El Supremo cerciora indicios de financiación ilegal y deja al PSOE al borde de la imputación

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente avanza en una investigación que podría tener consecuencias históricas para el Partido Socialista Obrero Español. Según fuentes judiciales y de la investigación, el juez ya dispone de indicios suficientes para plantear la imputación de la formación como persona jurídica por un presunto delito de financiación ilegal.

 Las pesquisas, que se han intensificado en los últimos meses, se nutren de abundante documentación incautada en registros a constructoras, así como de informes patrimoniales sobre los ex dirigentes socialistas José Luis Ábalos y Santos Cerdán.

 Una pieza separada bajo secreto
La causa principal gira en torno a la presunta organización criminal encabezada por los dos ex secretarios de Organización del PSOE. Dentro de este procedimiento, el Supremo abrió una pieza separada, declarada secreta, destinada a esclarecer si el partido se habría beneficiado directamente de las prácticas irregulares. Dicha línea de investigación se sustenta en registros practicados en junio en varias empresas del sector de la construcción, de donde se extrajo abundante material electrónico y contable.

 Donaciones bajo sospecha
Uno de los ejes de la investigación apunta a que parte de las comisiones ilegales cobradas por los implicados acabaron transformadas en donaciones al PSOE. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está elaborando informes sobre el patrimonio de Ábalos y Cerdán que revelan posibles descuadres entre sus declaraciones fiscales y las aportaciones registradas en el partido. Para aclarar este extremo, el Supremo ha requerido al PSOE un detalle completo de cuotas de afiliación, aportaciones voluntarias, retribuciones y gastos presentados desde 2014.

 La prisión preventiva de Cerdán y la alargada sombra del “botín”
La situación procesal de Santos Cerdán es clave en este rompecabezas. En junio fue enviado a prisión preventiva después de que el magistrado instructor advirtiera en su auto de un “botín millonario” y anunciara que en la investigación podrían aparecer nuevas personas físicas y jurídicas implicadas. Desde entonces, la hipótesis de la financiación irregular del PSOE ha pasado de ser una posibilidad remota a un escenario con cada vez más consistencia.

 Constructoras, comisiones y contratos públicos
Los registros practicados en diversas comunidades autónomas —Madrid, Valencia, Andalucía, Navarra, País Vasco y Castilla-La Mancha— se centraron en empresas como Acciona Construcciones, Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), OPR y Servinabar. Los investigadores incautaron hasta once dispositivos electrónicos y abundante documentación relacionada con licitaciones públicas. Las sospechas se centran en el pago sistemático de comisiones del 20% a cambio de adjudicaciones, un “peaje” que según testimonios de empresarios estaba destinado a nutrir las arcas socialistas.

 Pepe Ruz, figura clave del entramado
El nombre de Pepe Ruz, dueño de LIC, aparece de forma reiterada en los informes de la UCO. Se le considera un intermediario esencial en la trama y nexo de unión con Ábalos y Cerdán. En su domicilio de Valencia, los agentes hallaron un pendrive con documentación sensible relacionada con contratos públicos. Testimonios recogidos por la investigación describen a Ruz como el “recaudador” del 20% de comisión, mientras que Cerdán actuaba como testaferro de Ábalos y otros empresarios funcionaban como facilitadores de contactos.

 Vínculos con el PSOE y proyección territorial
Los lazos de Ruz con el socialismo se remontan a sus años de juventud en Granada y se consolidaron en Valencia, donde fundó su empresa en el año 2000. Su relación personal con José Luis Ábalos habría resultado decisiva para el despegue de su constructora, que logró asociarse con Acciona en proyectos emblemáticos como el edificio Veles e Vents en 2007. Esta cercanía alimenta la sospecha de que la empresa se benefició de adjudicaciones durante la etapa de Ábalos como ministro de Transportes.

 El círculo de Cerdán: Servinabar y los túneles de Velate
Si Ruz representaba el entorno de Ábalos, el de Santos Cerdán se articulaba alrededor de Joseba Antxon Alonso y la empresa Servinabar. Cerdán llegó a adquirir participaciones en esta sociedad en 2016, la misma que posteriormente le habría sufragado el alquiler de un ático de lujo en Madrid. Servinabar fue adjudicataria de las obras de los túneles de Velate, un contrato de 76 millones marcado por irregularidades. En el garaje del dueño de la compañía, los agentes hallaron más de 16.000 euros en efectivo ocultos en bolsas.

 La conexión con OPR y Acciona
Otra rama de la investigación apunta a Obras Públicas y Regadíos (OPR) y a directivos vinculados a Acciona. En registros practicados en Granada, la Guardia Civil halló un esquema manuscrito con el nombre de Ábalos y documentación sobre adjudicaciones históricas. También localizaron un contrato relacionado con una vivienda del hermano de Koldo García. La sospecha es que parte de estas operaciones sirvieron para canalizar beneficios económicos hacia los dirigentes investigados y, de forma indirecta, hacia el partido.

 Gastos inflados y facturas sospechosas en Ferraz
Más allá de las donaciones, la UCO ha puesto el foco en los gastos presentados por Ábalos durante su etapa como secretario de Organización del PSOE. Según fuentes de la investigación, las facturas mensuales superaban los 9.000 euros, con partidas llamativas como consumiciones en restaurantes de lujo donde se reunía con empresarios vinculados a la trama. Estos desajustes habrían encendido las alarmas en la sede de Ferraz y provocaron la salida del gerente de entonces, Mariano Moreno.

 La clave: el canal hacia el partido
El gran reto de los investigadores es probar que los fondos procedentes de mordidas no se quedaron en bolsillos particulares, sino que se canalizaron de forma directa o indirecta hacia el PSOE. La documentación incautada apunta a que esto pudo ocurrir mediante dos vías: donaciones camufladas de los implicados y gastos desmesurados presentados como propios del partido. De confirmarse, el PSOE podría enfrentarse a un proceso como persona jurídica, con responsabilidades penales que marcarían un precedente en la historia política española.

 Un horizonte incierto
Por ahora, la investigación sigue bajo secreto y el juez Puente analiza los informes pendientes de la UCO. En Moncloa y en la dirección socialista se insiste en que el partido se ha desligado de las actuaciones personales de Ábalos y Cerdán, y se recalca que todas las cuentas del PSOE están auditadas y supervisadas por el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, la posibilidad de una imputación formal planea con fuerza sobre Ferraz y podría anunciarse en cuestión de semanas.

El desenlace de esta causa no solo determinará el futuro judicial de varios ex dirigentes socialistas, sino que también pondrá a prueba la capacidad de las instituciones para depurar responsabilidades en uno de los partidos que ha marcado la política española en los últimos cuarenta años.

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