de encuestas de opinión en América Latina impulsado por la Corporación Latinobarómetro, una entidad sin ánimo de lucro con sede en Chile.
La resolución, tramitada a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), establece que la ayuda será en forma de subvención sin contraprestación, lo que significa que España transfiere fondos sin exigir retorno directo ni tangible. El objetivo declarado: apoyar la “gobernabilidad” y la “medición de la opinión pública” en la región latinoamericana.
Hasta aquí, podría parecer un gesto de cooperación internacional. Sin embargo, la noticia ha desatado críticas al conocerse en un momento especialmente delicado para la sanidad y la investigación en España.
Dinero para encuestas en América, pero no para los enfermos en España
Mientras 200.000 euros se destinan cada año a sufragar sondeos de opinión a miles de kilómetros, en nuestro país se multiplican las denuncias de pacientes de enfermedades raras, como la ELA (esclerosis lateral amiotrófica), que siguen reclamando mayor inversión pública en tratamientos, cuidados y programas de investigación.
Los enfermos de ELA, que padecen una enfermedad degenerativa y mortal, llevan tiempo organizando protestas para exigir que se aprueben fondos suficientes. El Congreso incluso aprobó en 2022 una Ley ELA, que hasta hoy sigue sin contar con la financiación necesaria.
El contraste es brutal: mientras familias enteras cargan solas con costes de cuidados que superan los 30.000 euros anuales, el Estado entrega cantidades millonarias a encuestas sociopolíticas cuyo impacto real en la vida de los ciudadanos españoles es, como poco, cuestionable.
Los medicamentos que esperan en la lista
Aún más indignante resulta la situación con determinados tratamientos contra el cáncer de mama y otros fármacos oncológicos de última generación. La propia Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) ha denunciado en varias ocasiones que la financiación de medicamentos innovadores se retrasa de manera sistemática en España.
Pacientes con tumores agresivos ven cómo medicamentos aprobados en la Unión Europea tardan hasta dos años en estar disponibles en el sistema sanitario español. Algunos, directamente, nunca llegan a financiarse por parte del Ministerio de Sanidad, que alega “criterios de coste-efectividad”.
De nuevo, la paradoja: mientras se regatean recursos para salvar vidas, el Gobierno encuentra fondos constantes para financiar proyectos internacionales de dudosa necesidad, como la medición anual de la opinión pública en países lejanos.
Cooperación internacional, sí, pero con prioridades claras
No se trata de negar la importancia de la cooperación internacional ni de menospreciar el valor de estudios sociológicos. América Latina es, sin duda, una región clave para España por razones históricas, culturales y económicas.
El problema radica en las prioridades. En un país con una deuda pública que supera el 100 % del PIB, con un sistema sanitario tensionado y con miles de pacientes esperando recursos básicos, resulta difícil de justificar que se gasten 200.000 euros en encuestas en lugar de destinarlos a necesidades urgentes y vitales.
Además, cabe recordar que no se trata de una ayuda aislada. El Latinobarómetro viene recibiendo apoyo de la AECID desde hace años, en cantidades que rondan los 200.000 euros anuales, lo que multiplica la factura acumulada.
La pregunta incómoda
La pregunta que muchos ciudadanos se hacen es sencilla:
¿Por qué se destina dinero público a financiar estudios sociológicos en América Latina mientras se recortan o retrasan inversiones cruciales para la vida y la salud de los españoles?
Las subvenciones sin contraprestación, como la publicada en julio de 2025, alimentan la sensación de que la política de cooperación se ha convertido en un cajón opaco para proyectos ideológicos o diplomáticos que apenas tienen impacto real en la vida de los contribuyentes que los pagan.
Si el Gobierno considera que el Latinobarómetro es esencial para su estrategia exterior, debería explicarlo de forma transparente. Y sobre todo, debería garantizar antes que ningún enfermo en España queda atrás por falta de recursos.
Epílogo: lo que revela un simple portal de subvenciones
La captura del SNPSAP lo dice todo:
22 de julio de 2025.
200.000 euros.
Subvención sin contraprestación.
Latinobarómetro 2025.
Un recordatorio de que, mientras los discursos oficiales hablan de “defender la sanidad pública” y de “poner a las personas en el centro”, en los boletines oficiales se esconden decisiones que cuentan otra historia: la de un Estado que, en demasiadas ocasiones, parece tener sus prioridades del revés.
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